NORMAS BÁSICAS

DE PROCEDIMIENTO

Y RÉGIMEN JURÍDICO

DE LA ADMINISTRACIÓN

NORMAS BÁSICAS

DE PROCEDIMIENTO

Y RÉGIMEN JURÍDICO

DE LA ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Depósito Legal: SE-1638-15

Formato: 17 x 24 cm

SUMARIO

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PREÁMBULO

............................................................................

15

Título preliminar. Disposiciones generales .......................................... 25

Título I.

De los interesados en el procedimiento ..................... 27

Capítulo I.

La capacidad de obrar y el concepto de interesado ....... 27

Capítulo II.

Identificación y firma de los interesados en el

procedimiento administrativo ................................... 32

Título II.

De la actividad de las Administraciones Públicas ....... 35

Capítulo I.

Normas generales de actuación ............................... 35

Capítulo II.

Términos y plazos .................................................. 50

Título III.

De los actos administrativos ................................... 54

Capítulo I.

Requisitos de los actos administrativos ..................... 54

Capítulo II.

Eficacia de los actos ............................................... 56

Capítulo III.

Nulidad y anulabilidad ............................................. 62

Título IV.

De las disposiciones sobre el procedimiento

administrativo

común

............................................. 64

Capítulo I.

Garantía del procedimiento ...................................... 64

Capítulo II.

Iniciación del procedimiento .................................... 66

Capítulo III.

Ordenación del procedimiento ................................. 76

- 7 -

Sumario

Capítulo IV.

Instrucción del procedimiento .................................. 78

Capítulo V.

Finalización del procedimiento ................................. 84

Capítulo VI.

De la tramitación simplificada del procedimiento

administrativo

común

.............................................

91

Capítulo VII.

Ejecución .............................................................. 93

Título V.

De la revisión de los actos en vía administrativa ........ 96

Capítulo I.

Revisión de oficio ................................................... 96

Capítulo II.

Recursos administrativos ........................................ 99

Título VI.

De la iniciativa legislativa y de la potestad para

dictar reglamentos y otras disposiciones .................. 107

Disposiciones adicionales .................................................................. 111

Disposiciones transitorias ................................................................. 113

Disposición derogatoria .................................................................... 115

Disposiciones finales ........................................................................ 117

ANÁLISIS

............................................................................ 125

LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

PREÁMBULO

............................................................................

131

Título preliminar. Disposiciones generales, principios de actuación

y funcionamiento del sector público ......................... 149

Capítulo I.

Disposiciones generales .......................................... 149

Capítulo II.

De los órganos de las Administraciones Públicas ....... 152

- 8 -

Sumario

Capítulo III.

Principios de la potestad sancionadora ..................... 166

Capítulo IV.

De la responsabilidad patrimonial de las

Administraciones Públicas ....................................... 170

Capítulo V.

Funcionamiento electrónico del sector público ........... 175

Capítulo VI.

De los convenios .................................................... 179

Título I.

Administración General del Estado ............................ 185

Capítulo I.

Organización administrativa ..................................... 185

Capítulo II.

Los Ministerios y su estructura interna ..................... 188

Capítulo III.

Órganos territoriales ............................................... 197

Capítulo IV.

De la Administración General del Estado

en el exterior ......................................................... 205

Título II.

Organización y funcionamiento del sector público

institucional

.......................................................... 206

Capítulo I.

Del sector público institucional ................................ 206

Capítulo II.

Organización y funcionamiento del sector público

institucional estatal ................................................ 209

Capítulo III.

De los organismos públicos estatales ....................... 213

Capítulo IV.

De las autoridades administrativas independientes

de ámbito estatal ................................................... 226

Capítulo V.

De las sociedades mercantiles estatales ................... 228

Capítulo VI.

De los consorcios ................................................... 232

Capítulo VII.

De las fundaciones del sector público estatal ............ 238

Capítulo VIII.

De los fondos carentes de personalidad jurídica

del sector público estatal ........................................ 242

Título III.

Relaciones interadministrativas ................................ 243

Capítulo I.

Principios generales de las relaciones

interadministrativas

................................................

243

Capítulo II.

Deber de colaboración ............................................ 245

- 9 -

Sumario

Capítulo III.

Relaciones de cooperación ...................................... 247

Capítulo IV.

Relaciones electrónicas entre las Administraciones .... 255

Disposiciones adicionales .................................................................. 258

Disposiciones transitorias ................................................................. 265

Disposición derogatoria .................................................................... 267

Disposiciones finales ........................................................................ 268

ANÁLISIS

............................................................................ 315

- 10 -

LEY DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO COMÚN

DE LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,

SABED:

Que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

PREÁMBULO

I

La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de

las Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de

instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de

recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como

preventivo, a través del procedimiento administrativo, que es la expresión clara

de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al

Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución.

El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones

Públicas en junio de 2013 parte del convencimiento de que una economía

competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes y

ágiles.

En esta misma línea, el Programa nacional de reformas de España para 2014

recoge expresamente la aprobación de nuevas leyes administrativas como una

de las medidas a impulsar para racionalizar la actuación de las instituciones y

entidades del poder ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos

públicos y aumentar su productividad.

Los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las

Administraciones españolas obedecen a varias causas, pero el ordenamiento

vigente no es ajeno a ellas, puesto que el marco normativo en el que se ha

desenvuelto la actuación pública ha propiciado la aparición de duplicidades e

ineficiencias, con procedimientos administrativos demasiado complejos que,

en ocasiones, han generado problemas de inseguridad jurídica. Para superar

estas deficiencias es necesaria una reforma integral y estructural que permita

ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones tanto

externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente con el resto

de Administraciones e instituciones del Estado.

En coherencia con este contexto, se propone una reforma del ordenamiento

jurídico público articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad

extra» y «ad intra» de las Administraciones Públicas. Para ello se impulsan

simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los

que se asentará el Derecho administrativo español: la Ley del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley de Régimen

Jurídico del Sector Público.

Esta Ley constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una regulación

completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y

los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela

- 15 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la

esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad

reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda así reunido en cuerpo legislativo

único la regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los

ciudadanos como ley administrativa de referencia que se ha de complementar

con todo lo previsto en la normativa presupuestaria respecto de las actuaciones

de las Administraciones Públicas, destacando especialmente lo previsto en la Ley

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y la

Ley de Presupuestos Generales del Estado.

II

La Constitución recoge en su título IV, bajo la rúbrica «Del Gobierno y la

Administración», los rasgos propios que diferencian al Gobierno de la Nación de

la Administración, definiendo al primero como un órgano eminentemente político

al que se reserva la función de gobernar, el ejercicio de la potestad reglamentaria

y la dirección de la Administración y estableciendo la subordinación de ésta a

la dirección de aquel.

En el mencionado título constitucional el artículo 103 establece los principios

que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que

destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de

la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. La materialización de estos

principios se produce en el procedimiento, constituido por una serie de cauces

formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la

actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de

los ciudadanos y las empresas, que deben ejercerse en condiciones básicas de

igualdad en cualquier parte del territorio, con independencia de la Administración

con la que se relacionen sus titulares.

Estas actuaciones «ad extra» de las Administraciones cuentan con mención

expresa en el artículo 105 del texto constitucional, que establece que la

Ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las

organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley, en el procedimiento de

elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten, así como el

procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos,

garantizando, cuando proceda, la audiencia a los interesados.

A el o cabe añadir que el artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española

atribuye al Estado, entre otros aspectos, la competencia para regular el

procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades

derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas, así como

el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.

De acuerdo con el marco constitucional descrito, la presente Ley regula

los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos

respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio

- 16 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa

legislativa.

Por lo que se refiere al procedimiento administrativo, entendido como el

conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según

el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar

la voluntad de la Administración, con esta nueva regulación no se agotan las

competencias estatales y autonómicas para establecer especialidades «ratione

materiae» o para concretar ciertos extremos, como el órgano competente para

resolver, sino que su carácter de común resulta de su aplicación a todas las

Administraciones Públicas y respecto a todas sus actuaciones. Así lo ha venido

reconociendo el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, al considerar

que la regulación del procedimiento administrativo común por el Estado no

obsta a que las Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento

necesarias para la aplicación de su Derecho sustantivo, siempre que se respeten

las reglas que, por ser competencia exclusiva del Estado, integran el concepto

de Procedimiento Administrativo Común con carácter básico.

III

Son varios los antecedentes legislativos relevantes en esta materia. El

legislador ha hecho evolucionar el concepto de procedimiento administrativo y

adaptando la forma de actuación de las Administraciones al contexto histórico

y la realidad social de cada momento. Al margen de la conocida como Ley

de Azcárate, de 19 de octubre de 1889, la primera regulación completa del

procedimiento administrativo en nuestro ordenamiento jurídico es la contenida

en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

La Constitución de 1978 alumbra un nuevo concepto de Administración,

expresa y plenamente sometida a la Ley y al Derecho, como expresión

democrática de la voluntad popular, y consagra su carácter instrumental, al

ponerla al servicio objetivo de los intereses generales bajo la dirección del

Gobierno, que responde políticamente por su gestión. En este sentido, la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, supuso un hito clave de

la evolución del Derecho administrativo en el nuevo marco constitucional. Para

el o, incorporó avances significativos en las relaciones de las Administraciones

con los administrados mediante la mejora del funcionamiento de aquel as y,

sobre todo, a través de una mayor garantía de los derechos de los ciudadanos

frente a la potestad de autotutela de la Administración, cuyo elemento de cierre

se encuentra en la revisión judicial de su actuación por ministerio del artículo

106 del texto fundamental.

La Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, reformuló varios aspectos sustanciales

del procedimiento administrativo, como el silencio administrativo, el sistema de

revisión de actos administrativos o el régimen de responsabilidad patrimonial

- 17 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

de las Administraciones, lo que permitió incrementar la seguridad jurídica de los

interesados.

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación también

ha venido afectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones

de la Administración con los ciudadanos y las empresas.

Si bien la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya fue consciente del impacto

de las nuevas tecnologías en las relaciones administrativas, fue la Ley 11/2007,

de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios

Públicos, la que les dio carta de naturaleza legal, al establecer el derecho

de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones

Públicas, así como la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas

necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse. Sin embargo, en el entorno

actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de

gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual

de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un

funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios

de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que

también refuerza las garantías de los interesados. En efecto, la constancia de

documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento

de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual,

ágil y actualizada a los interesados.

Por otra parte, la regulación de esta materia venía adoleciendo de un

problema de dispersión normativa y superposición de distintos regímenes

jurídicos no siempre coherentes entre sí, de lo que es muestra la sucesiva

aprobación de normas con incidencia en la materia, entre las que cabe citar:

la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de

servicios y su ejercicio; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible;

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno, o la Ley 20/1013, de 9 de diciembre, de garantía de la

unidad de mercado.

Ante este escenario legislativo, resulta clave contar con una nueva Ley

que sistematice toda la regulación relativa al procedimiento administrativo,

que clarifique e integre el contenido de las citadas Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, y Ley 11/2007, de 22 de junio, y profundice en la agilización de los

procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico. Todo ello revertirá en

un mejor cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y seguridad

jurídica que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas.

IV

Durante los más de veinte años de vigencia de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, en el seno de la Comisión Europea y de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos se ha ido avanzando en la mejora

de la producción normativa («Better regulation» y «Smart regulation»). Los

diversos informes internacionales sobre la materia definen la regulación

- 18 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

inteligente como un marco jurídico de calidad, que permite el cumplimiento

de un objetivo regulatorio a la vez que ofrece los incentivos adecuados para

dinamizar la actividad económica, permite simplificar procesos y reducir cargas

administrativas. Para el o, resulta esencial un adecuado análisis de impacto

de las normas de forma continua, tanto ex ante como ex post, así como la

participación de los ciudadanos y empresas en los procesos de elaboración

normativa, pues sobre el os recae el cumplimiento de las leyes.

En la última década, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y la Ley 2/2011,

de 4 de marzo, supusieron un avance en la implantación de los principios de

buena regulación, especialmente en lo referido al ejercicio de las actividades

económicas. Ya en esta legislatura, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, ha

dado importantes pasos adicionales, al poner a disposición de los ciudadanos

la información con relevancia jurídica propia del procedimiento de elaboración

de normas.

Sin embargo, es necesario contar con una nueva regulación que, terminando

con la dispersión normativa existente, refuerce la participación ciudadana,

la seguridad jurídica y la revisión del ordenamiento. Con estos objetivos, se

establecen por primera vez en una ley las bases con arreglo a las cuales se

ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las

Administraciones Públicas con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo

con los principios de buena regulación, garantizar de modo adecuado la

audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas y

lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario

imprescindible del derecho constitucional a la seguridad jurídica. Esta novedad

deviene crucial especialmente en un Estado territorialmente descentralizado

en el que coexisten tres niveles de Administración territorial que proyectan

su actividad normativa sobre espacios subjetivos y geográficos en muchas

ocasiones coincidentes. Con esta regulación se siguen las recomendaciones

que en esta materia ha formulado la Organización para la Cooperación y el

Desarrol o Económicos (OCDE) en su informe emitido en 2014 «Spain: From

Administrative Reform to Continous Improvement».

V

La Ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco

disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición

derogatoria y siete disposiciones finales.

El título preliminar, de disposiciones generales, aborda el ámbito objetivo y

subjetivo de la Ley. Entre sus principales novedades, cabe señalar, la inclusión en

el objeto de la Ley, con carácter básico, de los principios que informan el ejercicio

de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones. Se

prevé la aplicación de lo previsto en esta Ley a todos los sujetos comprendidos

en el concepto de Sector Público, si bien las Corporaciones de Derecho Público

se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas

que les hayan sido atribuidas y supletoriamente por la presente Ley.

- 19 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Asimismo, destaca la previsión de que sólo mediante Ley puedan

establecerse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta

norma, pudiéndose concretar reglamentariamente ciertas especialidades del

procedimiento referidas a la identificación de los órganos competentes, plazos,

formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Esta

previsión no afecta a los trámites adicionales o distintos ya recogidos en las

leyes especiales vigentes, ni a la concreción que, en normas reglamentarias, se

haya producido de los órganos competentes, los plazos propios del concreto

procedimiento por razón de la materia, las formas de iniciación y terminación, la

publicación de los actos o los informes a recabar, que mantendrán sus efectos.

Así, entre otros casos, cabe señalar la vigencia del anexo 2 al que se refiere la

disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,

de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que establece una serie

de procedimientos que quedan excepcionados de la regla general del silencio

administrativo positivo.

El título I, de los interesados en el procedimiento, regula entre otras

cuestiones, las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del

Derecho administrativo, haciéndola extensiva por primera vez a los grupos de

afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios

independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente. En

materia de representación, se incluyen nuevos medios para acreditarla en el

ámbito exclusivo de las Administraciones Públicas, como son el apoderamiento

«apud acta», presencial o electrónico, o la acreditación de su inscripción en el

registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública u Organismo

competente. Igualmente, se dispone la obligación de cada Administración

Pública de contar con un registro electrónico de apoderamientos, pudiendo las

Administraciones territoriales adherirse al del Estado, en aplicación del principio

de eficiencia, reconocido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por otro lado, este título dedica parte de su articulado a una de las novedades

más importantes de la Ley: la separación entre identificación y firma electrónica

y la simplificación de los medios para acreditar una u otra, de modo que, con

carácter general, sólo será necesaria la primera, y se exigirá la segunda cuando

deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado. Se establece, con

carácter básico, un conjunto mínimo de categorías de medios de identificación y

firma a utilizar por todas las Administraciones. En particular, se admitirán como

sistemas de firma: los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y

avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica,

que comprenden tanto los certificados electrónicos de persona jurídica como los

de entidad sin personalidad jurídica; los sistemas de sel o electrónico reconocido

o cualificado y de sel o electrónico avanzado basados en certificados cualificados

de sel o electrónico; así como cualquier otro sistema que las Administraciones

Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

Se admitirán como sistemas de identificación cualquiera de los sistemas de

firma admitidos, así como sistemas de clave concertada y cualquier otro que

establezcan las Administraciones Públicas.

- 20 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Tanto los sistemas de identificación como los de firma previstos en esta

Ley son plenamente coherentes con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º

910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo

a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones

electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/

CE. Debe recordarse la obligación de los Estados miembros de admitir los

sistemas de identificación electrónica notificados a la Comisión Europea por el

resto de Estados miembros, así como los sistemas de firma y sel o electrónicos

basados en certificados electrónicos cualificados emitidos por prestadores de

servicios que figuren en las listas de confianza de otros Estados miembros de la

Unión Europea, en los términos que prevea dicha norma comunitaria.

El título II, de la actividad de las Administraciones Públicas, se estructura

en dos capítulos. El capítulo I sobre normas generales de actuación identifica

como novedad, los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las

Administraciones Públicas.

Asimismo, en el citado Capítulo se dispone la obligación de todas las

Administraciones Públicas de contar con un registro electrónico general, o, en

su caso, adherirse al de la Administración General del Estado. Estos registros

estarán asistidos a su vez por la actual red de oficinas en materia de registros,

que pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de registros, y

que permitirán a los interesados, en el caso que así lo deseen, presentar sus

solicitudes en papel, las cuales se convertirán a formato electrónico.

En materia de archivos se introduce como novedad la obligación de

cada Administración Pública de mantener un archivo electrónico único de

los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como la

obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que

permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento.

A este respecto, cabe señalar que la creación de este archivo electrónico

único resultará compatible con los diversos sistemas y redes de archivos

en los términos previstos en la legislación vigente, y respetará el reparto de

responsabilidades sobre la custodia o traspaso correspondiente. Asimismo, el

archivo electrónico único resultará compatible con la continuidad del Archivo

Histórico Nacional de acuerdo con lo previsto en la Ley 16/1985, de 25 de

junio, del Patrimonio Histórico Español y su normativa de desarrol o.

Igualmente, en el capítulo I se regula el régimen de validez y eficacia de

las copias, en donde se aclara y simplifica el actual régimen y se definen los

requisitos necesarios para que una copia sea auténtica, las características

que deben reunir los documentos emitidos por las Administraciones Públicas

para ser considerados válidos, así como los que deben aportar los interesados

al procedimiento, estableciendo con carácter general la obligación de las

Administraciones Públicas de no requerir documentos ya aportados por los

interesados, elaborados por las Administraciones Públicas o documentos

originales, salvo las excepciones contempladas en la Ley. Por tanto, el

interesado podrá presentar con carácter general copias de documentos, ya sean

digitalizadas por el propio interesado o presentadas en soporte papel.

- 21 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Destaca asimismo, la obligación de las Administraciones Públicas de contar

con un registro u otro sistema equivalente que permita dejar constancia de

los funcionarios habilitados para la realización de copias auténticas, de forma

que se garantice que las mismas han sido expedidas adecuadamente, y en el

que, si así decide organizarlo cada Administración, podrán constar también

conjuntamente los funcionarios dedicados a asistir a los interesados en el uso

de medios electrónicos, no existiendo impedimento a que un mismo funcionario

tenga reconocida ambas funciones o sólo una de ellas.

El capítulo II, de términos y plazos, establece las reglas para su cómputo,

ampliación o la tramitación de urgencia. Como principal novedad destaca la

introducción del cómputo de plazos por horas y la declaración de los sábados

como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el ámbito

judicial y el administrativo.

El título III, de los actos administrativos, se estructura en tres capítulos y se

centra en la regulación de los requisitos de los actos administrativos, su eficacia

y las reglas sobre nulidad y anulabilidad, manteniendo en su gran mayoría las

reglas generales ya establecidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Merecen una mención especial las novedades introducidas en materia de

notificaciones electrónicas, que serán preferentes y se realizarán en la sede

electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, según corresponda.

Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo

nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de

las notificaciones como: el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea

posible, a los dispositivos electrónicos y/o a la dirección de correo electrónico

que el interesado haya comunicado, así como el acceso a sus notificaciones

a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración que

funcionará como un portal de entrada.

El título IV, de disposiciones sobre el procedimiento administrativo común,

se estructura en siete capítulos y entre sus principales novedades destaca

que los anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora

y responsabilidad patrimonial que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

regulaba en títulos separados, ahora se han integrado como especialidades

del procedimiento administrativo común. Este planteamiento responde a uno

de los objetivos que persigue esta Ley, la simplificación de los procedimientos

administrativos y su integración como especialidades en el procedimiento

administrativo común, contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica. De

acuerdo con la sistemática seguida, los principios generales de la potestad

sancionadora y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones

Públicas, en cuanto que atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales,

se regulan en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, este título incorpora a las fases de iniciación, ordenación,

instrucción y finalización del procedimiento el uso generalizado y obligatorio

de medios electrónicos. Igualmente, se incorpora la regulación del expediente

administrativo estableciendo su formato electrónico y los documentos que

deben integrarlo.

- 22 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Como novedad dentro de este título, se incorpora un nuevo Capítulo relativo

a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, donde se

establece su ámbito objetivo de aplicación, el plazo máximo de resolución que

será de treinta días y los trámites de que constará. Si en un procedimiento fuera

necesario realizar cualquier otro trámite adicional, deberá seguirse entonces

la tramitación ordinaria. Asimismo, cuando en un procedimiento tramitado de

manera simplificada fuera preceptiva la emisión del Dictamen del Consejo de

Estado, u órgano consultivo equivalente, y éste manifestara un criterio contrario

al fondo de la propuesta de resolución, para mayor garantía de los interesados

se deberá continuar el procedimiento pero siguiendo la tramitación ordinaria, no

ya la abreviada, pudiéndose en este caso realizar otros trámites no previstos

en el caso de la tramitación simplificada, como la realización de pruebas a

solicitud de los interesados. Todo el o, sin perjuicio de la posibilidad de acordar

la tramitación de urgencia del procedimiento en los mismos términos que ya

contemplaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El título V, de la revisión de los actos en vía administrativa, mantiene las

mismas vías previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, permaneciendo

por tanto la revisión de oficio y la tipología de recursos administrativos existentes

hasta la fecha (alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión).

No obstante, cabe destacar como novedad la posibilidad de que cuando una

Administración deba resolver una pluralidad de recursos administrativos que

traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un

recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el correspondiente

acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la

suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.

De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una

ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio

de sus derechos, la Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y

laboral, debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha

y que, de este modo, quedan suprimidas.

El título VI, sobre la iniciativa legislativa y potestad normativa de las

Administraciones Públicas, recoge los principios a los que ha de ajustar

su ejercicio la Administración titular, haciendo efectivos los derechos

constitucionales en este ámbito.

Junto con algunas mejoras en la regulación vigente sobre jerarquía,

publicidad de las normas y principios de buena regulación, se incluyen

varias novedades para incrementar la participación de los ciudadanos en el

procedimiento de elaboración de normas, entre las que destaca, la necesidad

de recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de

ciudadanos y empresas acerca de los problemas que se pretenden solucionar

con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de

la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Por otra parte, en aras de una mayor seguridad jurídica, y la predictibilidad

del ordenamiento, se apuesta por mejorar la planificación normativa ex ante.

Para el o, todas las Administraciones divulgarán un Plan Anual Normativo en el

que se recogerán todas las propuestas con rango de ley o de reglamento que

- 23 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente. Al mismo tiempo,

se fortalece la evaluación ex post, puesto que junto con el deber de revisar

de forma continua la adaptación de la normativa a los principios de buena

regulación, se impone la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de

las normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido los objetivos

perseguidos y si el coste y cargas derivados de ellas estaba justificado y

adecuadamente valorado.

Por lo que respecta a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias

y finales, cabe aludir a la relativa a la adhesión por parte de las Comunidades

Autónomas y Entidades Locales a los registros y sistemas establecidos por

la Administración General del Estado en aplicación del principio de eficiencia

reconocido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Destaca igualmente, la disposición sobre las especialidades por razón de la

materia donde se establece una serie de actuaciones y procedimientos que se

regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo previsto en esta Ley,

entre las que cabe destacar las de aplicación de los tributos y revisión en materia

tributaria y aduanera, las de gestión, inspección, liquidación, recaudación,

impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo, en

donde se entienden comprendidos, entre otros, los actos de encuadramiento y

afiliación de la Seguridad Social y las aportaciones económicas por despidos que

afecten a trabajadores de cincuenta o más años en empresas con beneficios,

así como las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria

y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en

materia de extranjería.

Por último, la Ley contiene las disposiciones de derecho transitorio aplicables

a los procedimientos en curso, a su entrada en vigor, a archivos y registros y

al Punto de Acceso General electrónico, así como las que habilitan para el

desarrollo de lo previsto en la Ley.

- 24 -

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia

de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas

las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación

de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios

a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad

reglamentaria.

2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para

la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada,

podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta

Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento

referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento

por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e

informes a recabar.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración Local.

d) El sector público institucional.

2. El sector público institucional se integra por:

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público

vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las

Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas

de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso,

cuando ejerzan potestades administrativas.

c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y

supletoriamente por las previsiones de esta Ley.

- 25 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración

General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,

las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos

públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2

anterior.

4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa

específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas

por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la

presente Ley.

- 26 -

TÍTULO I

DE LOS INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO I

La capacidad de obrar y el concepto de interesado

Artículo 3. Capacidad de obrar.

A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las

Administraciones Públicas:

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con

arreglo a las normas civiles.

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos

e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la

asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa

el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación

afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las

uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes

o autónomos.

Artículo 4. Concepto de interesado.

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos

individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan

resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto

no haya recaído resolución definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses

económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los

términos que la Ley reconozca.

- 27 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica

transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea

el estado del procedimiento.

Artículo 5. Representación.

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de

representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo

manifestación expresa en contra del interesado.

2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas,

siempre que el o esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación

de otras ante las Administraciones Públicas.

3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o

comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a

derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para

los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquel a representación.

4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en

Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada

mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o

comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de

la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de

la Administración Pública competente.

5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá

incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de

representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento.

El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro

electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de

acreditación a estos efectos.

6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que

se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquél a o se

subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto

el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del

caso así lo requieran.

7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general

o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de

determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados.

Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las

que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y

determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa

de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir,

- 28 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante,

siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.

Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos.

1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas

y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de

apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter

general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente

la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de

representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas.

También deberá constar el bastanteo realizado del poder.

En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de

Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia

de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes

otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo

podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos.

2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos

pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser

plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión,

compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes,

escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.

Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos

permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante

las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a

otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad,

y a los protocolos notariales.

Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales

serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de

apoderamientos.

3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales

y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente

información:

a) Nombre y apel idos o la denominación o razón social, documento nacional

de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del

poderdante.

b) Nombre y apel idos o la denominación o razón social, documento nacional

de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del

apoderado.

c) Fecha de inscripción.

d) Período de tiempo por el cual se otorga el poder.

e) Tipo de poder según las facultades que otorgue.

- 29 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y

particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes

tipologías:

a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre

del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier

Administración.

b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante

en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo

concreto.

c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante

únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el

poder.

A tales efectos, por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones

Públicas se aprobarán, con carácter básico, los modelos de poderes

inscribibles en el registro distinguiendo si permiten la actuación ante todas

las Administraciones de acuerdo con lo previsto en la letra a) anterior, ante la

Administración General del Estado o ante las Entidades Locales.

Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles

en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva

Administración.

5. El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia

electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas

de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia

personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.

6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada

máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en

cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá

revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al

registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde

la fecha de inscripción.

7. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o

de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar

inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante

la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se

produzca dicha inscripción.

Artículo 7. Pluralidad de interesados.

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados,

las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el

interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que

figure en primer término.

- 30 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento.

Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad,

se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses

legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan

resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas

personas la tramitación del procedimiento.

- 31 -

CAPÍTULO II

Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo

Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.

1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de

los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación

de su nombre y apel idos o denominación o razón social, según corresponda,

que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo

equivalente.

2. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las

Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un

registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular,

serán admitidos, los sistemas siguientes:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados

de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de

confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se

entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos

o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados

de sel o electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza

de prestadores de servicios de certificación».

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las

Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que

se establezcan.

Cada Administración Pública podrá determinar si sólo admite alguno de

estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos, si bien

la admisión de alguno de los sistemas de identificación previstos en la letra c)

conl evará la admisión de todos los previstos en las letras a) y b) anteriores para

ese trámite o procedimiento.

3. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la

Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las

Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación

electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

- 32 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones

Públicas.

1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita

acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así

como la integridad e inalterabilidad del documento.

2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las

Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán

válidos a efectos de firma:

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados

en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica

expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de

servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre

los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona

jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b) Sistemas de sel o electrónico reconocido o cualificado y de sel o electrónico

avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de

sel o electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios

de certificación».

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren

válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

Cada Administración Pública, Organismo o Entidad podrá determinar si

sólo admite algunos de estos sistemas para realizar determinados trámites o

procedimientos de su ámbito de competencia.

3. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable,

las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación

contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar

la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los

interesados.

4. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en

este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto

de la firma.

Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento

administrativo.

1. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el

procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten

previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación

previstos en esta Ley.

- 33 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso

obligatorio de firma para:

a) Formular solicitudes.

b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

c) Interponer recursos.

d) Desistir de acciones.

e) Renunciar a derechos.

Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.

1. Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados

pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos,

para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios

así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.

2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos

a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo

soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica,

presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención

de copias auténticas.

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios

electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento

administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público

mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para

ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los

medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su

consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia

para los casos de discrepancia o litigio.

3. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas

y las Entidades Locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema

equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación

o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser

plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes

Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas

habilitaciones.

En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios

que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.

- 34 -

TÍTULO II

DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

CAPÍTULO I

Normas generales de actuación

Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las

Administraciones Públicas.

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante

las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los

siguientes derechos:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de

Acceso General electrónico de la Administración.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las

Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma,

de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con

lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados

públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento

de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y

autoridades, cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma

electrónica contemplados en esta Ley.

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la

seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas

y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53

referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

- 35 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las

Administraciones Públicas.

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con

las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones

a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse

a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio

elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas

podrá ser modificado por aquel a en cualquier momento.

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios

electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier

trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera

colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las

Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En

todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y

registradores de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse

electrónicamente con la Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y

actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público,

en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación

de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados

procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón

de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos

quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos

necesarios.

Artículo 15. Lengua de los procedimientos.

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General

del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se

dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el

territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que

sea cooficial en ella.

En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el

interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera

discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano,

si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán

en la lengua elegida por los mismos.

- 36 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se

ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

3. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los

documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera

del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los

interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el

territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua

distinta del castellano, no será precisa su traducción.

Artículo 16. Registros.

1. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General,

en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea

presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo

público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar

en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o

particulares.

Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración

podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e

interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la

que depende.

El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un

portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo.

Tanto el Registro Electrónico General de cada Administración como los registros

electrónicos de cada Organismo cumplirán con las garantías y medidas de

seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de

carácter personal.

Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán

en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible

para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, las

disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o

unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días

declarados como inhábiles.

En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación

actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o

salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan.

Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación

a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el

registro en que hubieran sido recibidas.

3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la

constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo

de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado,

- 37 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo

al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que

se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en

una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y

hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo

acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice

la integridad y el no repudio de los mismos.

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las

Administraciones Públicas podrán presentarse:

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se

dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los

sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se

establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en

el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones,

deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su

compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática

de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera

de los registros.

5. Los documentos presentados de manera presencial ante las

Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto

en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en

materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación

al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al

interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine

la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte

obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico

no susceptibles de digitalización.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación

de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos

procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad

económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado

que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina

pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el

momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas,

sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios.

- 38 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

7. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener

actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la

presentación electrónica de documentos.

8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e

información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación.

Artículo 17. Archivo de documentos.

1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los

documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los

términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que

permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento,

así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su

emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros

formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo

dispuesto en la normativa aplicable.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar

con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional

de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad,

calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En

particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos,

así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de

protección de datos.

Artículo 18. Colaboración de las personas.

1. Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en

la Ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta de previsión expresa, facilitarán

a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación

que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la

información solicitada por la Administración atentara contra el honor, la intimidad

personal o familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales de terceros

de los que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de

diagnóstico, asesoramiento o defensa, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación

en materia de blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas.

2. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan

identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber

de proporcionárselos a la Administración actuante.

- 39 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

3. Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado

o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, se estará a lo

dispuesto en el artículo 100.

Artículo 19. Comparecencia de las personas.

1. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea

presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así

esté previsto en una norma con rango de ley.

2. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente

citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles

y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.

3. Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación

acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite.

Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación.

1. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio

de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el

despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y

adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan,

dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el

respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar

toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.

2. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la

Administración Pública de que dependa el personal afectado.

Artículo 21. Obligación de resolver.

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla

en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del

procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición

sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la

declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de

los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los

supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como

los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al

deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el

fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

- 40 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango

de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión

Europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo

máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado

anterior se contarán:

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de

iniciación.

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la

solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u

Organismo competente para su tramitación.

4. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas

en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su

competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos,

así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados

del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y

para la notificación de los actos que les pongan término, así como de

los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención

se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de

oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro

de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del

procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo

competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación

indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano

competente.

5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas

pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano

competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el

superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste,

podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho

adecuado y en plazo.

6. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a

su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos

administrativos competentes para instruir y resolver son directamente

responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la

obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.

El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de

responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo

con la normativa aplicable.

- 41 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver.

1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y

notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación

de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio

necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento

y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del

plazo concedido, todo el o sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la

presente Ley.

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un

órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que

habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a

la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión

Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que

se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser

comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de

ser notificado.

d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o

distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá

comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente

deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá

exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el

plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o

dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la

incorporación de los resultados al expediente.

f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto

o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta Ley, desde la

declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de

las referidas negociaciones, que se constatará mediante declaración formulada

por la Administración o los interesados.

g) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención

de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el

momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados,

hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá

serles comunicado.

2. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y

notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos:

a) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o

revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que

la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias, en el supuesto

al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley, desde que se

- 42 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el

recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá

ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento, como

su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso

contencioso-administrativo.

b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna

actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento

en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las

actuaciones hasta que se produzca su terminación.

c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento

de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea

resuelta por el superior jerárquico del recusado.

Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar.

1. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y

materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el

órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano

instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá

acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y

notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación

del procedimiento.

2. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá

ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud

del interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio

de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en

el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse

notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para

entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los

que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o

de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando

el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la

ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la

concurrencia de razones imperiosas de interés general.

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos

al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la

Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se

transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público

o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el

medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las

Administraciones Públicas.

- 43 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de

impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a

solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya

interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud

por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo

de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase

resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el

párrafo anterior de este apartado.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos

la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La

desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir

a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-

administrativo que resulte procedente.

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado

primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen:

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución

expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser

confirmatoria del mismo.

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución

expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin

vinculación alguna al sentido del silencio.

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo

se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier

persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen

efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y

notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su

existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido

en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este

certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver

en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver

el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo

en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente

desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el

registro electrónico de la Administración u Organismo competente para

resolver.

Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de

oficio.

1. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo

máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no

- 44 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver,

produciendo los siguientes efectos:

a) En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el

reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones

jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender

desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades

sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la

resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con

los efectos previstos en el artículo 95.

2. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado

por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para

resolver y notificar la resolución.

Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas.

1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente

emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones

Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de

medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada

de expresión y constancia.

2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos

deberán:

a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte

electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y

tratamiento diferenciado.

b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización,

sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.

c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido

emitidos.

d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.

e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo

previsto en la normativa aplicable.

Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos

requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos.

3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos

por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente

informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente

administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos

documentos.

- 45 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las

Administraciones Públicas.

1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan

atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los

documentos públicos administrativos o privados.

Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos

administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública

tendrán validez en las restantes Administraciones.

A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades

Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas

mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa

automatizada.

Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente,

donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias

auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados

con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar

la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente

constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de

asistencia en materia de registros.

2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público

administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por

los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede

garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.

Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos

originales.

3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en

papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas

deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el

Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrol o, así como

a las siguientes reglas:

a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una

copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los

metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar

el documento.

b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte

no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya

sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de

copia y que se visualicen al consultar el documento.

Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir

un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero

electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.

- 46 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que

en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado

electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la

autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del

órgano u Organismo público emisor.

d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en

dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del

documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien

mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del

documento original.

A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede

electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema

de verificación utilizado.

4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de

copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido

válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se dirigirá

al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo las

excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en

el plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro

electrónico de la Administración u Organismo competente.

Asimismo, las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias

auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los

interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo.

5. Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas

electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la

copia.

6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales,

registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su

legislación específica.

Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento

administrativo.

1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos

y documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo

dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar

cualquier otro documento que estimen conveniente.

2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan

sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la

presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo

en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado

su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se

- 47 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo

que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable

requiera consentimiento expreso.

En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas

deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes

corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos

u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano

administrativo distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser

remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este

plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a

su remisión por el órgano competente.

3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de

documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa

reguladora aplicable establezca lo contrario.

Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados

datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o

que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier

Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué

momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos,

debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a

través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de

intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo que

conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable

requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados

previamente de sus derechos en materia de protección de datos de carácter

personal. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran

recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado

su aportación.

4. Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta

Ley, la Administración solicitara al interesado la presentación de un documento

original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una

copia auténtica, según los requisitos establecidos en el artículo 27, con carácter

previo a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará

expresamente esta circunstancia.

5. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento

lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones

podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el

interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la

información original.

- 48 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

6. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo

tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las

Administraciones Públicas.

7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos

que presenten.

- 49 -

CAPÍTULO II

Términos y plazos

Artículo 29. Obligatoriedad de términos y plazos.

Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan

a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados

en los mismos.

Artículo 30. Cómputo de plazos.

1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro

cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son

hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en

minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación

del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro

horas, en cuyo caso se expresarán en días.

2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese

otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son

hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados

festivos.

Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así

una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia

en las correspondientes notificaciones.

3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a

aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o

desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación

por silencio administrativo.

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día

siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de

que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o

desestimación por silencio administrativo.

El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación

o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de

- 50 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se

entenderá que el plazo expira el último día del mes.

5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al

primer día hábil siguiente.

6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en

que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la

inversa, se considerará inhábil en todo caso.

7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las

Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en

su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de

plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá

los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito

territorial, a las que será de aplicación.

Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en

el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que

garanticen su conocimiento generalizado.

8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de

plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo

de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el

régimen de jornada y horarios de las mismas.

Artículo 31. Cómputo de plazos en los registros.

1. Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban

permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación

electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser

asistidos en el uso de medios electrónicos.

2. El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá

a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede

electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad

necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible.

El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes

reglas:

a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante

las veinticuatro horas.

b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se

refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día

inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente

salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva

en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día

- 51 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el

primer día hábil posterior.

c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones

Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro

electrónico de cada Administración u Organismo. En todo caso, la fecha y

hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien

presentó el documento.

3. La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u

Organismo, determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus

competencias el titular de aquél a y al calendario previsto en el artículo 30.7,

los días que se considerarán inhábiles a los efectos previstos en este artículo.

Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del

cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación a

los mismos lo dispuesto en el artículo 30.6.

Artículo 32. Ampliación.

1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio

o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que

no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con

ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser

notificado a los interesados.

2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará

en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas

y oficinas consulares, así como a aquel os que, sustanciándose en el interior,

exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan

interesados residentes fuera de España.

3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación

deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se

trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán

susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que

ponga fin al procedimiento.

4. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento

ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el

problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no

vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica

acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.

Artículo 33. Tramitación de urgencia.

1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de

oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación

- 52 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el

procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y

recursos.

2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la

tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra

la resolución que ponga fin al procedimiento.

- 53 -

TÍTULO III

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I

Requisitos de los actos administrativos

Artículo 34. Producción y contenido.

1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien

de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente

ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento

jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquél os.

Artículo 35. Motivación.

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de

derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de

disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos

de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes

o del dictamen de órganos consultivos.

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de

ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación

de plazos y de realización de actuaciones complementarias.

f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.

g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad

material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el

desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.

h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter

sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter

sancionador o de responsabilidad patrimonial.

- 54 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales,

así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria

expresa.

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos

y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan

las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar

acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se

adopte.

Artículo 36. Forma.

1. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios

electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de

expresión y constancia.

2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia

de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se

efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba

oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que

procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá

autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión

de su contenido.

3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma

naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán

refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que

especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos

del acto para cada interesado.

- 55 -

CAPÍTULO II

Eficacia de los actos

Artículo 37. Inderogabilidad singular.

1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán

vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas

procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición

general.

2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en

una disposición reglamentaria, así como aquel as que incurran en alguna de las

causas recogidas en el artículo 47.

Artículo 38. Ejecutividad.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo

serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 39. Efectos.

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho

Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en

que se dicten, salvo que en el os se disponga otra cosa.

2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o

esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos

cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan

efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios

existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no

lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

4. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones

Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por

el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente

entre sí o pertenezcan a otra Administración.

- 56 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

5. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus

competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una

Administración Pública distinta y aquél a entienda que es ilegal, podrá requerir

a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer

recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el

procedimiento para dictar resolución.

Artículo 40. Notificación.

1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará

a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquél os, en

los términos previstos en los artículos siguientes.

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir

de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro

de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la

expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa

y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para

interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,

cualquier otro que estimen procedente.

3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen

alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto

a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan

el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la

notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos

efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo

máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que

contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento

de notificación debidamente acreditado.

5. Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren

necesarias para la protección de los datos personales que consten en las

resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a

más de un interesado.

Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones.

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios

electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas

por esta vía.

- 57 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las

notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea

del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro

y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte

necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público

de la Administración notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre

que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción

o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido

íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La

acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,

podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública,

mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las

notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios

electrónicos.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de

practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos

y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad

económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado

que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico

y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos

regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes

notificaciones:

a) Aquel as en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos

que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como

cheques.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación

se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será

electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta

forma con la Administración.

Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado

en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por

cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado

o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto

notificado.

- 58 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su

iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta

a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el

domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las

Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local.

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una

actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las

circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el

trámite y siguiéndose el procedimiento.

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios

electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo

electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste

haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación

en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en

la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no

impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará

como fecha de notificación la de aquél a que se hubiera producido en primer

lugar.

Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel.

1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas

a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u

Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de

forma voluntaria.

2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de

no hal arse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá

hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se

encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo

de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto

con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por

una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso

de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince

horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y

viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas

entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara

infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44.

3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede

electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se

puedan realizar a través de medios electrónicos.

- 59 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante

comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo

actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos

sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.

A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en

la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente

identificado al contenido de la notificación.

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en

el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio,

o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada

cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de

la notificación sin que se acceda a su contenido.

3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4

con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la

Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada

única.

4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de

Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un

portal de acceso.

Artículo 44. Notificación infructuosa.

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore

el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar,

la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial

del Estado».

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones

podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma

o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último

domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada

correspondiente.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación

complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán

la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del

Estado».

Artículo 45. Publicación.

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así

lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo

aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

- 60 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación,

surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos:

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de

personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un

solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en

este último caso, adicional a la individualmente realizada.

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o

de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria

del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas

publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares

distintos.

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el

artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la

publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo.

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos

comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes,

especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.

3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda,

según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y

comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse en

tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el

Diario oficial correspondiente.

Artículo 46. Indicación de notificaciones y publicaciones.

Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios

o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a

publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido

del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que

se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y

constancia de tal conocimiento.

Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán

establecer otras formas de notificación complementarias a través de los

restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el

correspondiente Diario oficial.

- 61 -

CAPÍTULO III

Nulidad y anulabilidad

Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho

en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo

constitucional.

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la

materia o del territorio.

c) Los que tengan un contenido imposible.

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como

consecuencia de ésta.

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para

la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por

los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos

esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con

rango de Ley.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas

que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas

de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que

establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o

restrictivas de derechos individuales.

Artículo 48. Anulabilidad.

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier

infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando

el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o

dé lugar a la indefensión de los interesados.

- 62 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido

para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la

naturaleza del término o plazo.

Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los

actos.

1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el

procedimiento que sean independientes del primero.

2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la

de las partes del mismo independientes de aquél a, salvo que la parte viciada sea

de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

Artículo 50. Conversión de actos viciados.

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos

constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.

Artículo 51. Conservación de actos y trámites.

El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la

conservación de aquel os actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido

igual de no haberse cometido la infracción.

Artículo 52. Convalidación.

1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los

vicios de que adolezcan.

2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto

en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la

convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior

jerárquico del que dictó el acto viciado.

4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser

convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano

competente.

- 63 -

TÍTULO IV

DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO COMÚN

CAPÍTULO I

Garantías del procedimiento

Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.

1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en

un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los

procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del

silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no

dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su

instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo,

también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos

contenidos en los citados procedimientos.

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios

electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el

párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración

que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación

de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los

procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de

Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes

electrónicas que correspondan.

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las

Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los

procedimientos.

c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional,

la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que,

excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a

obtener una copia autenticada de éste.

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables

al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las

Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

- 64 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por

el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del

procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en

cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o

técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones

o solicitudes que se propongan realizar.

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa

de sus intereses.

h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos

previstos en el artículo 98.2.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso

de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos

responsables tendrán los siguientes derechos:

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que

tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran

imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente

para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa

mientras no se demuestre lo contrario.

- 65 -

CAPÍTULO II

Iniciación del procedimiento

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 54. Clases de iniciación.

Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.

Artículo 55. Información y actuaciones previas.

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá

abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer

las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el

procedimiento.

2. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones

previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos

susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la

persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias

relevantes que concurran en unos y otros.

Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan

atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia

y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine

por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.

Artículo 56. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para

resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada,

las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la

resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para

el o, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor

onerosidad.

2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano

competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de

parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los

intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales

- 66 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán

ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del

procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su

adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el

procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un

pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

3. De acuerdo con lo previsto en los dos apartados anteriores, podrán

acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

a) Suspensión temporal de actividades.

b) Prestación de fianzas.

c) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de

servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del

establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa reguladora

aplicable.

d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en

metálico por aplicación de precios ciertos.

e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.

f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad

que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.

g) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se

reclamen.

h) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones

Públicas.

i) Aquel as otras medidas que, para la protección de los derechos de los

interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para

asegurar la efectividad de la resolución.

4. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio

de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de

derechos amparados por las leyes.

5. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la

tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de

circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el

momento de su adopción.

En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa

que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 57. Acumulación.

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera

que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de

parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima

- 67 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el

procedimiento.

Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

Sección 2.ª Iniciación del procedimiento de oficio por la administración

Artículo 58. Iniciación de oficio.

Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente,

bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición

razonada de otros órganos o por denuncia.

Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa.

Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento

directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del

procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.

Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden

superior.

1. Se entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo

superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.

2. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará,

en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables;

las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su

tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado

en que los hechos se produjeron.

Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros

órganos.

1. Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del

procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene

competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de

las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien

ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación

o investigación.

2. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento,

si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los

que, en su caso, no procede la iniciación.

- 68 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

3. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán

especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente

responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción

administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de

tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá

individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su

relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación

económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se

produjo.

Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia.

1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en

cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano

administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la

iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas

que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de

la Administración. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción

administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la

identificación de los presuntos responsables.

3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las

Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser

motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no

el procedimiento.

4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción

de esta naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para

resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que

le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el

primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o

comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquel os

no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el

perjuicio causado.

Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del

pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter

no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores,

el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido

significativo respecto de aquel os de los que se disponga.

En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación

de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el

objeto de la denuncia.

- 69 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de

interesado en el procedimiento.

Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza

sancionadora.

1. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de

oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación

entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos

distintos.

Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento

cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.

2. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado

el oportuno procedimiento.

3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por

hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor

persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución

sancionadora, con carácter ejecutivo.

Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza

sancionadora.

1. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento,

con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los

interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado.

Asimismo, la incoación se comunicará al denunciante cuando las normas

reguladoras del procedimiento así lo prevean.

2. El acuerdo de iniciación deberá contener al menos:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible

calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que

resulte de la instrucción.

c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento,

con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.

d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le

atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable

pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos

en el artículo 85.

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano

competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que

se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 56.

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el

procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que,

- 70 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido

del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución

cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad

imputada.

3. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de

iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los

hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá

realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos,

que deberá ser notificado a los interesados.

Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de

responsabilidad patrimonial.

1. Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un

procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya

prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el

artículo 67.

2. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares

presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que

aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente

a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el

reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los

particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.

Sección 3.ª Inicio del procedimiento a solicitud del interesado

Artículo 66. Solicitudes de iniciación.

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:

a) Nombre y apel idos del interesado y, en su caso, de la persona que lo

represente.

b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que

desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán

aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin

de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición

de la notificación.

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la

solicitud.

d) Lugar y fecha.

e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad

expresada por cualquier medio.

f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su

correspondiente código de identificación.

- 71 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar

a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce.

Asimismo, las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la

sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación

vigentes.

2. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas

tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán

ser formuladas en una única solicitud, salvo que las normas reguladoras de los

procedimientos específicos dispongan otra cosa.

3. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los

interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de

registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo

que acredite la fecha y hora de presentación.

4. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y

sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar

simultáneamente varias solicitudes. Estos modelos, de uso voluntario, estarán

a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y

en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones

Públicas.

Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes

para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos

y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.

5. Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones

automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados

en sistemas propios o pertenecientes a otras Administraciones u ofrecer el

formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado

verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

6. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca

expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán

de uso obligatorio por los interesados.

Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de

responsabilidad patrimonial.

1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento

de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a

reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho

o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo

empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance

de las secuelas.

- 72 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por

anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto

o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al

año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia

definitiva.

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32,

apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho

a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que

declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho

de la Unión Europea.

2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen

los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta

relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público,

la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y

el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de

cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de

la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el

reclamante.

Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el

artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por

la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un

plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,

con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su

petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos

en el artículo 21.

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia

competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días,

a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los

documentos requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano

competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias

de los términos de aquél a. De el o se levantará acta sucinta, que se incorporará

al procedimiento.

4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3

presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán

al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A

estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquel a

en la que haya sido realizada la subsanación.

- 73 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 69. Declaración responsable y comunicación.

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable

el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su

responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa

vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su

ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a

disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete

a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de

tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar

recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración

responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que

se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados

requisitos y el interesado deberá aportarla.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento

mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración

Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante

para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el

reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde

el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación,

control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá

presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la

legislación correspondiente lo prevea expresamente.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier

dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una

comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la

declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para

acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la

imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada

desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio

de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera

lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales

circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la

situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho

o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar

un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo

determinado por la ley, todo el o conforme a los términos establecidos en las

normas sectoriales de aplicación.

- 74 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y

actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente

accesibles a los interesados.

6. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una

comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de

un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia

de ambas acumulativamente.

- 75 -

CAPÍTULO III

Ordenación del procedimiento

Artículo 70. Expediente administrativo.

1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de

documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la

resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la

agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes,

acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un

índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.

Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la

resolución adoptada.

3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente

electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de

Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad,

y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice,

asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del

citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico

generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre

que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de

distintos expedientes electrónicos.

4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga

carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases

de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones

e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como

los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se

trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución

administrativa que ponga fin al procedimiento.

Artículo 71. Impulso.

1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de

oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los

principios de transparencia y publicidad.

- 76 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de

incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de

la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede

constancia.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la

exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa

de remoción del puesto de trabajo.

3. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los

titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán

responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del

cumplimiento de los plazos establecidos.

Artículo 72. Concentración de trámites.

1. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán

en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso

simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos,

deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al

efecto.

Artículo 73. Cumplimiento de trámites.

1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán

realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del

correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se

fije plazo distinto.

2. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración

considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos

necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de

diez días para cumplimentarlo.

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores,

se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No

obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales,

si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se

tenga por transcurrido el plazo.

Artículo 74. Cuestiones incidentales.

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las

que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del

mismo, salvo la recusación.

- 77 -

CAPÍTULO IV

Instrucción del procedimiento

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 75. Actos de instrucción.

1. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento

y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la

resolución, se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el

órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados

a proponer aquel as actuaciones que requieran su intervención o constituyan

trámites legal o reglamentariamente establecidos.

2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción

de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos,

la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de

los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los

procedimientos.

3. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados

habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para el os y

sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o

profesionales.

4. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias

para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de

los interesados en el procedimiento.

Artículo 76. Alegaciones.

1. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior

al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros

elementos de juicio.

Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar

la correspondiente propuesta de resolución.

2. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de

tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los

- 78 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser

subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones

podrán dar lugar, si hubiere razones para el o, a la exigencia de la correspondiente

responsabilidad disciplinaria.

Sección 2.ª Prueba

Artículo 77. Medios y período de prueba.

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán

acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración

se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de

enero, de Enjuiciamiento Civil.

2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados

por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del

mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior

a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue

pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición

de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de

prueba por un plazo no superior a diez días.

3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas

por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias,

mediante resolución motivada.

4. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados

probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las

Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que

substancien.

5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce

la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales

correspondientes se recojan los hechos constatados por aquél os harán prueba

de éstos salvo que se acredite lo contrario.

6. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano

administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá

que éste tiene carácter preceptivo.

7. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el

fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser

pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse

en la propuesta de resolución.

- 79 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 78. Práctica de prueba.

1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente,

el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que

hayan sido admitidas.

2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará

la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar

técnicos para que le asistan.

3. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas

cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta

podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una

vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los

comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.

Sección 3.ª Informes

Artículo 79. Petición.

1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos

informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen

necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando,

en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de

los que se solicita.

Artículo 80. Emisión de informes.

1. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y

no vinculantes.

2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo

con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que

una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento

permita o exija otro plazo mayor o menor.

3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la

responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las

actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá

suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en

los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22.

4. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta

de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista

- 80 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin

que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones.

El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar

la correspondiente resolución.

Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de

responsabilidad patrimonial.

1. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será

preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado

la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de

su emisión.

2. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior

a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación

autonómica, así como en aquel os casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980,

de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del

Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad

Autónoma.

A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde

la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para

solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto

en el artículo 91, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría

terminar convencionalmente el procedimiento.

El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse

sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del

servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño

causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios

establecidos en esta Ley.

3. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial

del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia,

será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será

evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución

quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su

recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.

Sección 4.ª Participación de los interesados

Artículo 82. Trámite de audiencia.

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la

propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su

caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones

previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

- 81 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del

órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen

del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad

Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince,

podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen

pertinentes.

3. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión

de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se

tendrá por realizado el trámite.

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el

procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras

alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere

el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario

en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se

realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga

lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime

necesarios.

Artículo 83. Información pública.

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando

la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información

pública.

2. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente

a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o

la parte del mismo que se acuerde.

El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a

disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos

en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular

alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados

interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del

procedimiento.

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí

misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones

u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración

una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquel as alegaciones

que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

- 82 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

4. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las Administraciones Públicas podrán

establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas,

directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la

ley en el procedimiento en el que se dictan los actos administrativos.

- 83 -

CAPÍTULO V

Finalización del procedimiento

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 84. Terminación.

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al

derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por

el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.

2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad

material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte

deberá ser motivada en todo caso.

Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores.

1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su

responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la

sanción que proceda.

2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa

imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha

justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto

responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la

terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación

alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios

causados por la comisión de la infracción.

3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,

el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones

de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos

acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la

notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada

al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa

contra la sanción.

El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado

reglamentariamente.

- 84 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 86. Terminación convencional.

1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos,

convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado,

siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias

no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público

que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico

que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos

tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o

insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución

que les ponga fin.

2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo

la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y

territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza

y las personas a las que estuvieran destinados.

3. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros

u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen

sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.

4. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias

atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que

correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de

los servicios públicos.

5. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo

alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de

acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34

de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sección 2.ª Resolución

Artículo 87. Actuaciones complementarias.

Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir,

mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias

indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de

actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la

resolución final del procedimiento.

El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará

a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para formular las

alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Las

actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a

quince días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta

la terminación de las actuaciones complementarias.

- 85 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 88. Contenido.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones

planteadas por los interesados y aquel as otras derivadas del mismo.

Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por

los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas,

poniéndolo antes de manifiesto a aquél os por un plazo no superior a quince

días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en

su caso, los medios de prueba.

2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la

resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin

que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la

potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento,

si procede.

3. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos

a que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, los recursos que contra

la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de

presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados

puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

4. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la

práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará

electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la

autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo

de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.

5. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto

de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso,

aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de

derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes

de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29

de la Constitución.

6. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la

resolución cuando se incorporen al texto de la misma.

7. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no

recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano

competente para resolver un propuesta de resolución.

En los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución

deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo

siguiente.

- 86 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter

sancionador.

1. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con

archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta

de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto

que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.

b) Cuando lo hechos no resulten acreditados.

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto,

infracción administrativa.

d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas

responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.

e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la

infracción.

2. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida

la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta

de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de

resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo

para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se

estimen pertinentes.

3. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos

que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará

la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas

responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas

practicadas, en especial aquel as que constituyan los fundamentos básicos de

la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran

adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o

responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero,

la propuesta declarará esa circunstancia.

Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos

sancionadores.

1. En el caso de procedimientos de carácter sancionador, además del contenido

previsto en los dos artículos anteriores, la resolución incluirá la valoración de las

pruebas practicadas, en especial aquel as que constituyan los fundamentos básicos

de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables,

la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o

bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

2. En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados

en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración

jurídica. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere

- 87 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en

la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas

alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.

3. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no

quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo

adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su

eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento

de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si

el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso

contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.

Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya

interpuesto recurso contencioso administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la

resolución impugnada.

2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada,

en los términos previstos en ella.

4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o

perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos

daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante

un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente

ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional,

pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer

implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del

procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia

de responsabilidad patrimonial.

1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2

o, cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia,

el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su

formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente

para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta

de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos

previstos en el apartado siguiente.

2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos

de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie

sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del

servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño

- 88 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo

con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34

de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que

haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado

el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización

del particular.

Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de

responsabilidad patrimonial.

En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos

de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por

el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen

Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga.

En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad

patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las Comunidades

Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local.

En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen

su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la

resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto,

se aplicarán las normas previstas en este artículo.

Sección 3.ª Desistimiento y renuncia

Artículo 93. Desistimiento por la Administración.

En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir,

motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.

Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados.

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté

prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados,

el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen

formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier

medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que

correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y

declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el

- 89 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez

días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase

interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y

esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o

la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

Sección 4.ª Caducidad

Artículo 95. Requisitos y efectos.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se

produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración

le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del

procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las

actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará

el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución

que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado

en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para

dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su

derecho al referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones

del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no

interrumpirán el plazo de prescripción.

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento

por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos

y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido

la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse

los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión

suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su

definición y esclarecimiento.

- 90 -

CAPÍTULO VI

De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo

común.

1. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del

procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de

oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano

competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la

tramitación ordinaria.

2. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del

procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de el os manifestara

su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.

3. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del

procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no

concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar

dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista

posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado

plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud.

4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial

de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento

administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca

la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión,

así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización,

podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación

de un procedimiento simplificado.

5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá

adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano

competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo

previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes

para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por

parte del interesado prevista en el apartado 2.

- 91 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

6. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos

administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en

treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el

acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán únicamente

de los siguientes trámites:

a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.

b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.

c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de

cinco días.

d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser

desfavorable para el interesado.

e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.

f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea

preceptivo.

g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de

la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se

solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste

sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.

El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que

permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser

emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.

En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano

consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el

Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia

de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará

continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se

notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas

las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada

del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano

consultivo equivalente.

h) Resolución.

7. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no

previsto en el apartado anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria.

- 92 -

CAPÍTULO VII

Ejecución

Artículo 97. Título.

1. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material

de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que

previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento

jurídico.

2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones

estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la

actuación administrativa.

Artículo 98. Ejecutoriedad.

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho

Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:

a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.

b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora

contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo

de reposición.

c) Una disposición establezca lo contrario.

d) Se necesite aprobación o autorización superior.

2. Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma

de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca

una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier

otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará

preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando

alguno de los medios electrónicos siguientes:

a) Tarjeta de crédito y débito.

b) Transferencia bancaria.

c) Domiciliación bancaria.

d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia

de Hacienda Pública.

- 93 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 99. Ejecución forzosa.

Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en

cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los

actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución

de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención

de un órgano judicial.

Artículo 100. Medios de ejecución forzosa.

1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará,

respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

a) Apremio sobre el patrimonio.

b) Ejecución subsidiaria.

c) Multa coercitiva.

d) Compulsión sobre las personas.

2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos

restrictivo de la libertad individual.

3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes

lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas

deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna

autorización judicial.

Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio.

1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad

líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del

procedimiento de apremio.

2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación

pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango

legal.

Artículo 102. Ejecución subsidiaria.

1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no

ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a

través de las personas que determinen, a costa del obligado.

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo

dispuesto en el artículo anterior.

- 94 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de

la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

Artículo 103. Multa coercitiva.

1. Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas

determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de

determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo

que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la

persona del obligado.

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara

conveniente.

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

2. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan

imponerse con tal carácter y compatible con ellas.

Artículo 104. Compulsión sobre las personas.

1. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima

de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre

las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro

siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la

Constitución.

2. Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la

prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación

y cobro se procederá en vía administrativa.

Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias.

No se admitirán a trámite acciones posesorias contra las actuaciones de los

órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo

con el procedimiento legalmente establecido.

- 95 -

TÍTULO V

DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

Revisión de oficio

Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.

1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa

propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo

de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo

hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan

puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los

supuestos previstos en el artículo 47.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de

oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo

equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la

nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el

artículo 47.2.

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar

motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los

interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano

consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en

alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente

de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en

cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición

o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que

proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas

en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes

dictados en aplicación de la misma.

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del

plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad

- 96 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se

podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables.

1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional

contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean

anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de

lesividad para el interés público.

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos

cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa

audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos

establecidos por el artículo 82.

Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de

la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no

será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los

meros efectos informativos.

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento

sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las

Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano

de cada Administración competente en la materia.

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración

Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o,

en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Artículo 108. Suspensión.

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos

106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá

suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de

imposible o difícil reparación.

Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.

1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya

transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables,

siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida

por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al

ordenamiento jurídico.

- 97 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier

momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de

hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Artículo 110. Límites de la revisión.

Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser

ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por

otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al

derecho de los particulares o a las leyes.

Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y

de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado.

En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las

disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables:

a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y

de los actos y disposiciones dictados por los Ministros.

b) En la Administración General del Estado:

1.º Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios

de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no

dependientes de una Secretaría de Estado.

2.º Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados

por los órganos directivos de el os dependientes.

c) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o

dependientes de la Administración General del Estado:

1.º Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y

entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados

por el máximo órgano rector de éstos.

2.º Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades

de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los

órganos de el os dependientes.

- 98 -

CAPÍTULO II

Recursos administrativos

Sección 1.ª Principios generales

Artículo 112. Objeto y clases.

1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden

directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de

continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a

derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los

recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera

de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de

esta Ley.

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por

los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al

procedimiento.

2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos

sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique,

por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación

y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a

instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la

presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento

administrativo.

En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por

los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter

potestativo para el interesado.

La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración

Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias

reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley.

3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá

recurso en vía administrativa.

Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en

la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán

interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los

procedimientos establecidos por su legislación específica.

- 99 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 113. Recurso extraordinario de revisión.

Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso

extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias

previstas en el artículo 125.1.

Artículo 114. Fin de la vía administrativa.

1. Ponen fin a la vía administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.

b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior

jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración

de finalizadores del procedimiento.

e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad

patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que

derive.

f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia

sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.

g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una

disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen

fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:

a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.

b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio

de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.

c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o

superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de

personal.

d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o

dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los

máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo

que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

Artículo 115. Interposición de recurso.

1. La interposición del recurso deberá expresar:

a) El nombre y apel idos del recurrente, así como la identificación personal

del mismo.

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso,

del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

- 100 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente

código de identificación.

e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones

específicas.

2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente

no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero

carácter.

3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados

por quienes los hubieren causado.

Artículo 116. Causas de inadmisión.

Serán causas de inadmisión las siguientes:

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente

perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano

competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de

Régimen Jurídico del Sector Público.

b) Carecer de legitimación el recurrente.

c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Artículo 117. Suspensión de la ejecución.

1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que

una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto

impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien

competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada,

entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el

ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto

recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución

del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil

reparación.

b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de

pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.

3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido

un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro

electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre

la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y

- 101 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

notificado resolución expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación

lo establecido en el artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley.

4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas

cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o

de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.

Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza,

aquél a sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente

para responder de el os, en los términos establecidos reglamentariamente.

La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa

cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar

y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el

interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la

suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que

se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.

5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto

administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la

suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que

aquél se insertó.

Artículo 118. Audiencia de los interesados.

1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no

recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados

para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen

las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen

procedentes.

No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos,

documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos

en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la

práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que

se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado.

2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso

para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.

3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de

documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los

que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución

impugnada.

Artículo 119. Resolución.

1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las

pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

- 102 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre

el fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que

el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la

convalidación de actuaciones por el órgano competente para el o, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 52.

3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de

forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por

los interesados.

En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución será

congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún

caso pueda agravarse su situación inicial.

Artículo 120. Pluralidad de recursos administrativos.

1. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que

traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso

judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto

presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del

plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.

2. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes

podrán recurrirlo.

La interposición del correspondiente recurso por un interesado, no afectará

a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por

traer causa del mismo acto administrativo.

3. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados

y el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin

necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando

proceda.

Sección 2.ª Recurso de alzada

Artículo 121. Objeto.

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no

pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el

órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y

órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y

cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se

considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto,

del que haya nombrado al presidente de los mismos.

2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se

impugna o ante el competente para resolverlo.

- 103 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto

impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su

informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del

cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

Artículo 122. Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el

acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso,

la resolución será firme a todos los efectos.

Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán

interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a

aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos

del silencio administrativo.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres

meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer

párrafo.

3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro

recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos

establecidos en el artículo 125.1.

Sección 3.ª Recurso potestativo de reposición

Artículo 123. Objeto y naturaleza.

1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán

ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los

hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional

contencioso-administrativo.

2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que

sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del

recurso de reposición interpuesto.

Artículo 124. Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si

el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse

recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia

del recurso extraordinario de revisión.

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán

interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente

- 104 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto

presunto.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de

un mes.

3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse

de nuevo dicho recurso.

Sección 4.ª Recurso extraordinario de revisión

Artículo 125. Objeto y plazos.

1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el

recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó,

que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de

las circunstancias siguientes:

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los

propios documentos incorporados al expediente.

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto

que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o

testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior

a aquel a resolución.

d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación,

cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya

declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de

la causa a) del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a

la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el

plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o

desde que la sentencia judicial quedó firme.

3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los

interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos

106 y 109.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien

y resuelvan.

Artículo 126. Resolución.

1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar

motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del

Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando

el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del

- 105 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al

fondo otros recursos sustancialmente iguales.

2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión

debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su

caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso

extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se

entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-

administrativa.

- 106 -

TÍTULO VI

DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y DE LA POTESTAD PARA DICTAR

REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 127. Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango

de ley.

El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la

Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de Ley

y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales.

La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las

Comunidades Autónomas en los términos establecidos por la Constitución y

sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos-leyes y

reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los

respectivos órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas podrán aprobar

normas equivalentes a aquél as en su ámbito territorial, de conformidad con lo

establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Artículo 128. Potestad reglamentaria.

1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de

la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de

conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de

gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de

Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen

Local.

2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la

Constitución o las leyes ni regular aquel as materias que la Constitución o los

Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o

de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de

su función de desarrol o o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar

delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así

como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales

o patrimoniales de carácter público.

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que

establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los

preceptos de otra de rango superior.

- 107 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 129. Principios de buena regulación.

1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad,

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente

justificada su adecuación a dichos principios.

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa

debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una

identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado

para garantizar su consecución.

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga

deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir

con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas

de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa

se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional

y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible,

integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y,

en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.

Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa

establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley,

éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los

fines perseguidos por la propuesta.

Las habilitaciones para el desarrol o reglamentario de una ley serán conferidas,

con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución

directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del

Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de el os, tendrá carácter

excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante.

Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros

organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrol o

o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija.

5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas

posibilitarán el acceso sencil o, universal y actualizado a la normativa en vigor y los

documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos

en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a

la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las

iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos;

y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en

la elaboración de las normas.

6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe

evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su

aplicación, la gestión de los recursos públicos.

- 108 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos

presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos,

y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera.

Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a

los principios de buena regulación.

1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente

para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida

en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba

justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará

público, con el detal e, periodicidad y por el órgano que determine la normativa

reguladora de la Administración correspondiente.

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los

principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis

económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar

la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la

actividad económica.

Artículo 131. Publicidad de las normas.

Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas

habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en

vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa,

las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad

complementarios.

La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de

la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en

las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine,

los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa.

La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del

Organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y

con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha

publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las

restantes normas aplicables.

Artículo 132. Planificación normativa.

1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan

Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a

ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.

- 109 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la

Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de

elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley

o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web

de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos

y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la

futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la

iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las

personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web

correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y

recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o

entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las

organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen

a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la

norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

3. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en este artículo

deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma

y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir

su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos

necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para

poder pronunciarse sobre la materia.

4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información

públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias

u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración

autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o

vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que

lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la

actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios

o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública

regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de

la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración

prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del

trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquel a.

- 110 -

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Especialidades por razón de materia.

1. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por

razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley

o regulen trámites adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo

dispuesto en dichas leyes especiales.

2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa

específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley:

a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia

tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa.

b) Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación,

recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y

Desempleo.

c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y

aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia

de extranjería.

d) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo.

Disposición adicional segunda. Adhesión de las Comunidades Autónomas

y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General

del Estado.

Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de

apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma

de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la

Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán

adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas

y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su

no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo

7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera.

En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique

ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el

servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el

párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas

Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del

- 111 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y

sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad

informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las

solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes

registros y plataformas.

Disposición adicional tercera. Notificación por medio de anuncio publicado en

el «Boletín Oficial del Estado».

1. El «Boletín Oficial del Estado» pondrá a disposición de las diversas

Administraciones Públicas, un sistema automatizado de remisión y gestión

telemática para la publicación de los anuncios de notificación en el mismo

previstos en el artículo 44 de esta Ley y en esta disposición adicional. Dicho

sistema, que cumplirá con lo establecido en esta Ley, y su normativa de

desarrol o, garantizará la celeridad de la publicación, su correcta y fiel inserción,

así como la identificación del órgano remitente.

2. En aquel os procedimientos administrativos que cuenten con normativa

específica, de concurrir los supuestos previstos en el artículo 44 de esta Ley, la

práctica de la notificación se hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado

en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que previamente y con

carácter facultativo pueda realizarse en la forma prevista por dicha normativa

específica.

3. La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los anuncios a que se

refieren los dos párrafos anteriores se efectuará sin contraprestación económica

alguna por parte de quienes la hayan solicitado.

Disposición adicional cuarta. Oficinas de asistencia en materia de registros.

Las Administraciones Públicas deberán mantener permanentemente

actualizado en la correspondiente sede electrónica un directorio geográfico que

permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros

más próxima a su domicilio.

Disposición adicional quinta. Actuación administrativa de los órganos

constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control

autonómicos.

La actuación administrativa de los órganos competentes del Congreso de

los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal

Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones

autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, se regirá

por lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que

inspiran la actuación administrativa de acuerdo con esta Ley.

- 112 -

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Archivo de documentos.

1. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos

administrativos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se

regirán por lo dispuesto en la normativa anterior.

2. Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a

procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de

esta Ley, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la

normativa reguladora aplicable.

Disposición transitoria segunda. Registro electrónico y archivo electrónico

único.

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico

y el archivo electrónico único, en el ámbito de la Administración General del

Estado se aplicarán las siguientes reglas:

a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán

mantenerse los registros y archivos existentes en el momento de la entrada en

vigor de esta ley.

b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá

como máximo, de un registro electrónico y un archivo electrónico por cada

Ministerio, así como de un registro electrónico por cada Organismo público.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos.

a) A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley

no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.

b) Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en

vigor de la presente Ley se sustanciarán por las normas establecidas en ésta.

c) Los actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor

de esta Ley se regirán, en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones

de la misma.

d) Los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor

de esta Ley se regirán para su ejecución por la normativa vigente cuando se

dictaron.

- 113 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

e) A falta de previsiones expresas establecidas en las correspondientes

disposiciones legales y reglamentarias, las cuestiones de Derecho transitorio

que se susciten en materia de procedimiento administrativo se resolverán de

acuerdo con los principios establecidos en los apartados anteriores.

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los archivos, registros

y punto de acceso general.

Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico

de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico

de la Administración y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas

mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes

relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas

a relacionarse electrónicamente con las Administraciones.

Disposición transitoria quinta. Procedimientos de responsabilidad patrimonial

derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter

contrario al Derecho de la Unión Europea.

Los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial derivados

de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter contrario

al Derecho de la Unión Europea iniciados con anterioridad a la entrada en vigor

de esta Ley, se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento

de su iniciación.

- 114 -

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que

contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a

los Servicios Públicos.

c) Los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía

Sostenible.

d) Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia

de responsabilidad patrimonial.

e) Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba

el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad

Sancionadora.

f) Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación

de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del

Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el

régimen de las oficinas de registro.

g) Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31,

32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional

primera, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera, la

disposición transitoria segunda, la disposición transitoria tercera y la disposición

transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se

desarrol a parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico

de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima,

produzcan efectos las previsiones relativas al registro electrónico de

apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico

de la Administración y archivo único electrónico, se mantendrán en vigor los

artículos de las normas previstas en las letras a), b) y g) relativos a las materias

mencionadas.

- 115 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

3. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se

derogan expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de

esta Ley que regulan la misma materia que aquél as.

- 116 -

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Título competencial.

1. Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de

la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las

bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y competencia en

materia de procedimiento administrativo común y sistema de responsabilidad de

todas las Administraciones Públicas.

2. El título VI de iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos

y otras disposiciones y la disposición adicional segunda de adhesión de las

Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros

de la Administración General del Estado, se aprueban también al amparo de lo

dispuesto en el artículo 149.1.14.ª, relativo a la Hacienda general, así como el

artículo 149.1.13.ª que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y

coordinación de la planificación general de la actividad económica.

3. Lo previsto en los artículos 92 primer párrafo, 111, 114.2 y disposición

transitoria segunda, serán de aplicación únicamente a la Administración General

del Estado, así como el resto de apartados de los distintos preceptos que prevén

su aplicación exclusiva en el ámbito de la Administración General del Estado.

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,

de firma electrónica.

En la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, se incluye un

nuevo apartado 11 en el artículo 3 con la siguiente redacción:

«11. Todos los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en la

Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en

la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público tendrán plenos efectos jurídicos.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,

reguladora de la jurisdicción social.

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social,

queda redactada en los siguientes términos:

Uno. El artículo 64 queda redactado como sigue:

«Artículo 64. Excepciones a la conciliación o mediación previas.

1. Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de

mediación los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa, en

- 117 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la impugnación

del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de

vacaciones y a materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial

de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada

por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de

fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a

los que se refiere el artículo 139, los iniciados de oficio, los de impugnación de

convenios colectivos, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o

de su modificación, los de tutela de los derechos fundamentales y libertades

públicas, los procesos de anulación de laudos arbitrales, los de impugnación

de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, así como

aquel os en que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia

de género.

2. Igualmente, quedan exceptuados:

a) Aquel os procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro

ente público también lo fueren personas privadas, siempre que la pretensión

hubiera de someterse al agotamiento de la vía administrativa y en ésta pudiera

decidirse el asunto litigioso.

b) Los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, después

de haber dirigido la papeleta o la demanda contra personas determinadas,

fuera necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las

inicialmente demandadas.

3. Cuando por la naturaleza de la pretensión ejercitada pudiera tener eficacia

jurídica el acuerdo de conciliación o de mediación que pudiera alcanzarse, aun

estando exceptuado el proceso del referido requisito del intento previo, si las

partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente y de común acuerdo a tales

vías previas, se suspenderán los plazos de caducidad o se interrumpirán los de

prescripción en la forma establecida en el artículo siguiente.»

Dos. El artículo 69 queda redactado como sigue:

«Artículo 69. Agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial

social.

1. Para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades

locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia

vinculadas o dependientes de los mismos será requisito necesario haber agotado

la vía administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la

normativa de procedimiento administrativo aplicable.

En todo caso, la Administración pública deberá notificar a los interesados

las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses,

conteniendo la notificación el texto íntegro de la resolución, con indicación de

si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que

procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos,

- 118 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro

que estimen procedente.

Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen

alguno de los demás requisitos previstos en el párrafo anterior mantendrán

suspendidos los plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción y

únicamente surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice

actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la

resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier

recurso que proceda.

2. Desde que se deba entender agotada la vía administrativa el interesado

podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala

competente. A la demanda se acompañará copia de la resolución denegatoria

o documento acreditativo de la interposición o resolución del recurso

administrativo, según proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad

demandada.

3. En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo

de caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días

hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente a

aquél en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución

impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los

demás casos.»

Tres. El artículo 70 queda redactado como sigue:

«Artículo 70. Excepciones al agotamiento de la vía administrativa.

No será necesario agotar la vía administrativa para interponer demanda de

tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las

Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y

sindical, si bien el plazo para la interposición de la demanda será de veinte días

desde el día siguiente a la notificación del acto o al transcurso del plazo fijado

para la resolución, sin más trámites; cuando la lesión del derecho fundamental

tuviera su origen en la inactividad administrativa o en actuación en vías de

hecho, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el

plazo de veinte días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación

contra la inactividad o vía de hecho, o desde la presentación del recurso,

respectivamente.»

Cuatro. El artículo 72 queda redactado como sigue:

«Artículo 72. Vinculación respecto a la reclamación administrativa previa en

materia de prestaciones de Seguridad Social o vía administrativa previa.

En el proceso no podrán introducir las partes variaciones sustanciales

de tiempo, cantidades o conceptos respecto de los que fueran objeto del

procedimiento administrativo y de las actuaciones de los interesados o de la

- 119 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Administración, bien en fase de reclamación previa en materia de prestaciones

de Seguridad Social o de recurso que agote la vía administrativa, salvo en cuanto

a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.»

Cinco. El artículo 73 queda redactado como sigue:

«Artículo 73. Efectos de la reclamación administrativa previa en materia de

prestaciones de Seguridad Social.

La reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social

interrumpirá los plazos de prescripción y suspenderá los de caducidad,

reanudándose estos últimos al día siguiente al de la notificación de la resolución

o del transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada.»

Seis. El artículo 85 queda redactado como sigue:

«Artículo 85. Celebración del juicio.

1. Si no hubiera avenencia en conciliación, se pasará seguidamente a juicio

y se dará cuenta de lo actuado.

Con carácter previo se resolverá, motivadamente, en forma oral y oídas

las partes, sobre las cuestiones previas que se puedan formular en ese acto,

así como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resolución, sin

perjuicio de la ulterior sucinta fundamentación en la sentencia, cuando proceda.

Igualmente serán oídas las partes y, en su caso, se resolverá, motivadamente

y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez o tribunal

pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de

la demanda o el alcance y límites de la pretensión formulada, respetando las

garantías procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto.

A continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en

ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial.

2. El demandado contestará afirmando o negando concretamente los hechos

de la demanda, y alegando cuantas excepciones estime procedentes.

3. Únicamente podrá formular reconvención cuando la hubiese anunciado

en la conciliación previa al proceso o en la contestación a la reclamación previa

en materia de prestaciones de Seguridad Social o resolución que agote la vía

administrativa, y hubiese expresado en esencia los hechos en que se funda y la

petición en que se concreta. No se admitirá la reconvención, si el órgano judicial

no es competente, si la acción que se ejercita ha de ventilarse en modalidad

procesal distinta y la acción no fuera acumulable, y cuando no exista conexión

entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal.

No será necesaria reconvención para alegar compensación de deudas, siempre

que sean vencidas y exigibles y no se formule pretensión de condena reconvencional,

y en general cuando el demandado esgrima una pretensión que tienda exclusivamente

a ser absuelto de la pretensión o pretensiones objeto de la demanda principal, siendo

suficiente que se alegue en la contestación a la demanda. Si la obligación precisa

- 120 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

de determinación judicial por no ser líquida con antelación al juicio, será necesario

expresar concretamente los hechos que fundamenten la excepción y la forma de

liquidación de la deuda, así como haber anunciado la misma en la conciliación o

mediación previas, o en la reclamación en materia de prestaciones de Seguridad

Social o resolución que agoten la vía administrativa. Formulada la reconvención, se

dará traslado a las demás partes para su contestación en los términos establecidos

para la demanda. El mismo trámite de traslado se acordará para dar respuesta a las

excepciones procesales, caso de ser alegadas.

4. Las partes harán uso de la palabra cuantas veces el juez o tribunal lo

estime necesario.

5. Asimismo, en este acto, las partes podrán alegar cuanto estimen

conveniente a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del artícu-

lo 191, ofreciendo, para el momento procesal oportuno, los elementos de juicio

necesarios para fundamentar sus alegaciones. No será preciso aportar prueba

sobre esta concreta cuestión cuando el hecho de que el proceso afecta a

muchos trabajadores o beneficiarios sea notorio por su propia naturaleza.

6. Si no se suscitasen cuestiones procesales o si, suscitadas, se hubieran

contestado, las partes o sus defensores con el tribunal fijarán los hechos sobre los

que exista conformidad o disconformidad de los litigantes, consignándose en caso

necesario en el acta o, en su caso, por diligencia, sucinta referencia a aquel os

extremos esenciales conformes, a efectos de ulterior recurso. Igualmente podrán

facilitar las partes unas notas breves de cálculo o resumen de datos numéricos.

7. En caso de allanamiento total o parcial será aprobado por el órgano

jurisdiccional, oídas las demás partes, de no incurrir en renuncia prohibida de

derechos, fraude de ley o perjuicio a terceros, o ser contrario al interés público,

mediante resolución que podrá dictarse en forma oral. Si el allanamiento fuese

total se dictará sentencia condenatoria de acuerdo con las pretensiones del

actor. Cuando el allanamiento sea parcial, podrá dictarse auto aprobatorio,

que podrá llevarse a efecto por los trámites de la ejecución definitiva parcial,

siempre que por la naturaleza de las pretensiones objeto de allanamiento, sea

posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones

no allanadas, respecto de las cuales continuará el acto de juicio.

8. El juez o tribunal, una vez practicada la prueba y antes de las conclusiones,

salvo que exista oposición de alguna de las partes, podrá suscitar la posibilidad

de llegar a un acuerdo y de no alcanzarse el mismo en ese momento proseguirá

la celebración del juicio.»

Siete. El artículo 103 queda redactado como sigue:

«Artículo 103. Presentación de la demanda por despido.

1. El trabajador podrá reclamar contra el despido, dentro de los veinte días

hábiles siguientes a aquél en que se hubiera producido. Dicho plazo será de

- 121 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

caducidad a todos los efectos y no se computarán los sábados, domingos y los

festivos en la sede del órgano jurisdiccional.

2. Si se promoviese papeleta de conciliación o solicitud de mediación o

demanda por despido contra una persona a la que erróneamente se hubiere

atribuido la cualidad de empresario, y se acreditase con posterioridad, sea

en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero,

el trabajador podrá promover nueva demanda contra éste, o ampliar la

demanda si no se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el cómputo

del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quién sea el

empresario.

3. Las normas del presente capítulo serán de aplicación a la impugnación

de las decisiones empresariales de extinción de contrato con las especialidades

necesarias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120 y de las consecuencias

sustantivas de cada tipo de extinción contractual.»

Ocho. El artículo 117 queda redactado como sigue:

«Artículo 117. Requisito del agotamiento de la vía administrativa previa a la

vía judicial.

1. Para demandar al Estado por los salarios de tramitación, será requisito

previo haber reclamado en vía administrativa en la forma y plazos establecidos,

contra cuya denegación el empresario o, en su caso, el trabajador, podrá

promover la oportuna acción ante el juzgado que conoció en la instancia del

proceso de despido.

2. A la demanda habrá de acompañarse copia de la resolución administrativa

denegatoria o de la instancia de solicitud de pago.

3. El plazo de prescripción de esta acción es el previsto en el apartado 2

del artículo 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,

iniciándose el cómputo del mismo, en caso de reclamación efectuada por el

empresario, desde el momento en que éste sufre la disminución patrimonial

ocasionada por el abono de los salarios de tramitación y, en caso de reclamación

por el trabajador, desde la fecha de notificación al mismo del auto judicial que

haya declarado la insolvencia del empresario.»

Disposición final cuarta. Referencias normativas.

Las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, se entenderán hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector

Público, según corresponda.

- 122 -

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Disposición final quinta. Adaptación normativa.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán

adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de

los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto

en esta Ley.

Disposición final sexta. Desarrollo normativo de la Ley.

Se faculta al Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda y

Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para dictar

cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la

presente Ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar la

efectiva ejecución e implantación de las previsiones de esta Ley.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín

Oficial del Estado».

No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de

apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados,

punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único

electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y

hagan guardar esta ley.

Madrid, 1 de octubre de 2015

FELIPE R.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Mariano Rajoy Brey

- 123 -

ANÁLISIS

• DEROGA:

- Arts. 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo.

- Determinados preceptos del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

- Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo.

- Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

- Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

• DEROGA en la forma indicada:

- Ley 11/2007, de 22 de junio.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

• MODIFICA:

- Arts. 64, 69, 70, 72, 73, 85, 103 y 117 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre.

- Art. 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

• CITA:

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

- 125 -

LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO

DEL SECTOR PÚBLICO

LEY 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico

del Sector Público.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,

SABED:

Que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en

sancionar la siguiente Ley:

PREÁMBULO

I

El 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de

la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas con el mandato

de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector público español,

dotarle de una mayor eficacia y eliminar las duplicidades que le afectaban

y simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las

empresas se relacionan con la Administración.

El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013,

formuló 218 propuestas basadas en el convencimiento de que una economía

competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes,

ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y las empresas. En la misma

línea, el Programa nacional de reformas de España para 2014 establece la

necesidad de impulsar medidas para racionalizar la actuación administrativa,

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su

productividad.

Este convencimiento está inspirado en lo que dispone el propio artículo 31.2

de la Constitución Española, cuando establece que el gasto público realizará una

asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución

responderán a los criterios de eficiencia y economía.

Como se señala en el Informe de la Comisión para la Reforma de las

Administraciones Públicas (en adelante CORA), la normativa reguladora de las

Administraciones Públicas ha pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente,

las reglas reguladoras de los aspectos orgánicos del poder ejecutivo estaban

separadas de las que disciplinaban los procedimientos. Esta separación

terminó con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que

unificó en un solo instrumento estas materias.

La evolución normativa posterior se ha caracterizado por la profusión

de leyes, reales decretos y demás disposiciones de inferior rango, que

han completado la columna vertebral del derecho administrativo. De

este modo, nos encontramos en el momento actual normas que regulan

aspectos orgánicos, como la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y

funcionamiento de la Administración General del Estado; la Ley 50/1997,

de 27 de noviembre, del Gobierno, y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de

Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos; y otras que

tratan aspectos tanto orgánicos como procedimentales de la citada Ley

- 131 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

30/1992, de 26 de noviembre; o la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, por citar las más

relevantes.

Resulta, por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro sistema

legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado, de

acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que inspira

todo el informe aprobado por la CORA. En él se previó la elaboración de dos

leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las

normas que rigen la relación de los ciudadanos con las Administraciones. Otra,

comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, donde se

incluirían las disposiciones que disciplinan el sector público institucional. Con

el o, se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las

Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las

relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y

la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de

las relaciones entre ellas.

La presente Ley responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un

lado, la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a

todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico

de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada

Administración institucional, como la Administración periférica del Estado.

Esta Ley contiene también la regulación sistemática de las relaciones

internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales

de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.

Queda así sistematizado el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter

Administraciones, que se complementa con su normativa presupuestaria,

destacando especialmente la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley 47/2003, de 26

de noviembre, General Presupuestaria y las leyes anuales de Presupuestos

Generales del Estado.

Se conserva como texto independiente la Ley del Gobierno, que por regular

de forma específica la cabeza del poder ejecutivo de la nación, de naturaleza

y funciones eminentemente políticas, debe mantenerse separada de la norma

reguladora de la Administración Pública, dirigida por aquél. De acuerdo con

este criterio, la presente Ley modifica aquel a, con el objeto de extraer aquel as

materias que, por ser más propias de la organización y funciones de los

miembros del gobierno en cuanto que órganos administrativos, deben regularse

en este texto legal.

El Informe CORA recomienda reformar el ordenamiento jurídico

administrativo no solo por razones de coherencia normativa y política

legislativa. Las Administraciones Públicas, lejos de constituir un obstáculo

para la vida de los ciudadanos y las empresas, deben facilitar la libertad

individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial.

Para ello es imprescindible establecer un marco normativo que impida la

creación de órganos o entidades innecesarios o redundantes, y asegure

- 132 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

la eficacia y eficiencia de los entes públicos, ejerciendo sobre ellos

una supervisión continua que permita evaluar el cumplimiento de los

objetivos que justificaron su creación, y cuestionar su mantenimiento

cuando aquellos se hayan agotado o exista otra forma más eficiente de

alcanzarlos.

La Organización para la Cooperación y Desarrol o Económico (en adelante

OCDE), ha valorado la reforma administrativa emprendida por la CORA de

forma muy positiva. En el informe emitido sobre ella, señala que el paquete de

reforma es resultado de un riguroso proceso de recolección de datos, diálogo

entre profesionales y diagnóstico de las debilidades de la Administraciones

Públicas españolas. Considera la OCDE que el conjunto de asuntos políticos

incluidos en la reforma (por ejemplo, gobierno electrónico, relaciones de

gobernanza multinivel, buena regulación, reformas presupuestarias), junto

con las iniciativas paralelas adoptadas en los dos últimos años en áreas como

estabilidad presupuestaria, transparencia y regeneración democrática, explica

uno de los más ambiciosos procesos de reforma realizados en un país de

la OCDE. La presente Ley, por tanto, no representa el único instrumento

normativo que materializa la reforma, Pero sí constituye, junto con la que

disciplinará el procedimiento administrativo, de tramitación paralela, y las ya

aprobadas sobre transparencia y buen gobierno y estabilidad presupuestaria,

la piedra angular sobre la que se edificará la Administración Pública española

del futuro, al servicio de los ciudadanos.

II

La Ley comienza estableciendo, en sus disposiciones generales, los

principios de actuación y de funcionamiento del sector público español.

Entre los principios generales, que deberán respetar todas las

Administraciones Públicas en su actuación y en sus relaciones recíprocas,

además de encontrarse los ya mencionados en la Constitución Española

de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, y

sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, destaca la incorporación de los de

trasparencia y de planificación y dirección por objetivos, como exponentes

de los nuevos criterios que han de guiar la actuación de todas las unidades

administrativas.

La Ley recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora

contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, en lo relativo al funcionamiento

electrónico del sector público, y algunas de las previstas en el Real Decreto

1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la

anterior. Se integran así materias que demandaban una regulación unitaria,

como corresponde con un entorno en el que la utilización de los medios

electrónicos ha de ser lo habitual, como la firma y sedes electrónicas, el

intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación y la

actuación administrativa automatizada. Se establece asimismo la obligación

de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios

- 133 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

electrónicos, previsión que se desarrolla posteriormente en el título referente

a la cooperación interadministrativa mediante una regulación específica de

las relaciones electrónicas entre las Administraciones. Para ello, también

se contempla como nuevo principio de actuación la interoperabilidad de los

medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los

ciudadanos.

La enumeración de los principios de funcionamiento y actuación de las

Administraciones Públicas se completa con los ya contemplados en la normativa

vigente de responsabilidad, calidad, seguridad, accesibilidad, proporcionalidad,

neutralidad y servicio a los ciudadanos.

El Título Preliminar regula pormenorizadamente el régimen de los órganos

administrativos, tomando como base la normativa hasta ahora vigente contenida

en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la que se incorporan ciertas

novedades. La creación de órganos solo podrá hacerse previa comprobación

de que no exista ninguna duplicidad con los existentes. Se completan las

previsiones sobre los órganos de la Administración consultiva y se mejora la

regulación de los órganos colegiados, en particular, los de la Administración

General del Estado, destacando la generalización del uso de medios electrónicos

para que éstos puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos,

elaborar y remitir las actas de sus reuniones.

También se incorporan en este Título los principios relativos al ejercicio

de la potestad sancionadora y los que rigen la responsabilidad patrimonial de

las Administraciones Públicas. Entre las novedades más destacables en este

ámbito, merecen especial mención los cambios introducidos en la regulación

de la denominada «responsabilidad patrimonial del Estado Legislador» por las

lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas de leyes

declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea,

concretándose las condiciones que deben darse para que se pueda proceder, en

su caso, a la indemnización que corresponda.

Por último, se regulan en el Título Preliminar los convenios administrativos,

en la línea prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de

noviembre, de 2010, que recomendaba sistematizar su marco legal y tipología,

establecer los requisitos para su validez, e imponer la obligación de remitirlos

al propio Tribunal. De este modo, se desarrol a un régimen completo de los

convenios, que fija su contenido mínimo, clases, duración, y extinción y asegura

su control por el Tribunal de Cuentas.

III

En relación con la Administración del Estado, el Título primero parte de la

regulación contenida en la Ley 6/1997, de 14 de abril, aplicando ciertas mejoras

que el tiempo ha revelado necesarias. Se establecen los órganos superiores

y directivos propios de la estructura ministerial y también en el ámbito de la

Administración periférica y en el exterior. En el caso de los organismos públicos,

serán sus estatutos los que establezcan sus órganos directivos.

- 134 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

La Ley regula los Ministerios y su organización interna, sobre la base de

los siguientes órganos: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios,

Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y

Subdirectores Generales.

Se integran en esta Ley funciones de los Ministros que, hasta ahora, estaban

dispersas en otras normas o que eran inherentes al ejercicio de ciertas funciones,

como celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios; autorizar

las modificaciones presupuestarias; decidir la representación del Ministerio en

los órganos colegiados o grupos de trabajo; rendir la cuenta del departamento

ante el Tribunal de Cuentas; y resolver los recursos administrativos presentados

ante los órganos superiores y directivos del Departamento. La Ley reordena

parcialmente las competencias entre los órganos superiores, Ministros y

Secretarios de Estado, y directivos, Subsecretarios, Secretarios Generales,

Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales de los Ministerios,

atribuyendo a ciertos órganos como propias algunas funciones que hasta

ahora habitualmente se delegaban en el os. Y con el objeto de posibilitar las

medidas de mejora de gestión propuestas en el Informe CORA, se atribuye a los

Subsecretarios una nueva competencia: la de adoptar e impulsar las medidas

tendentes a la gestión centralizada de recursos y medios materiales en el ámbito

de su Departamento.

Se atribuyen también expresamente a la Subsecretaría del Ministerio de

la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia

del Gobierno, las competencias propias de los servicios comunes de los

Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno. Debe

recordarse que, al tratarse de un ámbito ajeno a la estructura del propio

departamento ministerial, esta atribución excede del real decreto en que se fije

la estructura orgánica de aquél.

Con el objeto de evitar la proliferación de centros encargados de la

prestación de servicios administrativos en cada ente o unidad, y facilitar que

los mismos se provean por órganos especializados en el ámbito del Ministerio

o de forma centralizada para toda la Administración, se prevé la posibilidad de

que la organización y gestión de los servicios comunes de los Ministerios y

entidades dependientes pueda ser coordinada por el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas u otro organismo público; o bien por la Subsecretaría

de cada departamento.

IV

Sobre la base de la regulación de la Administración Periférica contenida

en la Ley 6/1997, la Ley regula los órganos de la Administración General del

Estado de carácter territorial, los Delegados y Subdelegados del Gobierno.

Como principales novedades respecto a la regulación hasta ahora vigente,

destacan las siguientes cuestiones.

En cuanto a los Delegados del Gobierno, se refuerza su papel político

e institucional, se les define como órganos directivos, y se dispone que su

- 135 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia,

siendo de aplicación al desempeño de sus funciones lo establecido en el Título II

de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno.

Se mejora la regulación de su suplencia, vacante o enfermedad,

correspondiendo al Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe. En

caso de no haber realizado formalmente la designación, y cuando se trate de

una Comunidad uniprovincial que carezca de Subdelegado, la suplencia recaerá

sobre el Secretario General.

Las competencias de los Delegados del Gobierno, que hasta ahora

eran recogidas en diversos preceptos, pasan a estar reguladas en un único

artículo, sistematizándolas en cinco categorías: competencias de dirección y

coordinación; de información de la acción del Gobierno y a los ciudadanos; de

coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas; competencias

relativas al control de legalidad; y competencias relacionadas con el desarrol o

de las políticas públicas.

Se recoge expresamente en la Ley la competencia atribuida a los

Delegados del Gobierno en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio

de las Administraciones Públicas, referente a la coordinación de los usos

de los edificios de la Administración General del Estado en su ámbito de

actuación, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas y la Dirección General de Patrimonio

del Estado.

Respecto de los Subdelegados del Gobierno, se concretan los requisitos

de titulación para ser nombrado Subdelegado del Gobierno, de tal manera que

ahora se indica el subgrupo funcionarial al que debe pertenecer. En cuanto

a las competencias de los Subdelegados del Gobierno, y como novedad

más relevante, se le atribuye la de coordinar la utilización de los medios

materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito de su

provincia.

Se recoge legalmente la existencia de un órgano que se ha revelado

como fundamental en la gestión de las Delegaciones y Subdelegaciones,

la Secretaría General, encargada de la llevanza de los servicios comunes y

de la que dependerán las áreas funcionales. También se establece a nivel

legal que la asistencia jurídica y el control financiero de las Delegaciones

y Subdelegaciones del Gobierno serán ejercidos por la Abogacía del

Estado y por la Intervención General de la Administración del Estado,

respectivamente, cuestión anteriormente regulada por normativa

reglamentaria.

La Ley también prevé expresamente la existencia de la Comisión

Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado,

cuyas atribuciones, composición y funcionamiento serán objeto de regulación

reglamentaria.

Por lo que se refiere a la Administración General del Estado en el exterior,

se efectúa una remisión a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del

- 136 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Servicio Exterior del Estado, y a su normativa de desarrol o, declarándose la

aplicación supletoria de la presente Ley.

V

En el ámbito de la denominada Administración institucional, la Ley culmina

y hace efectivas las conclusiones alcanzadas en este ámbito por la CORA y que

son reflejo de la necesidad de dar cumplimiento a lo previsto en el mencionado

artículo 31.2 de la Constitución, que ordena que el gasto público realice

una asignación equitativa de los recursos públicos, y que su programación

y ejecución respondan a los criterios de eficiencia y economía. De forma

congruente con este mandato, el artículo 135 de la Constitución establece que

todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de

estabilidad presupuestaria.

La permanente necesidad de adaptación de la Administración Institucional

se aprecia con el mero análisis de la regulación jurídica de los entes que la

componen. Un panorama en el que se han aprobado de forma sucesiva diferentes

leyes que desde distintas perspectivas han diseñado el marco normativo de los

entes auxiliares de que el Estado dispone.

En primer lugar, la regulación jurídica fundamental de los diferentes tipos

de entes y organismos públicos dependientes del Estado está prevista en la

Ley 6/1997, de 14 de abril, que diferencia tres tipos de entidades: Organismos

Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Agencias Estatales, categoría

que se añadió con posterioridad. Cada uno de estos organismos públicos

cuenta con una normativa reguladora específica, que normalmente consta de

una referencia en la ley de creación y de un desarrol o reglamentario posterior

dictado al aprobar los correspondientes estatutos.

No obstante, el marco aparentemente general es cuestionado por la previsión

establecida en la disposición adicional décima de la Ley, 6/1997, de 14 de abril,

que excluye de su aplicación a determinados entes que cuentan con previsiones

legales propias, por lo que la Ley se les aplica de forma sólo supletoria. Esta

excepción pone de relieve el principal obstáculo en la clarificación normativa

de estos entes, que no es otro que el desplazamiento del derecho común en

beneficio de un derecho especial normalmente vinculado a una percepción

propia de un sector de actividad, social o corporativo, que a través de la

legislación específica logra dotarse de un marco jurídico más sensible a sus

necesidades.

Con posterioridad a la Ley 6/1997, de 14 de abril, la descentralización

funcional del Estado recuperó rápidamente su tendencia a la diversidad. En

primer lugar, por la aprobación de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de

Fundaciones. En ella se diseña el régimen aplicable a las fundaciones constituidas

mayoritariamente por entidades del sector público estatal, aplicando la técnica

fundacional al ámbito de la gestión pública.

Desde otra perspectiva, basada en el análisis de la actividad que

realizan los diferentes entes, el ordenamiento vigente ha regulado en la

- 137 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la totalidad del

denominado «sector público estatal», que está formado por tres sectores:

Primero, el Sector Público administrativo, que está constituido por la

Administración General del Estado; los organismos autónomos dependientes

de la Administración General del Estado; las entidades gestoras, servicios

comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función

pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social; los órganos

con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que,

careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración

General del Estado pero forman parte del sector público estatal; las

entidades estatales de derecho público y los consorcios, cuando sus actos

estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano

del Estado, su actividad principal no consista en la producción en régimen

de mercado de bienes y servicios y no se financien mayoritariamente con

ingresos comerciales. Segundo, el Sector Público empresarial, que está

constituido por las entidades públicas empresariales, dependientes de la

Administración General del Estado, o de cualesquiera otros organismos

públicos vinculados o dependientes de ella; las sociedades mercantiles

estatales, definidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio

de las Administraciones Públicas; y las Entidades estatales de derecho

público distintas de las comprendidas en el Sector Público administrativo

y los consorcios no incluidos en él. Tercero, el Sector Público fundacional,

constituido por las fundaciones del sector público estatal, definidas en la

Ley 50/2002, de 26 de diciembre.

El siguiente hito normativo fue la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, que

regula el denominado «patrimonio empresarial de la Administración General

del Estado», formado por las entidades públicas empresariales, a las que

se refiere el Capítulo III del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, las

entidades de Derecho público cuyos ingresos provengan, al menos en un 50

por 100, de operaciones realizadas en el mercado; y las sociedades mercantiles

estatales.

La preocupación por la idoneidad de los entes públicos y la voluntad de

abordar su reforma condujo a la aprobación de la Ley 28/2006, de 18 de julio,

de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos, mediante la

que se creó este nuevo tipo de ente. El objetivo prioritario de esta Ley fue

establecer mecanismos de responsabilidad en la dirección y gestión de los

nuevos organismos públicos, vinculando el sistema retributivo al logro de sus

objetivos y reconociendo un mayor margen de discrecionalidad en la gestión

presupuestaria.

La Ley autorizó la creación de 12 Agencias, si bien hasta el momento sólo se

han constituido 7 de ellas, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos

Sanitarios, autorizada en otra Ley.

El objetivo de la reforma fue instaurar la Agencia como nuevo modelo de

ente público, pero nació ya con una eficacia limitada. La disposición adicional

quinta de la Ley autorizaba al Gobierno para transformar en Agencia los

- 138 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Organismos Públicos cuyos objetivos y actividades se ajustasen a su naturaleza,

lo que implicaba el reconocimiento de la existencia de entidades que, por no

cumplir este requisito, no precisarían transformación, y que permanecerían en su

condición de Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales o entes

con estatuto especial. Y, sin embargo, la disposición adicional séptima ordenaba

atribuir el estatuto a todos los organismos públicos de futura creación «con

carácter general».

Por todo ello, no puede decirse que los objetivos de la Ley se hayan

alcanzado, incluso después de más de seis años de vigencia, porque su

desarrol o posterior ha sido muy limitado, y porque las medidas de control de

gasto público han neutralizado la pretensión de dotar a las agencias de mayor

autonomía financiera.

Otras normas se han referido con mayor o menor amplitud, al ámbito y

categoría del sector público. Es el caso de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,

de Contratos del Sector Público, que diferencia entre el «Sector Público»

y las «Administraciones Públicas», introduciendo el concepto de «poderes

adjudicadores». Distinción igualmente recogida en el posterior Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, llevó a cabo

una regulación propia y especial para los seis organismos reguladores

existentes en esos momentos, con especial atención a garantizar su

independencia respecto de los agentes del mercado. Posteriormente la Ley

3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados

y la Competencia integró en esta supervisión hasta siete preexistentes.

Incluso nos encontramos con que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para evitar dudas

interpretativas, se remite a la definición del «sector público» «en el ámbito

comunitario».

El proyecto de reforma administrativa puesto en marcha aborda la

situación de los entes instrumentales en dos direcciones: medidas concretas

de racionalización del sector público estatal, fundacional y empresarial, que

se han materializado en sucesivos Acuerdos de Consejo de Ministros, y en

otras disposiciones; y la reforma del ordenamiento aplicable a los mismos,

que se materializa en la presente Ley, y de la que ya se habían dado pasos en

la reciente Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector

Público y otras medidas de reforma administrativa, que modificó el régimen

jurídico de los consorcios.

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, la Ley establece, en primer

lugar, dos normas básicas para todas las Administraciones Públicas. Por un

lado, la obligatoriedad de inscribir la creación, transformación o extinción

de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el nuevo

Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Esta

inscripción será requisito necesario para obtener el número de identificación

fiscal definitivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Este

- 139 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Registro permitirá contar con información completa, fiable y pública del número

y los tipos de organismos públicos y entidades existentes en cada momento.

Y por otro lado, se obliga a todas las Administraciones a disponer de un

sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, que conlleve

la formulación periódica de propuestas de transformación, mantenimiento o

extinción.

Ya en el ámbito de la Administración General del Estado, se establece

una nueva clasificación del sector público estatal para los organismos y

entidades que se creen a partir de la entrada en vigor de la Ley, más clara,

ordenada y simple, pues quedan reducidos a los siguientes tipos: organismos

públicos, que incluyen los organismos autónomos y las entidades públicas

empresariales; autoridades administrativas independientes, sociedades

mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público y fondos

sin personalidad jurídica. La meta es la de sistematizar el régimen hasta ahora

vigente en el ámbito estatal y mejorarlo siguiendo las pautas que se explican

a continuación.

En primer lugar, preservando los aspectos positivos de la regulación de

los distintos tipos de entes, de modo que se favorezca la programación de

objetivos, el control de eficacia de los entes públicos y el mantenimiento de

los estrictamente necesarios para la realización de las funciones legalmente

encomendadas al sector público.

En segundo lugar, suprimiendo las especialidades que, sin mucha

justificación, propiciaban la excepción de la aplicación de controles

administrativos que deben existir en toda actuación pública, en lo que ha

venido en denominarse la «huida del derecho administrativo». La flexibilidad

en la gestión ha de ser compatible con los mecanismos de control de la gestión

de fondos públicos.

Y, en tercer lugar, dedicando suficiente atención a la supervisión de los

entes públicos y a su transformación y extinción, materias éstas que, por

poco frecuentes, no habían demandado un régimen detallado en el pasado.

Con ello se resuelve una de las principales carencias de la Ley de Agencias:

la ausencia de una verdadera evaluación externa a la entidad, que permita

juzgar si sigue siendo la forma más eficiente y eficaz posible de cumplir los

objetivos que persiguió su creación y que proponga alternativas en caso de

que no sea así.

De este modo, se establecen dos tipos de controles de las entidades

integrantes del sector público estatal.

Una supervisión continua, desde su creación hasta su extinción, a cargo del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que vigilará la concurrencia

de los requisitos previstos en esta Ley.

Un control de eficacia, centrado en el cumplimiento de los objetivos propios

de la actividad de la entidad, que será ejercido anualmente por el Departamento

al que esté adscrita la entidad u organismo público, sin perjuicio del control de

la gestión económico financiera que se ejerza por la Intervención General de la

Administración del Estado.

- 140 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Este sistema, que sigue las mejores prácticas del derecho comparado,

permitirá evaluar de forma continua la pervivencia de las razones que justificaron

la creación de cada entidad y su sostenibilidad futura. Así se evitará tener que

reiterar en el futuro el exhaustivo análisis que tuvo que ejecutar la CORA para

identificar las entidades innecesarias o redundantes y que están en proceso de

extinción.

Se incorpora al contenido de la Ley la regulación de los medios propios y

servicios técnicos de la Administración, de acuerdo con lo que en la actualidad

se establece en la normativa de contratos del sector público. Como novedad, la

creación de un medio propio o su declaración como tal deberá ir precedida de

una justificación, por medio de una memoria de la intervención general, de que

la entidad resulta sostenible y eficaz, de acuerdo con los criterios de rentabilidad

económica, y que resulta una opción más eficiente que la contratación pública

para disponer del servicio o suministro cuya provisión le corresponda, o que

concurren otras razones excepcionales que justifican su existencia, como la

seguridad pública o la urgencia en la necesidad del servicio. Asimismo, estas

entidades deberán estar identificadas a través de un acrónimo «MP», para mayor

seguridad jurídica. Estos requisitos se aplicarán tanto a los medios propios que

se creen en el futuro como a los ya existentes, estableciéndose un plazo de seis

meses para su adaptación.

Bajo la denominación de «organismos públicos», la Ley regula los organismos

autónomos y las entidades públicas empresariales del sector público estatal.

Los organismos públicos se definen como aquéllos dependientes

o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente,

bien a través de otro organismo público, cuyas características justifican su

organización en régimen de descentralización funcional o de independencia,

y que son creados para la realización de actividades administrativas, sean de

fomento, prestación, gestión de servicios públicos o producción de bienes

de interés público susceptibles de contraprestación, así como actividades

de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas.

Tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería

propios, así como autonomía de gestión y les corresponden las potestades

administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines salvo la potestad

expropiatoria.

Se establece una estructura organizativa común en el ámbito del sector

público estatal, articulada en órganos de gobierno, ejecutivos y de control de

eficacia, correspondiendo al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas

la clasificación de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios

previstos en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula

el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector

público empresarial y otras entidades.

En general, se hace más exigente la creación de organismos públicos al

someterse a los siguientes requisitos: por un lado, la elaboración de un plan

de actuación con un contenido mínimo que incluye un análisis de eficiencia

y las razones que fundamentan la creación; justificación de la forma jurídica

- 141 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

propuesta; determinación de los objetivos a cumplir y los indicadores para

medirlos; acreditación de la inexistencia de duplicidades, etc. Y, por otro

lado, un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas.

De acuerdo con el criterio de racionalización anteriormente expuesto para

toda la Administración General del Estado, tanto los organismos existentes

en el sector público estatal como los de nueva creación aplicarán una gestión

compartida de los servicios comunes, salvo que la decisión de no hacerlo se

justifique en la memoria que acompañe a la norma de creación por razones

de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, seguridad

nacional o cuando la organización y gestión compartida afecte a servicios

que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del

organismo.

Por primera vez, se incluye para el sector público estatal un régimen de

transformaciones y fusiones de organismos públicos de la misma naturaleza

jurídica, bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo

público, o bien mediante su absorción por otro ya existente. La fusión se

llevará a cabo por una norma reglamentaria, aunque suponga modificación

de la ley de creación. Se establece un mayor control para la transformación

de organismo autónomo en sociedad mercantil estatal o en fundación del

sector público, con el fin de evitar el fenómeno de la huida de los controles

del derecho administrativo, para lo que se exige la elaboración de una

memoria que lo justifique y un informe preceptivo de la Intervención General

de la Administración del Estado. En cambio, se facilita la transformación

de sociedades mercantiles estatales en organismos autónomos, que están

sometidos a controles más intensos.

Se regula, también en el ámbito estatal, la disolución, liquidación y extinción

de organismos públicos. En este sentido, se detal an las causas de disolución,

entre las que destaca la situación de desequilibrio financiero durante dos

ejercicios presupuestarios consecutivos, circunstancia que no opera de modo

automático, al poder corregirse mediante un plan elaborado al efecto.

El proceso de disolución es ágil, al bastar un acuerdo del Consejo de

Ministros. Deberá designarse un órgano administrativo o entidad del sector

público institucional como liquidador, cuya responsabilidad será directamente

asumida por la Administración que le designe, sin perjuicio de la posibilidad de

repetir contra aquél cuando hubiera causa legal para el o.

Publicado el acuerdo de disolución, la liquidación se inicia automáticamente,

y tendrá lugar por cesión e integración global de todo el activo y pasivo del

organismo en la Administración General del Estado, que sucederá a la entidad

extinguida en todos sus derechos y obligaciones. Formalizada la liquidación se

producirá la extinción automática.

En cuanto a la tipología propia del sector institucional del Estado,

la Ley contempla las siguientes categorías de entidades: organismos

públicos, que comprende los organismos autónomos y las entidades

- 142 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

públicas empresariales; las autoridades administrativas independientes; las

sociedades mercantiles estatales; las fundaciones del sector público estatal;

los consorcios; y los fondos sin personalidad jurídica. En los capítulos

correspondientes a cada tipo se define su régimen jurídico, económico-

financiero, presupuestario, de contratación, y de personal. Los organismos

autónomos desarrollan actividades derivadas de la propia Administración

Pública, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y

dependientes de ésta, mientras que las entidades públicas empresariales,

se cualifican por simultanear el ejercicio de potestades administrativas y

de actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de

bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. Las autoridades

administrativas independientes, tienen atribuidas funciones de regulación

o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad

económica, para cuyo desempeño deben estar dotadas de independencia

funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General

del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley.

En atención a esta peculiar idiosincrasia, se rigen en primer término por su

normativa especial, y supletoriamente, en cuanto sea compatible con su

naturaleza y funciones, por la presente Ley.

Se mantiene el concepto de sociedades mercantiles estatales actualmente

vigente en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, respecto de las cuales se

incluye como novedad que la responsabilidad aplicable a los miembros de

sus consejos de administración designados por la Administración General del

Estado será asumida directamente por la Administración designante. Todo el o,

sin perjuicio de que pueda exigirse de oficio la responsabilidad del administrador

por los daños y perjuicios causados cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o

negligencia graves.

La Ley establece con carácter básico el régimen jurídico de los

consorcios, al tratarse de un régimen que, por definición, afectará a todas las

Administraciones Públicas, siguiendo la línea de las modificaciones efectuadas

por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público

y otras medidas de reforma administrativa. La creación de un consorcio en

el que participe la Administración General del Estado ha de estar prevista

en una ley e ir precedida de la autorización del Consejo de Ministros. El

consorcio se constituye mediante el correspondiente convenio, al que habrán

de acompañarse los estatutos, un plan de actuación de igual contenido que el

de los organismos públicos y el informe preceptivo favorable del departamento

competente en la Hacienda Pública o la intervención general que corresponda.

Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca

en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria, por unanimidad, la cesión

global de activos y pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la

finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del

consorcio que se liquida. Su disolución es automática mediante acuerdo del

máximo órgano de gobierno del consorcio, que nombrará a un órgano o entidad

como liquidador. La responsabilidad del empleado público que sea nombrado

- 143 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

liquidador será asumida por la entidad o la Administración que lo designó, sin

perjuicio de las acciones que esta pueda ejercer para, en su caso, repetir la

responsabilidad que corresponda. Finalmente, cabe destacar que se avanza

en el rigor presupuestario de los consorcios que estarán sujetos al régimen de

presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que

estén adscritos y por tanto se integrarán o, en su caso, acompañarán a los

presupuestos de la Administración de adscripción en los términos previstos en

su normativa.

Se establece el régimen jurídico de las fundaciones del sector público

estatal, manteniendo las líneas fundamentales de la Ley 50/2002, de 26 de

diciembre, de Fundaciones. La creación de las fundaciones, o la adquisición de

forma sobrevenida de esta forma jurídica, se efectuará por ley. Se deberá prever

la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector público

estatal pueda existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria.

Como novedad, se establece con carácter básico el régimen de adscripción

pública de las fundaciones y del protectorado.

Se regulan por último en este Título los fondos carentes de personalidad

jurídica del sector público estatal, figura cuya frecuente utilización demandaba

el establecimiento de un régimen jurídico, y que deberán crearse por ley.

VI

El Título III establece un régimen completo de las relaciones entre las

distintas Administraciones Públicas, que deberán sujetarse a nuevos principios

rectores cuya última ratio se hal a en los artículos 2, 14 y 138 de la Constitución,

como la adecuación al sistema de distribución de competencias, la solidaridad

interterritorial, la programación y evaluación de resultados y el respeto a la

igualdad de derechos de todos los ciudadanos.

Siguiendo la jurisprudencia constitucional, se definen y diferencian dos

principios clave de las relaciones entre Administraciones: la cooperación, que

es voluntaria y la coordinación, que es obligatoria. Sobre esta base se regulan

los diferentes órganos y formas de cooperar y coordinar.

Se desarrollan ampliamente las técnicas de cooperación y en especial, las

de naturaleza orgánica, entre las que destaca la Conferencia de Presidentes,

que se regula por primera vez, las Conferencias Sectoriales y las Comisiones

Bilaterales de Cooperación. Dentro de las funciones de las Conferencias

Sectoriales destaca como novedad la de ser informadas sobre anteproyectos

de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los

Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cuando afecten

de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones

Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable. Con

ello se pretende potenciar la planificación conjunta y evitar la aparición de

duplicidades.

Se aclara que las Conferencias Sectoriales podrán adoptar recomendaciones,

que implican el compromiso de quienes hayan votado a favor a orientar sus

- 144 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

actuaciones en esa materia en el sentido acordado, con la obligación de

motivar su no seguimiento; y acuerdos, que podrán adoptar la forma de planes

conjuntos, que serán de obligado cumplimiento para todos los miembros no

discrepantes, y que serán exigibles ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo. Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones

de coordinación, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el acuerdo

será obligatorio para todas las Administraciones de la conferencia sectorial.

Se prevé el posible funcionamiento electrónico de estos órganos, lo que

favorecerá las convocatorias de las Conferencias Sectoriales, que podrán ser

más frecuentes, ahorrando costes de desplazamiento.

Dentro del deber de colaboración se acotan los supuestos en los que

la asistencia y cooperación puede negarse por parte de la Administración

requerida, y se concretan las técnicas de colaboración: la creación y

mantenimiento de sistemas integrados de información; el deber de asistencia

y auxilio para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones

para el mejor ejercicio de sus competencias y cualquier otra prevista en

la Ley. No obstante, el deber de colaboración al que están sometidas las

Administraciones Públicas se ejercerá con sometimiento a lo establecido en la

normativa específica aplicable.

Se crea un Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de

Cooperación, con efecto constitutivo, de forma que pueda ser de general

conocimiento, de forma fiable, la información relativa a los órganos de

cooperación y coordinación en los que participa la Administración General del

Estado y sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes, y qué

convenios hay en vigor en cada momento.

Se da también respuesta legal a las interrelaciones competenciales que

se han venido desarrollando durante los últimos años, propiciando la creación

voluntaria de servicios integrados o complementarios, en los que cada

Administración tenga en cuenta las competencias de otras Administraciones

Públicas y conozca sus proyectos de actuación para mejorar la eficacia de todo

el sistema administrativo.

También se potencia la disponibilidad de sistemas electrónicos de información

mutua, cada vez más integrados, tal como se ha puesto de relieve con la Ley

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

En las disposiciones adicionales de la Ley se recogen, entre otras materias,

la mención a la Administración de los Territorios Históricos del País Vasco,

los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla, la estructura

administrativa en las islas menores, las relaciones con las ciudades de Ceuta

y Melilla, la adaptación de organismos públicos y entidades existentes, la

gestión compartida de servicios comunes de los organismos públicos

existentes, la transformación de los medios propios existentes, el Registro

estatal de órganos e instrumentos de cooperación, la adaptación de los

convenios vigentes, la Comisión sectorial de administración electrónica, la

adaptación a los consorcios en los que participa el Estado, los conflictos

de atribuciones intraministeriales, así como el régimen jurídico del Banco

- 145 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

de España, las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, las entidades

gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la Agencia Estatal de

Administración Tributaria y la organización militar, únicos cuyas peculiaridades

justifican un tratamiento separado.

En las disposiciones transitorias se establece el régimen aplicable al

sector público institucional existente en la entrada en vigor de la Ley, así

como las reglas aplicables a los procedimientos de elaboración de normas

en curso.

En la disposición derogatoria única se recoge la normativa y las disposiciones

de igual o inferior rango que quedan derogadas.

Entre las disposiciones finales se incluye la modificación de la regulación del

Gobierno contenida en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre; también se modifica

la Ley 33/2003, de 3 de noviembre; se establecen los títulos competenciales en

base a los cuales se dicta la Ley, la habilitación para su desarrol o normativo; y

la entrada en vigor, prevista para un año después de la publicación de la Ley en

el «Boletín Oficial del Estado».

Las modificaciones introducidas en la actual Ley del Gobierno suponen

una serie de trascendentes novedades. Así, se adecúa el régimen de los

miembros del Gobierno a las previsiones de la Ley 3/2015, de 30 de marzo,

reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

En cuanto al Presidente del Gobierno, a los Vicepresidentes y a los Ministros,

se introducen mejoras técnicas sobre el procedimiento y formalidades del

cese. En el caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se

determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa,

así como los medios materiales y personales que queden adscritos a dichos

órganos.

Además de ello, se prevé excepcionalmente la asistencia de otros altos

cargos al Consejo de Ministros, cuando sean convocados, posibilidad que hasta

ahora solo se contemplaba respecto de los Secretarios de Estado.

Se flexibiliza el régimen de la suplencia de los miembros del Consejo de

Ministros, ya que no se considerará ausencia la interrupción transitoria de la

asistencia de los Ministros a las reuniones de un órgano colegiado. En tales

casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del Gobierno

durante esa situación serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango

presente.

El Real Decreto de creación de cada una de las Comisiones Delegadas del

Gobierno deberá regular, además de otras cuestiones, el régimen interno de

funcionamiento y, en particular, el de convocatorias y suplencias. De esta

manera, se completa el régimen de tales órganos.

Se contempla asimismo una habilitación al Gobierno para que defina

determinadas cuestiones, como son la regulación de las precedencias en

los actos oficiales de los titulares de los poderes constitucionales y de las

instituciones nacionales, autonómicas, los Departamentos ministeriales y

los órganos internos de estos, así como el régimen de los expresidentes del

Gobierno.

- 146 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

De acuerdo con el propósito de que la tramitación telemática alcance todos

los niveles del Gobierno, se prevé que el Ministro de la Presidencia pueda dictar

instrucciones para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del

Gobierno que regulen la posible documentación de propuestas y acuerdos por

medios electrónicos.

Los órganos de colaboración y apoyo al Gobierno siguen siendo los mismos

que en la normativa actual: Comisión General de Secretarios de Estado

y Subsecretarios, Secretariado del Gobierno y Gabinetes del Presidente del

Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado.

La Ley introduce mejoras en el funcionamiento de estos órganos, en particular,

atribuyendo a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios el

análisis o discusión de aquel os asuntos que, sin ser competencia del Consejo

de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean

sometidos a la Comisión por su Presidente.

Se recogen también a nivel legal las funciones del Secretariado del Gobierno

como órgano de apoyo del Ministro de la Presidencia, del Consejo de Ministros, de

las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios

de Estado y Subsecretarios, y se le encomiendan otras que están relacionadas

con la tramitación administrativa de la sanción y promulgación real de las Leyes,

la expedición de los Reales Decretos, la tramitación de los actos y disposiciones

del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno o al Presidente

del Congreso de los Diputados y la tramitación de los actos y disposiciones que

el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno,

entre otras.

En cuanto al régimen de funcionamiento del Consejo de Ministros, destaca

como novedad la regulación de la posibilidad de avocar, a propuesta del

Presidente del Gobierno, las competencias cuya decisión corresponda a las

Comisiones Delegadas del Gobierno.

Por último, se modifica el Título V de la Ley del Gobierno, con dos

finalidades.

En primer lugar, se reforma el procedimiento a través del cual se ejerce

la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, en línea con los principios

establecidos con carácter general para todas las Administraciones en la Ley

de Procedimiento Administrativo y que entrañan la elaboración de un Plan

Anual Normativo; la realización de una consulta pública con anterioridad a la

redacción de las propuestas; el reforzamiento del contenido de la Memoria del

Análisis de Impacto Normativo; la atribución de funciones al Ministerio de la

Presidencia para asegurar la calidad normativa; y la evaluación ex post de las

normas aprobadas.

Estas importantes novedades, tributarias de las iniciativas llevadas a

cabo sobre Better Regulation en la Unión Europea, siguen asimismo las

recomendaciones que en esta materia ha formulado la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe emitido en

2014 «Spain: From Administrative Reform to Continous Improvement». Es la

Comunicación de la Comisión Europea al Consejo de 25 de junio de 2008 (A

- 147 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

«Smal Bussiness Act» for Europe) la que entre sus recomendaciones incluye la

de fijar fechas concretas de entrada en vigor de cualquier norma que afecte a

las pequeñas y medianas empresas, propuesta que se incorpora a la normativa

estatal y que contribuirá a incrementar la seguridad jurídica en nuestra actividad

económica.

En segundo lugar, se extrae el artículo dedicado al control del Gobierno

del Título V, en el que impropiamente se encontraba, de modo que pasa a

constituir uno específico con este exclusivo contenido, con una redacción

mas acorde con la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso-

administrativa.

- 148 -

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las

Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de

las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la

organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su

sector público institucional para el desarrol o de sus actividades.

Artículo 2. Ámbito Subjetivo.

1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración Local.

d) El sector público institucional.

2. El sector público institucional se integra por:

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público

vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las

Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas

de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los

principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades

administrativas.

c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y

supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración

General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las

Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos

y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.

- 149 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 3. Principios generales.

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses

generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,

descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a

la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las

actividades materiales de gestión.

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

f) Responsabilidad por la gestión pública.

g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación

de los resultados de las políticas públicas.

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines

institucionales.

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones

Públicas.

2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus

órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través

de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de

los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la

protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la

prestación conjunta de servicios a los interesados.

3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno

de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades

Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrol a para

alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento

jurídico.

4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el

cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

Artículo 4. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para

el desarrollo de una actividad.

1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas

competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos

individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrol o

de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la

- 150 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés

público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen,

sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.

Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.

2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los

requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán,

en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos

en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar,

verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades,

estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.

- 151 -

CAPÍTULO II

De los órganos de las Administraciones Públicas

Sección 1.ª De los órganos administrativos

Artículo 5. Órganos administrativos.

1. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades

administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos

frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

2. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo

ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos

administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.

3. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el

cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de

que se trate y su dependencia jerárquica.

b) Delimitación de sus funciones y competencias.

c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y

funcionamiento.

4. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros

ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la

competencia de estos. A este objeto, la creación de un nuevo órgano sólo tendrá

lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración

Pública que desarrol e igual función sobre el mismo territorio y población.

Artículo 6. Instrucciones y órdenes de servicio.

1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos

jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

Cuando una disposición específica así lo establezca, o se estime conveniente

por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las

instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que

corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública

y buen gobierno.

- 152 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta

por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin

perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

Artículo 7. Órganos consultivos.

La Administración consultiva podrá articularse mediante órganos específicos

dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración

activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia

jurídica.

En tal caso, dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia

jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices

o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las

disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir

con tales garantías de forma colegiada.

Sección 2.ª Competencia

Artículo 8. Competencia.

1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos

administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de

delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta

u otras leyes.

La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación

de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia,

aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se

prevén.

2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos

administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente

dependientes de aquél os en los términos y con los requisitos que prevean las

propias normas de atribución de competencias.

3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin

especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir

y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes

por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior

competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver

los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estos.

Artículo 9. Delegación de competencias.

1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar

el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la

- 153 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes,

o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o

dependientes de aquéllas.

En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de

competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de

quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos

o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección,

de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no

relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior

común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de

quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a

diferentes Ministerios.

Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán

delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos

y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para

alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión.

La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que

dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último

cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad

vinculado o dependiente.

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias

relativas a:

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la

Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias

de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas

Legislativas de las Comunidades Autónomas.

b) La adopción de disposiciones de carácter general.

c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan

dictado los actos objeto de recurso.

d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.

3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse

en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de

la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el

ámbito territorial de competencia de éste.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán

expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano

delegante.

5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las

competencias que se ejerzan por delegación.

No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para

resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del

mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe;

- 154 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento

una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen

o informe preceptivo acerca del mismo.

6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la

haya conferido.

7. El acuerdo de delegación de aquel as competencias atribuidas a órganos

colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial,

deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría.

Artículo 10. Avocación.

1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o

varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación

a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole

técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes

jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente

por el órgano delegante.

2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que

deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con

anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse

en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

Artículo 11. Encomiendas de gestión.

1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la

competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho

Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público

de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias

estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los

medios técnicos idóneos para su desempeño.

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias

de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En

tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de

la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo

responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o

resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta

actividad material objeto de encomienda.

En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de

encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera

- 155 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación

lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las

siguientes reglas:

a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos

o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración

deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en

su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público

intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda

de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín

Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la

Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez

de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o

actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de

la gestión encomendada.

b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de

Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del

correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín

Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la

Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante,

salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades

Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos

insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.

Artículo 12. Delegación de firma.

1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de

su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de

competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en

los titulares de los órganos o unidades administrativas que de el os dependan,

dentro de los límites señalados en el artículo 9.

2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y

para su validez no será necesaria su publicación.

3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar

esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

Artículo 13. Suplencia.

1. En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los

órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos

de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido

declarada su abstención o recusación.

- 156 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se

ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien

dependa.

2. La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez

no será necesaria su publicación.

3. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de

suplente podrá efectuarse:

a) En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos

Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades

vinculados o dependientes según corresponda.

b) Por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el

propio acto de nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el

supuesto que dé lugar a la suplencia.

4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará

constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya

suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.

Artículo 14. Decisiones sobre competencia.

1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución

de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere

competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.

2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse

al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su

competencia y remita las actuaciones al órgano competente.

Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que

requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.

3. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos

de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a

asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas

Subsección 1.ª Funcionamiento

Artículo 15. Régimen.

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas

contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades

organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.

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Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en

que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como

aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones

Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas

de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de

funcionamiento.

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados

en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la

estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de

creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano

colegiado.

3. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos

colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros

deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública

en que se integran. Adicionalmente, las Administraciones podrán publicarlos en

otros medios de difusión que garanticen su conocimiento.

Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2

de este artículo la citada publicidad se realizará por la Administración a quien

corresponda la Presidencia.

Artículo 16. Secretario.

1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro

del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública

correspondiente.

2. Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de

las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo

y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de

acuerdos son respetadas.

3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del

órgano colegiado, éste conservará todos sus derechos como tal.

Artículo 17. Convocatorias y sesiones.

1. Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus

sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a

distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente

lo contrario.

En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus

miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se

asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos,

y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el

contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen,

así como la interactividad e intercomunicación entre el os en tiempo real y la

- 158 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán

incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las

audioconferencias y las videoconferencias.

2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración

de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia,

presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes

les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2,

el Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de

celebración de sesión, si asisten los representantes de las Administraciones

Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros

del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces.

Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario

y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les

suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la

celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad

de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros.

3. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de

convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento.

Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el

número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano.

Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los

miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo

constar en la misma el orden del día junto con la documentación necesaria

para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a

celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que

estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la

reunión.

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure

incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano

colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la

mayoría.

5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Cuando se asista

a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la

sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.

6. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan,

quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los

acuerdos.

7. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al

Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de

sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que

- 159 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de

relacionarse con las Administraciones por esta vía.

Artículo 18. Actas.

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el

Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de

la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los

puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos

adoptados.

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero

resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario

de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte

electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar

al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos

principales de las deliberaciones.

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la

inmediata siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del

Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros

del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su

conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en

caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por

la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de

forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos

correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano

colegiado.

Subsección 2.ª De los órganos colegiados

en la Administración General del Estado

Artículo 19. Régimen de los órganos colegiados de la Administración General

del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes

de ella.

1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de

las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán

por las normas establecidas en este artículo, y por las previsiones que sobre

el os se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

2. Corresponderá a su Presidente:

a) Ostentar la representación del órgano.

- 160 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y

la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones

de los demás miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente

antelación.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrol o de los debates y suspenderlos

por causas justificadas.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto

si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, en los que

el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de

Presidente del órgano.

En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente

será sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el

miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este

orden.

Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el

artículo 15.2 en los que el régimen de sustitución del Presidente debe estar

específicamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por

acuerdo del Pleno del órgano colegiado.

3. Los miembros del órgano colegiado deberán:

a) Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria

conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas

que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual

plazo.

b) Participar en los debates de las sesiones.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar

el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en

las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio

de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de

órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones

de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan

otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso

concreto, por el propio órgano.

En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra

alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán

sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.

- 161 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el artículo 15

las organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a

sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano

colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas

de organización.

Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer estas funciones

cuando concurra conflicto de interés.

4. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario

en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo

dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por

acuerdo del mismo.

Corresponde al Secretario del órgano colegiado:

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la

Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del

Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean

notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de

escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las

sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos

aprobados.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano,

el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la

justifiquen o el sentido de su voto favorable.

Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra

de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la

reunión aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente,

el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así

constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular

voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al texto

aprobado.

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no

obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos que se hayan

adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. Se considerará

aprobada en la misma sesión el acta que, con posterioridad a la reunión, sea

distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de éstos por cualquier

medio del que el Secretario deje expresión y constancia.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la

aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

- 162 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 20. Requisitos para constituir órganos colegiados.

1. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén

integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones

administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control,

y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de

sus Organismos públicos.

2. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del

Estado y en sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable

la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras

Administraciones Públicas por el que dicho órgano se cree, de los siguientes

extremos:

a) Sus fines u objetivos.

b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica.

c) La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de

los restantes miembros.

d) Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así

como cualquier otra que se le atribuya.

e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su

funcionamiento.

3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado

1 de este artículo se ajustará a las normas contenidas en el artículo 19, sin

perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente Ley o en

su norma o convenio de creación.

Artículo 21. Clasificación y composición de los órganos colegiados.

1. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus

Organismos públicos, por su composición, se clasifican en:

a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de

diferentes Ministerios.

b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los

órganos de un solo Ministerio.

2. En los órganos colegiados a los que se refiere el apartado anterior, podrá

haber representantes de otras Administraciones Públicas, cuando éstas lo

acepten voluntariamente, cuando un convenio así lo establezca o cuando una

norma aplicable a las Administraciones afectadas lo determine.

3. En la composición de los órganos colegiados podrán participar, cuando

así se determine, organizaciones representativas de intereses sociales, así como

otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia

o conocimientos que concurran en ellos, en atención a la naturaleza de las

funciones asignadas a tales órganos.

- 163 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 22. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados.

1. La creación de órganos colegiados de la Administración General del

Estado y de sus Organismos públicos sólo requerirá de norma específica,

con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les

atribuyan cualquiera de las siguientes competencias:

a) Competencias decisorias.

b) Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban

servir de base a decisiones de otros órganos administrativos.

c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros

órganos de la Administración General del Estado.

2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de

creación deberá revestir la forma de Real Decreto en el caso de los órganos

colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director

general; Orden ministerial conjunta para los restantes órganos colegiados

interministeriales, y Orden ministerial para los de este carácter.

3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 de este artículo,

los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y

podrán ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios

interesados. Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros.

4. La modificación y supresión de los órganos colegiados y de los grupos

o comisiones de trabajo de la Administración General del Estado y de los

Organismos públicos se llevará a cabo en la misma forma dispuesta para su

creación, salvo que ésta hubiera fijado plazo previsto para su extinción, en cuyo

caso ésta se producirá automáticamente en la fecha señalada al efecto.

Sección 4.ª Abstención y recusación

Artículo 23. Abstención.

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en

quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente

se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior

inmediato, quien resolverá lo procedente.

2. Son motivos de abstención los siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya

resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad

interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el

parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro

del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de

- 164 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes

legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir

despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la

representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas

mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que

se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada

directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios

profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna

de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se

abstengan de toda intervención en el expediente.

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones

Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará,

necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan

intervenido.

5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas

circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda.

Artículo 24. Recusación.

1. En los casos previstos en el artículo anterior, podrá promoverse recusación

por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o

causas en que se funda.

3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si

se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la

concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.

4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en

el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere

oportunos.

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin

perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que

proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.

- 165 -

CAPÍTULO III

Principios de la potestad sancionadora

Artículo 25. Principio de legalidad.

1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá

cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de

Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo

con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades

Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985,

de 2 de abril.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos

administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango

legal o reglamentario.

3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las

Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal

a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de

empleo.

4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por

las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes

estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos

del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones

Públicas.

Artículo 26. Irretroactividad.

1. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el

momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.

2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en

cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la

tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción,

incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor

la nueva disposición.

- 166 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 27. Principio de tipicidad.

1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del

ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin

perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley

7/1985, de 2 de abril.

Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en leves, graves

y muy graves.

2. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán

imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.

3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir

especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones

establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni

alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más

correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las

sanciones correspondientes.

4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles

de aplicación analógica.

Artículo 28. Responsabilidad.

1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción

administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les

reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades

sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que

resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.

2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de

una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición

de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la

indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y

exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.

De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en

función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101

de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas.

3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma

con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán

de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las

sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria

y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de

participación de cada responsable.

- 167 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán

tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la

comisión de infracciones administrativas por quienes se hal en sujetos a una

relación de dependencia o vinculación.

Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas

responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas

dependan o estén vinculadas.

Artículo 29. Principio de proporcionalidad.

1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en

ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.

2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión

de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el

cumplimiento de las normas infringidas.

3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la

imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar

la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la

gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción

considerará especialmente los siguientes criterios:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

c) La naturaleza de los perjuicios causados.

d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una

infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución

firme en vía administrativa.

4. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba

aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las

circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer

la sanción en el grado inferior.

5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión

de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la

infracción más grave cometida.

6. Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de

acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos,

en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.

Artículo 30. Prescripción.

1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes

que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones

- 168 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves

a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán

a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas

por faltas leves al año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde

el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones

continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la

conducta infractora.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado,

de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el

plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante

más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el

día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone

la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado,

del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está

paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto

contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de

la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice

el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

Artículo 31. Concurrencia de sanciones.

1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o

administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho

y fundamento.

2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción

por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y

fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a

efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin

perjuicio de declarar la comisión de la infracción.

- 169 -

CAPÍTULO IV

De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Artículo 32. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las

Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en

cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia

del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los

casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de

soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso

administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí

misma, derecho a la indemnización.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable

económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de

personas.

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las

Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos

como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no

expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando

así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en el os

se especifiquen.

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los

siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los

apartados anteriores:

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango

de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del

apartado 4.

b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al

Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.

4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con

rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización

cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia

- 170 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que

ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad

posteriormente declarada.

5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada

contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el

particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria

de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño,

siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea

posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos

siguientes:

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.

b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.

c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento

de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la

Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango

de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea

producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del

Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que

en ella se establezca otra cosa.

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la

Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,

del Poder Judicial.

8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que

proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de

parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación

de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará

por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la

responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios

causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean

consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los

vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades

que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público.

- 171 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones

Públicas.

1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación

entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos

previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán

frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico

regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la

responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la

producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración

atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad

de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible

dicha determinación.

3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración

competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que

exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas,

será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su

defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor

participación en la financiación del servicio.

4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad

patrimonial, la Administración Pública competente a la que se refiere el

apartado anterior, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas

para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren

procedente.

Artículo 34. Indemnización.

1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes

de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que

no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de

la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos,

todo el o sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las

leyes puedan establecer para estos casos.

En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados

4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de

los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare

la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma

contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra

cosa.

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración

establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas

- 172 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el

mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como

referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en

materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la

lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en

que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de

Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y

de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada,

los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de

noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias

de las Comunidades Autónomas.

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en

especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado

para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que

exista acuerdo con el interesado.

Artículo 35. Responsabilidad de Derecho Privado.

Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través

de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su

responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32

y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la

responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través

de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.

Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las

Administraciones Públicas

Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades

y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere

esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública

correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por

las autoridades y personal a su servicio.

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a

los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y

demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido

por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente

procedimiento.

Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su

cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado

- 173 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional

del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la

producción del resultado dañoso.

3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las

autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados

en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia

graves.

4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren

los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se

iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados

y que constará, al menos, de los siguientes trámites:

a) Alegaciones durante un plazo de quince días.

b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano

competente estime oportunas durante un plazo de quince días.

c) Audiencia durante un plazo de diez días.

d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a

contar desde la finalización del trámite de audiencia.

e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.

5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía

administrativa.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de

pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

Artículo 37. Responsabilidad penal.

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones

Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de

acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las

Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento

de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de

los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la

responsabilidad patrimonial.

- 174 -

CAPÍTULO V

Funcionamiento electrónico del sector público

Artículo 38. La sede electrónica.

1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para

los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad

corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos

públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

2. El establecimiento de una sede electrónica conl eva la responsabilidad del

titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y

los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos

de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de

transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad,

accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse

la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles

para la formulación de sugerencias y quejas.

4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el

establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y

transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las

normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquel os

otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

6. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una

comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados

de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Artículo 39. Portal de internet.

Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya

titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o

entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la

información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.

- 175 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 40. Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas.

1. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un

sel o electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado

que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y

la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la

persona titular en el caso de los sel os electrónicos de órganos administrativos.

La relación de sel os electrónicos utilizados por cada Administración Pública,

incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores

que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos.

Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para

facilitar la verificación de sus sellos electrónicos.

2. Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la

información que se publique como propia en su portal de internet.

Artículo 41. Actuación administrativa automatizada.

1. Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto

o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una

Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la

que no haya intervenido de forma directa un empleado público.

2. En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse

previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la

definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión

y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de

su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado

responsable a efectos de impugnación.

Artículo 42. Sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada.

En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada,

cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de

los siguientes sistemas de firma electrónica:

a) Sel o electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público

o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido

o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma

electrónica.

b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública,

órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos

y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación

de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica

correspondiente.

- 176 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 43. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones

Públicas.

1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de

una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho

público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma

electrónica del titular del órgano o empleado público.

2. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica

que debe utilizar su personal, los cuales podrán identificar de forma conjunta

al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que

presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sistemas de firma

electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del

empleado público.

Artículo 44. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de

comunicación.

1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de

comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos,

organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos

a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las

condiciones establecidas en este artículo.

2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma

Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las

que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores

autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.

3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las

condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante

convenio suscrito entre aquel as.

4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de

comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

Artículo 45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica.

1. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes

que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en

certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica.

2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación

automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando

una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquel os

basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner

a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho

- 177 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá

superponer un sel o electrónico basado en un certificado electrónico reconocido

o cualificado.

Artículo 46. Archivo electrónico de documentos.

1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se

almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.

2. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que

afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en

soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se

originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad

de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la

posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el

acceso desde diferentes aplicaciones.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar

con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional

de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad,

calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En

particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos,

el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de

datos, así como la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos

electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran,

de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y

sistemas utilizados.

- 178 -

CAPÍTULO VI

De los convenios

Artículo 47. Definición y tipos de convenios.

1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las

Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho

público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con

sujetos de derecho privado para un fin común.

No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de

Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones

de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las

Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común,

siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos

y exigibles.

Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los

contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto

en la legislación de contratos del sector público.

2. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos

públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las

Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos:

a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones

Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de

derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones

públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos

de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho

público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o

delegadas.

Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o

más Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios

de las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos

por lo previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía.

b) Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos

y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma

Administración Pública.

c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o

entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado.

- 179 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo

internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados

entre las Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes

de un sujeto de Derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento

jurídico interno que determinen las partes.

Artículo 48. Requisitos de validez y eficacia de los convenios.

1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de

derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en

el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con

sujetos de derecho público y privado, sin que el o pueda suponer cesión de la

titularidad de la competencia.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos

públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán

celebrar convenios los titulares de los Departamentos Ministeriales y los

Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos públicos.

3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión

pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir

a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los

gastos derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para

la Administración Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades

de derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con

los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo

dispuesto en la legislación presupuestaria.

5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser

financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad

para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio.

6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes

no podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.

7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo

previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y

en la normativa autonómica de desarrol o que, en su caso, resulte aplicable.

Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de

competencias en una Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de

las partes. Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o

alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados

- 180 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

o dependientes resultarán eficaces una vez inscritos en el Registro Electrónico

estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al

que se refiere la disposición adicional séptima y publicados en el «Boletín Oficial

del Estado». Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a

la otra Administración firmante.

9. Las normas del presente Capítulo no serán de aplicación a las encomiendas

de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos

administrativos.

Artículo 49. Contenido de los convenios.

Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán

incluir, al menos, las siguientes materias:

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa

cada una de las partes.

b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración

Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público

vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas.

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para

su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados

obtenidos.

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las

partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su

imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto

en la legislación presupuestaria.

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones

y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios

para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del

convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo

resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse

respecto de los convenios.

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa

la modificación el contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los

firmantes.

h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:

1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser

superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el

apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su

prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

- 181 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

En el caso de convenios suscritos por la Administración General del

Estado o alguno de sus organismos públicos y entidades de derecho público

vinculados o dependientes, esta prórroga deberá ser comunicada al Registro

Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se refiere

la disposición adicional séptima.

Artículo 50. Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus

efectos.

1. Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda

prever, será necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa

donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter

no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo

previsto en esta Ley.

2. Los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus

organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes

se acompañarán además de:

a) El informe de su servicio jurídico. No será necesario solicitar este informe

cuando el convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente

por el servicio jurídico que corresponda.

b) Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable.

c) La autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas para su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo

entre las partes.

d) Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones

Públicas incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar

actuaciones a ejecutar exclusivamente por parte de otra Administración Pública

y el Estado asuma, en el ámbito de sus competencias, los compromisos frente

a terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada

a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos.

e) Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades

Autónomas, serán remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas.

Artículo 51. Extinción de los convenios.

1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que

constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

2. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la

prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

- 182 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte

de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora

un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones

o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será

comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control

de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el

incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la

concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La

resolución del convenio por esta causa podrá conl evar la indemnización de los

perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio

o en otras leyes.

Artículo 52. Efectos de la resolución de los convenios.

1. El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación

de los mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de

cada una de las partes.

2. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros,

se entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y

a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias,

teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas

por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido

del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquel a deberá

reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una, en el plazo máximo de

un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación.

Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior,

sin que se haya producido el reintegro, se deberá abonar a dichas partes,

también en el plazo de un mes a contar desde ese momento, el interés de

demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de las

disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la actividad

económico-financiera del sector público.

b) Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes

desde la aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate

la diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las

cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud

del convenio. En ningún caso las partes del convenio tendrán derecho a exigir

al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos.

3. No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de

resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a

- 183 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en

su defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) del

artículo 49, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en

curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su

finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas

en los términos establecidos en el apartado anterior.

Artículo 53. Remisión de convenios al Tribunal de Cuentas.

1. Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio

cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos

deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de

fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda.

2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de

fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, las modificaciones,

prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos

económicos asumidos y la extinción de los convenios indicados.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de

las facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes

órganos de fiscalización externos de las Comunidades Autónomas, para reclamar

cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a

los contratos de cualquier naturaleza y cuantía.

- 184 -

TÍTULO I

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

CAPÍTULO I

Organización administrativa

Artículo 54. Principios y competencias de organización y funcionamiento

de la Administración General del Estado.

1. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con

los principios establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización

funcional y desconcentración funcional y territorial.

2. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen

de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas

específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Administración

General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán al Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas.

Artículo 55. Estructura de la Administración General del Estado.

1. La organización de la Administración General del Estado responde a

los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de

gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades

Autónomas, salvo las excepciones previstas por esta Ley.

2. La Administración General del Estado comprende:

a) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios

comunes.

b) La Organización Territorial.

c) La Administración General del Estado en el exterior.

3. En la organización central son órganos superiores y órganos directivos:

a) Órganos superiores:

1.º Los Ministros.

2.º Los Secretarios de Estado.

- 185 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

b) Órganos directivos:

1.º Los Subsecretarios y Secretarios generales.

2.º Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.

3.º Los Subdirectores generales.

4. En la organización territorial de la Administración General del Estado

son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades

Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados

del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector

general.

5. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos

directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones

internacionales.

6. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto

cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo

previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto

cargo de la Administración General del Estado.

7. Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se

encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o directivo.

8. Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos

órganos directivos.

9. Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación

de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su

desarrollo y ejecución.

10. Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con

lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en

la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la

Administración General del Estado.

11. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora

del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares

de los órganos superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios

de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta Ley,

siendo de aplicación al desempeño de sus funciones:

a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión

desarrollada.

b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior

o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General

Presupuestaria.

- 186 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 56. Elementos organizativos básicos.

1. Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos

de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o

dotaciones de plantil a vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y

orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir unidades administrativas

complejas, que agrupen dos o más unidades menores.

2. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto

funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas

a la misma.

3. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de

puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica,

y se integran en un determinado órgano.

- 187 -

CAPÍTULO II

Los Ministerios y su estructura interna

Artículo 57. Los Ministerios.

1. La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del

Gobierno y en Ministerios, comprendiendo a cada uno de el os uno o varios

sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.

2. La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia

de órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o

dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con

carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro.

3. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia

respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante

Real Decreto del Presidente del Gobierno.

Artículo 58. Organización interna de los Ministerios.

1. En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y Secretarías

Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De el as

dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban.

2. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y

dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los

servicios comunes previstos en este Título.

3. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias

áreas funcionalmente homogéneas.

4. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales

para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la

realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y

responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente

Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos

superiores del Ministerio.

- 188 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 59. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades

administrativas.

1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales

Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos

similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del

Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del

Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican

y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro

de Hacienda y Administraciones Públicas.

3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean,

modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 60. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales.

1. Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores

jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios.

2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan

jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general

y Subdirector general.

Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios

Generales Técnicos tienen categoría de Director general.

Artículo 61. Los Ministros.

Los Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su

competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su

Ministerio, y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin,

les corresponden las siguientes funciones:

a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su

Departamento.

b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del

mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites

de las dotaciones presupuestarias correspondientes.

c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los

presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas.

d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su

Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.

e) Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte

de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia

respecto de la actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos

- 189 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de

noviembre, General Presupuestaria.

f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio

y de los Organismos públicos o entidades de derecho público dependientes

del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros a

otro órgano o al propio organismo, así como elevar a aquél las propuestas de

nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y

de los Organismos Públicos dependientes del mismo.

g) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por

cuantía exacta para altos cargos dependientes del Ministro.

h) Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar

las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las

competencias atribuidas a su Departamento.

i) Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos

del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias

propias.

j) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de

atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con

otros Ministerios.

k) Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin

perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva.

l) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio,

aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo

de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su

competencia, reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en

el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público, así como fijar

los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su

ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento.

Corresponderá al Ministro elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación,

las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de éste.

m) Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o

grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del

órgano superior o directivo que deba representar al Departamento.

n) Remitir la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración

de la Cuenta General del Estado, en los términos previstos en la Ley 47/2003,

26 de noviembre.

ñ) Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los

actos administrativos cuando les corresponda.

o) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las

que corresponda según sus normas reguladoras.

p) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto

propios del Departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales

podrán ser otorgadas por los Secretarios de Estado o el Subsecretario del

Departamento.

q) Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de

Empleo del Departamento y de los organismos públicos de él dependientes.

- 190 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

r) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa

competencia esté delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas las que sean de competencia de este

último.

s) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.

t) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de

organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.

Artículo 62. Los Secretarios de Estado.

1. Los Secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución

de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica.

Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos

Ministros la representación de estos en materias propias de su competencia,

incluidas aquel as con proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso,

de las normas que rigen las relaciones de España con otros Estados y con las

Organizaciones internacionales.

2. Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Secretarías y las

Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el

Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. A

tal fin les corresponde:

a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa

asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el

Ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo

en los casos legalmente reservados al Ministro.

b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en

particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos

de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los

órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.

c) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de

Estado.

d) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas

competentes por razón de la materia.

e) La autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos

adscritos a la Secretaría de Estado, por encima de una cuantía determinada,

según lo previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público.

f) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por

cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado.

g) Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y

los convenios no reservados al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la

correspondiente autorización cuando sea preceptiva.

- 191 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

h) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto

propios de la Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del

Departamento.

i) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los

órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la

vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre

dichos órganos.

j) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio

por su materia propios de la Secretaría de Estado, aprobar las modificaciones

presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a

aquel os créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago

en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo el o

dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre

que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.

k) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.

Artículo 63. Los Subsecretarios.

1. Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio,

dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a

dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes:

a) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del

Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico.

b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos

públicos.

c) Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio,

así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de

planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación

de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

d) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el

funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes

instrucciones u órdenes de servicio.

e) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos

de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus

Organismos públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento

de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y

comunicación.

f) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.

g) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo

de las funciones que a éste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de

su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la

competencia de aquél, así como a los demás órganos del Ministerio.

- 192 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o

proyectos de normas y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente

proceda.

A tales efectos, el Subsecretario será responsable de coordinar las

actuaciones correspondientes dentro del Ministerio y en relación con los demás

Ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento.

h) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría

General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente

de él.

i) Administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio

por su materia propios de la Subsecretaría, aprobar las modificaciones

presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a

aquel os créditos y reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago

en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Todo el o

dentro de la cuantía que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre

que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.

j) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios

del Ministerio con los límites establecidos por el titular del Departamento.

k) Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la

afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento

de los fines de los servicios a cargo del Departamento.

l) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la

Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual

del Departamento.

m) Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.

n) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.

ñ) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas

graves o muy graves, salvo la separación del servicio.

o) Adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes

a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito

de su Departamento Ministerial.

p) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por

cuantía exacta para altos cargos dependientes del Subsecretario.

q) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del

Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la

legislación en vigor.

2. La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la

Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, ejercerá las competencias

propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área

de la Presidencia del Gobierno.

3. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del

Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera

del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales,

pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007,

- 193 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.

En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en

la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la

Administración General del Estado.

Artículo 64. Los Secretarios generales.

1. Cuando las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean la

existencia de un Secretario general, deberán determinar las competencias que

le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado.

2. Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su

responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en

el artículo 62.2.b), así como todas aquel as que les asigne expresamente el Real

Decreto de estructura del Ministerio.

3. Los Secretarios generales, con categoría de Subsecretario, serán

nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta

del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación

y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión

pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad

establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto

cargo de la Administración General del Estado.

Artículo 65. Los Secretarios generales técnicos.

1. Los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del

Subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les

atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las

relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.

2. Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría

de Director General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades

atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente.

3. Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por

Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera

del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales,

pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007,

de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad

establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto

cargo de la Administración General del Estado.

- 194 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 66. Los Directores generales.

1. Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos

encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del

Ministerio. A tal efecto, les corresponde:

a) Proponer los proyectos de su Dirección general para alcanzar los objetivos

establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado

cumplimiento.

b) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección general y las que le

sean desconcentradas o delegadas.

c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que

dependa, la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afectan al

órgano directivo.

d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión

ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos

y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos.

e) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.

2. Los Directores generales serán nombrados y separados por Real Decreto

del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del

Presidente del Gobierno.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera

del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales,

pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley

7/2007, de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de estructura permita que,

en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección

General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse

mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características

que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrán de reunir

los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo,

reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Artículo 67. Los Subdirectores generales.

1. Los Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la

supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan,

de la ejecución de aquel os proyectos, objetivos o actividades que les sean

asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia

de la Subdirección General.

2. Los Subdirectores generales serán nombrados, respetando los principios

de igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el Ministro, Secretario de Estado

o Subsecretario del que dependan.

Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera

del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de

- 195 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

aplicación, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la

Ley 7/2007, de 12 de abril.

Artículo 68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los

Ministerios.

1. Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a

los órganos superiores y directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa

para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente

utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que

tengan asignados.

Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y,

en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación,

programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior,

organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación,

producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios

materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios,

estadística para fines estatales y publicaciones.

2. Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con

las disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con competencia

sobre dichas funciones comunes en la Administración General del Estado. Todo

el o, sin perjuicio de que determinados órganos con competencia sobre algunos

servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerárquicamente de alguno de

los referidos Ministerios.

3. Mediante Real Decreto podrá preverse la gestión compartida de algunos

de los servicios comunes que podrá realizarse de las formas siguientes:

a) Mediante su coordinación directa por el Ministerio de Hacienda

y Administraciones Públicas o por un organismo autónomo vinculado o

dependiente del mismo, que prestarán algunos de estos servicios comunes a

otros Ministerios.

b) Mediante su coordinación directa por la Subsecretaría de cada Ministerio

o por un organismo autónomo vinculado o dependiente de la misma que prestará

algunos de estos servicios comunes a todo el Ministerio. El Real Decreto

que determine la gestión compartida de algunos de los servicios comunes

concretará el régimen de dependencia orgánica y funcional del personal que

viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad.

- 196 -

CAPÍTULO III

Órganos territoriales

Sección 1.ª La organización territorial de la Administración

General del Estado

Artículo 69. Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno.

1. Existirá una Delegación del Gobierno en cada una de las Comunidades

Autónomas.

2. Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en la localidad donde

radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el

Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que

disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.

3. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

4. En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas

pluriprovinciales, existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la

inmediata dependencia del Delegado del Gobierno.

Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las

Comunidades Autónomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la

población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas,

sociales o económicas así lo justifiquen.

Artículo 70. Los Directores Insulares de la Administración General del

Estado.

Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un

Director Insular de la Administración General del Estado, con el nivel que

se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados por el

Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre

funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las

Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como

Subgrupo A1.

Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno

en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia,

- 197 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias

atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

Artículo 71. Los servicios territoriales.

1. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en

la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento

de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del

Gobierno.

2. La organización de los servicios territoriales no integrados en las

Delegaciones del Gobierno se establecerá mediante Real Decreto a propuesta

conjunta del titular del Ministerio del que dependan y del titular del Ministerio

que tenga atribuida la competencia para la racionalización, análisis y evaluación

de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y sus

organismos públicos, cuando contemple unidades con nivel de Subdirección

General o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a órganos

inferiores.

3. Los servicios territoriales no integrados dependerán del órgano central

competente sobre el sector de actividad en el que aquél os operen, el cual les

fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejecución, así como

el funcionamiento de los servicios.

4. Los servicios territoriales integrados dependerán del Delegado del

Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría

General, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas y criterios

operativos establecidos por el Ministerio competente por razón de la materia.

Sección 2.ª Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas

Artículo 72. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

1. Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación

en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la

representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos

Presidentes.

2. Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración

General del Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas y

la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración propia de

cada una de ellas y con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad.

3. Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de

Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y

funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.

- 198 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

4. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real

Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Su

nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia. En

todo caso, deberá reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015,

de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración

General del Estado.

5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación

del Gobierno, será suplido por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado

designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. En las

Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado la

suplencia corresponderá al Secretario General.

Artículo 73. Competencias de los Delegados del Gobierno en las

Comunidades Autónomas.

1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los

titulares de las correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen, en los

términos establecidos en este Capítulo, las siguientes competencias:

a) Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus

Organismos públicos:

1.º Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el

territorio de la Comunidad Autónoma, y, cuando se trate de servicios integrados,

dirigirla, directamente o a través de los subdelegados del gobierno, de acuerdo

con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los

respectivos ministerios.

2.º Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su

ámbito de actuación y, en su caso, a los Directores Insulares, y como superior

jerárquico, dirigir y coordinar su actividad.

3.º Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de

los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado

y los Organismos públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la

Delegación del Gobierno.

b) Información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos:

1.º Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno

y la Administración General del Estado y sus Organismos públicos en la

Comunidad Autónoma.

2.º Promover la colaboración con las restantes Administraciones Públicas en

materia de información al ciudadano.

3.º Recibir información de los distintos Ministerios de los planes y programas

que hayan de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y Organismos

públicos en su ámbito territorial.

- 199 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

4.º Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento

de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico.

c) Coordinación y colaboración con otras Administraciones Públicas:

1.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano

de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones

con las Entidades Locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos

Presidentes.

2.º Mantener las necesarias relaciones de coordinación y cooperación de

la Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de la

Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades Locales. A tal fin,

promoverá la celebración de convenios con la Comunidad Autónoma y con las

Entidades Locales, en particular, en relación a los programas de financiación

estatal, participando en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los

mismos.

3.º Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones

bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de

naturaleza similar cuando se determine.

d) Control de legalidad:

1.º Resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las

resoluciones y actos dictados por los órganos de la Delegación, previo informe,

en todo caso, del Ministerio competente por razón de la materia.

Las impugnaciones de resoluciones y actos del Delegado del Gobierno

susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la vía administrativa,

serán resueltas por los órganos correspondientes del Ministerio competente por

razón de la materia.

Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones

Públicas se tramitarán por el Ministerio competente por razón de la materia y se

resolverán por el titular de dicho Departamento.

2.º Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos

de la Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de

acuerdo con el artículo 117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas, y proponer la suspensión en los restantes

casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios

no integrados en la Delegación del Gobierno.

3.º Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas

constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicación de su normativa,

promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción,

conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes.

e) Políticas públicas:

1.º Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que

estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas

- 200 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de los Organismos públicos,

e informar, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la

gestión de sus servicios territoriales.

2.º Proponer ante el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas las

medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto

en la propia Administración General del Estado como con otras Administraciones

Públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia.

3.º Proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas medidas

para incluir en los planes de recursos humanos de la Administración General

del Estado.

4.º Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en

su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento. En

particular, corresponde a los Delegados del Gobierno, en los términos establecidos

en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones

Públicas, la coordinación de la utilización de los edificios de uso administrativo

por la organización territorial de la Administración General del Estado y de los

organismos públicos de el a dependientes en su ámbito territorial, de acuerdo

con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas y la Dirección General del Patrimonio del Estado.

2. Asimismo, los Delegados del Gobierno ejercerán la potestad sancionadora,

expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean

desconcentradas o delegadas.

3. Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio

de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de

los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del

Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá

las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del

Ministerio del Interior.

4. En relación con los servicios territoriales, los Delegados del Gobierno,

para el ejercicio de las competencias recogidas en este artículo, podrán recabar

de los titulares de dichos servicios toda la información relativa a su actividad,

estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles

e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al

objeto de garantizar una gestión coordinada y eficaz de los servicios estatales

en el territorio.

Sección 3.ª Los Subdelegados del Gobierno en las provincias

Artículo 74. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno

en la respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno,

con nivel de Subdirector General, que será nombrado por aquél mediante el

- 201 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del Estado,

de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a

Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista

Subdelegado, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias que esta Ley

atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

Artículo 75. Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las

provincias.

A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:

a) Desempeñar las funciones de comunicación, colaboración y cooperación

con la respectiva Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales y, en

particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de

financiación estatal. En concreto les corresponde:

1.º Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de

la Administración General del Estado y sus Organismos públicos con la de

la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades locales en el

ámbito de la provincia.

2.º Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano

de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones

con las Entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos

Presidentes.

b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la

seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la

materia. A estos efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

en la provincia.

c) Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia.

d) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General

del Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los

Ministerios correspondientes; e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios

no integrados.

e) Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los

edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia.

f) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las

normas o que les sea desconcentrada o delegada.

Sección 4.ª La estructura de las delegaciones del gobierno

Artículo 76. Estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

1. La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se

fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de

- 202 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las

Delegaciones del Gobierno, y contarán, en todo caso, con una Secretaría General,

dependiente de los Delegados o, en su caso, de los Subdelegados del Gobierno,

como órgano de gestión de los servicios comunes, y de la que dependerán los

distintos servicios integrados en la misma, así como aquel os otros servicios y

unidades que se determine en la relación de puestos de trabajo.

2. La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de

servicios territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno, se llevará a

cabo mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las

Delegaciones del Gobierno, y del Ministerio competente del área de actividad.

Artículo 77. Asistencia jurídica y control económico financiero de las

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico

financiero en relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se

ejercerán por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración

del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa específica.

Sección 5.ª Órganos colegiados

Artículo 78. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración

periférica del Estado.

1. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración

periférica del Estado es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Hacienda

y Administraciones Públicas.

2. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración

periférica del Estado se encargará de coordinar la actuación de la Administración

periférica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales.

3. Mediante Real Decreto se regularán sus atribuciones, composición y

funcionamiento.

Artículo 79. Los órganos colegiados de asistencia al Delegado y al

Subdelegado del Gobierno.

1. En cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá una

Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, con las siguientes

características:

a) Estará presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma

e integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas

en el territorio de ésta.

- 203 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

b) A sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios

territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno

considere oportuno.

c) Esta Comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones:

1.º Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea

en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los

objetivos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.

2.º Homogeneizar el desarrollo de las políticas públicas en su ámbito

territorial, a través del establecimiento de criterios comunes de actuación que

habrán de ser compatibles con las instrucciones y objetivos de los respectivos

departamentos ministeriales.

3.º Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la

elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización

en la utilización de los recursos.

4.º Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la

Comunidad Autónoma resulten adecuadas para que la Comisión territorial

cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias

que esta Ley le asigna.

2. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales existirá una Comisión

de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada

por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales,

tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere

oportuno, con las funciones señaladas en el apartado anterior.

3. En cada Subdelegación del Gobierno existirá una Comisión de asistencia

al Subdelegado del Gobierno presidida por él mismo e integrada por el Secretario

General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados

como no integrados, que el Subdelegado del Gobierno considere oportuno, con

las funciones señaladas en el apartado primero, referidas al ámbito provincial.

- 204 -

CAPÍTULO IV

De la Administración General del Estado en el exterior

Artículo 80. El Servicio Exterior del Estado.

El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su

composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto

en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del

Estado y en su normativa de desarrol o y, supletoriamente, por lo dispuesto en

esta Ley.

- 205 -

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR

PÚBLICO INSTITUCIONAL

CAPÍTULO I

Del sector público institucional

Artículo 81. Principios generales de actuación.

1. Las entidades que integran el sector público institucional están

sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia,

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al

principio de transparencia en su gestión. En particular se sujetarán en

materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la

normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos

generales.

2. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de

supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar

la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad

financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de

mantenimiento, transformación o extinción.

3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la

Administración autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de

esta ley que les resulten de aplicación, y en particular, por lo dispuesto en los

Capítulos I y IV y en los artículos 129 y 134, así como por la normativa propia

de la Administración a la que se adscriban.

Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal,

Autonómico y Local.

1. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y

Local, se configura como un registro público administrativo que garantiza

la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes

del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza

jurídica.

La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá

de la Intervención General de la Administración del Estado y la captación y el

- 206 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

tratamiento de la información enviada por las Comunidades Autónomas y las

Entidades locales para la formación y mantenimiento del inventario dependerá

de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

2. El Inventario de Entidades del Sector Público contendrá, al menos,

información actualizada sobre la naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de

financiación, estructura de dominio, en su caso, la condición de medio propio,

regímenes de contabilidad, presupuestario y de control así como la clasificación

en términos de contabilidad nacional, de cada una de las entidades integrantes

del sector público institucional.

3. Al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier

entidad integrante del sector público institucional, cualquiera que sea su

naturaleza jurídica, será inscrita en el Inventario de Entidades del Sector Público

Estatal, Autonómico y Local.

Artículo 83. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público

Estatal, Autonómico y Local.

1. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a

través de la intervención general de la Administración correspondiente, la

información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades

del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos

reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión

o extinción, en el plazo de treinta días hábiles a contar desde que ocurra el

acto inscribible. En la citada notificación se acompañará la documentación

justificativa que determina tal circunstancia.

2. La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante

del sector público institucional en el Inventario de Entidades del Sector Público

Estatal, Autonómico y Local se realizará de conformidad con las siguientes

reglas:

a) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de

la intervención general de la Administración correspondiente, notificará,

electrónicamente a efectos de su inscripción, al Inventario de Entidades

del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto jurídico

de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la

norma o del acto, según corresponda. A la notificación se acompañará la

copia o enlace a la publicación electrónica del Boletín Oficial en el que se

publicó la norma, o copia del acto jurídico de creación, así como el resto de

documentación justificativa que proceda, como los Estatutos o el plan de

actuación.

b) La inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal,

Autonómico y Local se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes

a la recepción de la solicitud de inscripción.

- 207 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

c) Para la asignación del Número de Identificación Fiscal definitivo y de la

letra identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza

jurídica, por parte de la Administración Tributaria será necesaria la aportación

de la certificación de la inscripción de la entidad en el Inventario de Entidades

del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

- 208 -

CAPÍTULO II

Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal

Artículo 84. Composición y clasificación del sector público institucional

estatal.

1. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:

a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración

General del Estado, los cuales se clasifican en:

1.º Organismos autónomos.

2.º Entidades Públicas Empresariales.

b) Las autoridades administrativas independientes.

c) Las sociedades mercantiles estatales.

d) Los consorcios.

e) Las fundaciones del sector público.

f) Los fondos sin personalidad jurídica.

g) Las universidades públicas no transferidas.

2. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector

público institucional estatal no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras

entidades públicas o privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni

indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en

este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del

Estado en organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a

la participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales.

3. Las universidades públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en

la Ley 47/2003, de 26 de noviembre que les sea de aplicación y lo dispuesto en

esta ley en lo que no previsto en su normativa específica.

Artículo 85. Control de eficacia y supervisión continua.

1. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal estarán

sometidas al control de eficacia y supervisión continua, sin perjuicio de lo

establecido en el artículo 110.

- 209 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional

estatal contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación,

que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la

actividad de la entidad, que se revisarán cada tres años, y que se completará

con planes anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio

siguiente.

2. El control de eficacia será ejercido por el Departamento al que estén

adscritos, a través de las inspecciones de servicios, y tendrá por objeto evaluar

el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad

y la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su

plan de actuación y sus actualizaciones anuales, sin perjuicio del control que de

acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se ejerza por la Intervención

General de la Administración del Estado.

3. Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal

están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención

General de la Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de

los requisitos previstos en esta Ley. En particular verificará, al menos, lo

siguiente:

a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación.

b) Su sostenibilidad financiera.

c) La concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al

incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia

no resulte el medio más idóneo para lograrlos.

Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a

la supervisión continua se determinarán reglamentariamente.

4. Las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua tomarán

en consideración:

a) La información económico financiera disponible.

b) El suministro de información por parte de los organismos públicos y

entidades sometidas al Sistema de control de eficacia y supervisión continúa.

c) Las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos

ministeriales.

Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de

adscripción como por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

se plasmarán en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que, según

las conclusiones que se hayan obtenido, podrá contener recomendaciones de

mejora o una propuesta de transformación o supresión del organismo público

o entidad.

- 210 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 86. Medio propio y servicio técnico.

1. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser

consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores

y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder

adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando

se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para

realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto

social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las

circunstancias siguientes:

a) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta

sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica.

b) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la

necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio

propio o servicio técnico.

Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios

técnicos la comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos.

En la denominación de las entidades integrantes del sector público

institucional que tengan la condición de medio propio deberá figurar

necesariamente la indicación «Medio Propio» o su abreviatura «M.P.».

3. A la propuesta de declaración de medio propio y servicio técnico deberá

acompañarse una memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado

anterior y deberá ser informada por la Intervención General de la Administración

del Estado que vaya a declarar el medio propio y servicio técnico.

Artículo 87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector

público institucional estatal.

1. Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad

mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá

transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades

citadas.

2. La transformación tendrá lugar, conservando su personalidad jurídica, por

cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de

la entidad transformada con sucesión universal de derechos y obligaciones.

La transformación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones

asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones

jurídicas.

- 211 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

3. La transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque

suponga modificación de la Ley de creación.

4. Cuando un organismo autónomo o entidad pública empresarial se

transforme en una entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o

en una fundación del sector público, el Real Decreto mediante el que se lleve a

cabo la transformación deberá ir acompañado de la siguiente documentación:

a) Una memoria que incluya:

1.º Una justificación de la transformación por no poder asumir sus funciones

manteniendo su naturaleza jurídica originaria.

2.º Un análisis de eficiencia que incluirá una previsión del ahorro que

generará la transformación y la acreditación de inexistencia de duplicidades

con las funciones que ya desarrol e otro órgano, organismo público o entidad

preexistente.

3.º Un análisis de la situación en la que quedará el personal, indicando si,

en su caso, parte del mismo se integrará, bien en la Administración General del

Estado o bien en la entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o

fundación que resulte de la transformación.

b) Un informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del

Estado en el que se valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo.

5. La aprobación del Real Decreto de transformación conl evará:

a) La adaptación de la organización de los medios personales, materiales y

económicos que resulte necesaria por el cambio de naturaleza jurídica.

b) La posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en

la Administración General del Estado. En su caso, esta integración se llevará

a cabo de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la

legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable.

Los distintos tipos de personal de la entidad transformada tendrán los

mismos derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la

normativa que les sea de aplicación.

La adaptación, en su caso, de personal que conlleve la transformación no

supondrá, por sí misma, la atribución de la condición de funcionario público al

personal laboral que prestase servicios en la entidad transformada.

La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones

reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de

«a extinguir», debiéndose valorar previamente las características de los puestos

afectados y las necesidades de la entidad donde se integren.

De la ejecución de las medidas de transformación no podrá derivarse

incremento alguno de la masa salarial preexistente en la entidad transformada.

- 212 -

CAPÍTULO III

De los organismos públicos estatales

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 88. Definición y actividades propias.

Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración

General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público,

los creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento,

prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de

interés público susceptibles de contraprestación; actividades de contenido

económico reservadas a las Administraciones Públicas; así como la supervisión

o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su

organización en régimen de descentralización funcional o de independencia.

Artículo 89. Personalidad jurídica y potestades.

1. Los organismos públicos tiene personalidad jurídica pública diferenciada,

patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos

previstos en esta Ley.

2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades

administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que

prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.

Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos la potestad de

ordenar aspectos secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines

y el servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las

disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho servicio.

Los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el

ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos

administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas.

Artículo 90. Estructura organizativa en el sector público estatal.

1. Los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno, y

ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto.

- 213 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Los máximos órganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector. El

estatuto puede, no obstante, prever otros órganos de gobierno con atribuciones

distintas.

La dirección del organismo público debe establecer un modelo de control

orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus

objetivos.

2. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas

la clasificación de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios

previstos en Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el

régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector

público empresarial y otras entidades. A estos efectos, las entidades serán

clasificadas en tres grupos. Esta clasificación determinará el nivel en que la

entidad se sitúa a efectos de:

a) Número máximo de miembros de los órganos de gobierno.

b) Estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de

directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total, con determinación

del porcentaje máximo del complemento de puesto y variable.

Artículo 91. Creación de organismos públicos estatales.

1. La creación de los organismos públicos se efectuará por Ley.

2. La Ley de creación establecerá:

a) El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines

generales, así como el Departamento de dependencia o vinculación.

b) En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su

régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras

que, por su naturaleza, exijan norma con rango de Ley.

3. El anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al

Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos

y de un plan inicial de actuación, junto con el informe preceptivo favorable del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que valorará el cumplimiento

de lo previsto en este artículo.

Artículo 92. Contenido y efectos del plan de actuación.

1. El plan inicial de actuación contendrá, al menos:

a) Las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por

no poder asumir esas funciones otro ya existente, así como la constatación de

que la creación no supone duplicidad con la actividad que desarrol e cualquier

otro órgano o entidad preexistente.

- 214 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

b) La forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta

más eficiente frente a otras alternativas de organización que se hayan descartado.

c) La fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando

los órganos directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios

para su funcionamiento.

d) El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio

junto con un estudio económico-financiero que acredite la suficiencia de la

dotación económica prevista inicialmente para el comienzo de su actividad

y la sostenibilidad futura del organismo, atendiendo a las fuentes futuras de

financiación de los gastos y las inversiones, así como a la incidencia que tendrá

sobre los presupuestos generales del Estado.

e) Los objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los

indicadores para medirlos, y la programación plurianual de carácter estratégico

para alcanzarlos, especificando los medios económicos y personales que dedicará,

concretando en este último caso la forma de provisión de los puestos de trabajo, su

procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones, así como el ámbito temporal

en que se prevé desarrollar la actividad del organismo. Asimismo, se incluirán las

consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y,

en particular, su vinculación con la evaluación de la gestión del personal directivo en

el caso de incumplimiento. A tal efecto, el reparto del complemento de productividad

o concepto equivalente se realizará teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de

los objetivos establecidos en el plan de creación y en los anuales.

2. Los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto

en su plan inicial de actuación. Éste se actualizará anualmente mediante la

elaboración del correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio

siguiente las previsiones del plan de creación. El plan anual de actuación deberá

ser aprobado en el último trimestre del año natural por el departamento del que

dependa o al que esté vinculado el organismo y deberá guardar coherencia con

el Programa de actuación plurianual previsto en la normativa presupuestaria. El

Plan de actuación incorporará, cada tres años, una revisión de la programación

estratégica del organismo.

La falta de aprobación del plan anual de actuación dentro del plazo fijado

por causa imputable al organismo, y hasta tanto se subsane la omisión, llevará

aparejada la paralización de las transferencias que deban realizarse a favor del

organismo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, salvo que el

Consejo de Ministros adopte otra decisión.

3. El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hará

público en la página web del organismo público al que corresponda.

Artículo 93. Contenido de los estatutos.

1. Los estatutos regularán, al menos, los siguientes extremos:

a) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las

potestades administrativas que pueda ostentar.

- 215 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

b) La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la

composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda

a cada órgano. Asimismo se especificarán aquel os de sus actos y resoluciones

que agoten la vía administrativa.

c) El patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de

financiarlos.

d) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y

contratación.

e) La facultad de participación en sociedades mercantiles cuando el o sea

imprescindible para la consecución de los fines asignados.

2. Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por Real Decreto

del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado

o sea dependiente.

3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a

la entrada en funcionamiento efectivo del organismo público.

Artículo 94. Fusión de organismos públicos estatales.

1. Los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán

fusionarse bien mediante su extinción e integración en un nuevo organismo

público, bien mediante su extinción por ser absorbido por otro organismo

público ya existente.

2. La fusión se llevará a cabo mediante norma reglamentaria, aunque

suponga modificación de la Ley de creación. Cuando la norma reglamentaria

cree un nuevo organismo público resultante de la fusión deberá cumplir con

lo previsto en el artículo 91.2 sobre requisitos de creación de organismos

públicos.

3. A la norma reglamentaria de fusión se acompañará un plan de

redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas,

inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de la nueva situación y en

el que debe quedar acreditado el ahorro que generará la fusión.

Si alguno de los organismos públicos estuviese en situación de desequilibrio

financiero se podrá prever, como parte del plan de redimensionamiento, que las

obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables

y derivados de la actividad que ocasionó el desequilibrio, se integren en un

fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo

organismo público o al absorbente, según corresponda.

La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarán de

prestarse tras la fusión, salvo que se prevea su realización futura de forma

sostenible tras la fusión.

El plan de redimensionamiento, previo informe preceptivo de la Intervención

General de la Administración del Estado deberá ser aprobado por cada uno

- 216 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

de los organismos públicos fusionados si se integran en uno nuevo o por el

organismo público absorbente, según corresponda al tipo de fusión.

4. La aprobación de la norma de fusión conl evará:

a) La integración de las organizaciones de los organismos públicos

fusionados, incluyendo los medios personales, materiales y económicos, en los

términos previstos en el plan de redimensionamiento.

b) El personal de los organismos públicos extinguidos se podrá integrar

bien en la Administración General del Estado o bien en el nuevo organismo

público que resulte de la fusión o en el organismo público absorbente, según

proceda, de acuerdo con lo previsto en la norma reglamentaria de fusión y de

conformidad con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación

de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable.

Los distintos tipos de personal de los organismos públicos fusionados

tendrán los derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la

normativa que les sea de aplicación.

La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones

reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de

«a extinguir», debiéndose valorar previamente las características de los puestos

afectados y las necesidades del organismos donde se integren.

Esta integración de personal no supondrá, en ningún caso, la atribución de

la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en

los organismos públicos fusionados.

De la ejecución de las medidas de fusión no podrá derivarse incremento

alguno de la masa salarial en los organismos públicos afectados.

c) La cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el

pasivo de los organismos públicos extinguidos en el nuevo organismo público

resultante de la fusión o en el organismo público absorbente, según proceda,

que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones.

La fusión no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas

ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.

d) Si se hubiera previsto en el plan de redimensionamiento, las obligaciones,

bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables se integrarán

en un fondo, sin personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito

al nuevo organismo público resultante de la fusión o al organismo público

absorbente, según proceda, que designará un liquidador al que le corresponderá

la liquidación de este fondo. Esta liquidación se efectuará de conformidad con

lo previsto en el artículo 97.

La liquidación deberá llevarse a cabo durante los dos años siguientes a

la aprobación de la norma reglamentaria de fusión, salvo que el Consejo de

Ministros acuerde su prórroga, sin perjuicio de los posibles derechos que

puedan corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que

tendrá que ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de

Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la Intervención General

de la Administración del Estado.

- 217 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 95. Gestión compartida de servicios comunes.

1. La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal

incluirá la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo

que la decisión de no compartirlos se justifique, en la memoria que acompañe a

la norma de creación, en términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera, en razones de seguridad nacional o cuando la organización y gestión

compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en

atención a la independencia del organismo.

La organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se

coordinará por el Ministerio de adscripción, por el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas o por un organismo público vinculado o dependiente

del mismo.

2. Se consideran servicios comunes de los organismos públicos, al menos,

los siguientes:

a) Gestión de bienes inmuebles.

b) Sistemas de información y comunicación.

c) Asistencia jurídica.

d) Contabilidad y gestión financiera.

e) Publicaciones.

f) Contratación pública.

Artículo 96. Disolución de organismos públicos estatales.

1. Los Organismos públicos estatales deberán disolverse:

a) Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de

creación.

b) Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los

servicios de la Administración General del Estado.

c) Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no

se justifique la pervivencia del organismo público, y así se haya puesto de

manifiesto en el control de eficacia.

d) Cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento

de los fines que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no

es el medio más idóneo para lograrlos y así se concluya en el control de eficacia

o de supervisión continua.

e) Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante dos

ejercicios presupuestarios consecutivos.

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que

tengan la consideración de Administración Pública a efectos del Sistema

Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema

Europeo de Cuentas, mientras que para los demás entes se entenderá como la

- 218 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

situación de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados

brutos negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos.

f) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

g) Cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento

determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución.

2. Cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de

disolución previstas en las letras a), b), c), d) o f) del apartado anterior, el

titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular

del departamento de adscripción en el plazo de dos meses desde que concurra

la causa de disolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido

la comunicación y concurriendo la causa de disolución, el organismo público

quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico,

salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación

y extinción.

En el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación a la que se

refiere el párrafo anterior, el Consejo de Ministros adoptará el correspondiente

acuerdo de disolución, en el que designará al órgano administrativo o entidad del

sector público institucional estatal que asumirá las funciones de liquidador, y se

comunicará al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico

y Local para su publicación. Transcurrido dicho plazo sin que el acuerdo de

disolución haya sido publicado, el organismo público quedará automáticamente

disuelto y no podrá realizar ningún acto jurídico, salvo los estrictamente

necesarios para garantizar la eficacia de su liquidación y extinción.

3. Cuando un organismo público incurra en la causa de disolución prevista

en la letra e) del apartado 1, el titular del máximo órgano de dirección del

organismo dispondrá del plazo de dos meses, a contar desde la concurrencia de

dicha causa, para comunicarlo a la Administración General del Estado.

En el plazo de dos meses a contar desde la comunicación a la que se refiere

el párrafo anterior, el organismo público, previo informe de la Intervención

General de la Administración del Estado deberá aprobar un plan de corrección del

desequilibrio. Como parte del mencionado plan de corrección, la Administración

General del Estado podrá realizar aportaciones patrimoniales en el ejercicio

presupuestario inmediato anterior.

El plan de corrección se aplicará en el ejercicio presupuestario en el que

se apruebe y en el siguiente. Transcurridos esos dos ejercicios sin que se

haya corregido el desequilibrio, el titular del máximo órgano de dirección del

organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en los cinco

días naturales siguientes a la finalización del plazo mencionado. Recibida la

comunicación, se aplicará lo previsto en el apartado 2, salvo que el Consejo de

Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,

decida prorrogar la duración del plan de corrección. Si transcurre el citado plazo

de cinco días sin que se haya producido dicha comunicación, el organismo

público quedará automáticamente disuelto y no podrá realizar ningún acto

jurídico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su

liquidación y extinción.

- 219 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 97. Liquidación y extinción de organismos públicos estatales.

1. Publicado el acuerdo de disolución al que se refiere el artículo anterior, o

transcurridos los plazos en él establecidos sin que éste haya sido publicado, se

entenderá automáticamente iniciada la liquidación.

2. La liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad

de acto, de todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración

General del Estado que le sucederá universalmente en todos sus derechos

y obligaciones. El órgano o entidad designada como liquidador determinará,

en cada caso, el órgano o entidad concreta, de la Administración General del

Estado, donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del

pasivo del organismo público liquidado.

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro

de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la

Administración General del Estado que lo designó. La Administración General

del Estado podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos

la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados

en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia

graves, conforme a lo previsto en las Leyes administrativas en materia de

responsabilidad patrimonial.

3. La Administración General del Estado quedará subrogada automáticamente

en todas las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus

acreedores, tanto de carácter principal como accesorias, a la fecha de adopción

del acuerdo de disolución o, en su defecto, a la fecha en que concurriera la causa

de disolución, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos. Esta subrogación

no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser

entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas.

4. Formalizada la liquidación del organismo público se producirá su extinción

automática.

Sección 2.ª Organismos autónomos estatales

Artículo 98. Definición.

1. Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con

personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en

su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública,

tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos

o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación,

en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de

ésta.

- 220 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

2. Los organismos autónomos dependen de la Administración General del

Estado a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los

resultados de su actividad y el control de eficacia.

3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo

público tenga la naturaleza jurídica de organismo autónomo deberá figurar en su

denominación la indicación «organismo autónomo» o su abreviatura «O.A.».

Artículo 99. Régimen jurídico.

Los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su

ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de las normas de

derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto

de norma administrativa, se aplicará el derecho común.

Artículo 100. Régimen jurídico del personal y de contratación.

1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o

laboral, y se regirá por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás

normativa reguladora de los funcionarios públicos y por la normativa laboral.

El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos

se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado.

El titular del máximo órgano de dirección del organismo tendrá atribuidas,

en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigne la

legislación específica.

El organismo autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre

recursos humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas y a comunicarle a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones

adopte en aplicación del régimen específico de personal establecido en su Ley

de creación o en sus estatutos.

2. La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto

en la legislación sobre contratación del sector público. El titular del máximo

órgano de dirección del organismo autónomo será el órgano de contratación.

Artículo 101. Régimen económico-financiero y patrimonial.

1. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines,

un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el

conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como

de aquel os del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el

cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los

organismos autónomos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

- 221 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

2. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir

de las siguientes fuentes:

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.

c) Las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos

generales del Estado.

d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la

Administración o entidades públicas.

e) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades

privadas y de particulares.

f) Cualquier otro recurso que estén autorizados a percibir, según las

disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos.

Artículo 102. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-

financiero.

Los organismo autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-

financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26

de noviembre.

Sección 3.ª Las entidades públicas empresariales de ámbito estatal

Artículo 103. Definición.

1. Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público,

con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión,

que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el

ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de

gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles

de contraprestación.

2. Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración

General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente

de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los

resultados de su actividad y el control de eficacia.

3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando un organismo

público tenga naturaleza jurídica de entidad pública empresarial deberá figurar en

su denominación la indicación de «entidad pública empresarial» o su abreviatura

«E.P.E.».

Artículo 104. Régimen jurídico.

Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado,

excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio

- 222 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos

específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación,

sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y

el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de

aplicación.

Artículo 105. Ejercicio de potestades administrativas.

1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas

empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquel os órganos de éstas a los que

los estatutos se les asigne expresamente esta facultad.

2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades

públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo

al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones

que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.

Artículo 106. Régimen jurídico del personal y de contratación.

1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho

laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones

relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado,

quienes se regirán por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, y demás

normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral.

2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme

a las siguientes reglas:

a) El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad,

será nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 11

del artículo 55, atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de

responsabilidad en la gestión pública o privada.

b) El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública

basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del

personal directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto,

previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

4. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará, con la

periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos

de personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios

previamente establecidos por los mismos.

5. La Ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar

las condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración

- 223 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

General del Estado, podrán cubrir destinos en la referida entidad, y establecerá,

asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal

que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los Organismos

autónomos.

6. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las

previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos del sector

público.

Artículo 107. Régimen económico-financiero y patrimonial.

1. Las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento

de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública,

integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como

de aquel os del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el

cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley

33/2003, de 3 de noviembre.

2. Las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos

que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus

actividades comerciales, y con los recursos económicos que provengan de las

siguientes fuentes:

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que

pudiera serle atribuido.

Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse

con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:

a) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos

Generales del Estado.

b) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las

Administraciones o entidades públicas.

c) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades

privadas y de particulares.

3. Las entidades público empresariales se financiarán mayoritariamente

con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con

ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado

de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas.

A tales efectos se tomará en consideración la clasificación de las diferentes

entidades públicas a los efectos de la contabilidad nacional que efectúe el

Comité Técnico de Cuentas Nacionales y que se recogerá en el Inventario de

Entidades del sector Público estatal, Autonómico y Local.

- 224 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 108. Régimen presupuestario, de contabilidad y control económico-

financiero.

Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario,

económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley

47/2003, de 26 de noviembre.

- 225 -

CAPÍTULO IV

Las autoridades administrativas independientes

de ámbito estatal

Artículo 109. Definición.

1. Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal

las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración

General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas

funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores

económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño

de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la

Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una

norma con rango de Ley.

2. Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrol o

de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de

cualquier interés empresarial o comercial.

3. Con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga

la naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente deberá figurar

en su denominación la indicación «autoridad administrativa independiente» o su

abreviatura «A.A.I.».

Artículo 110. Régimen jurídico.

1. Las autoridades administrativas independientes se regirán por su

Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores

económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto

sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en esta

Ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de

14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, así como el resto

de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de

aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho

común.

- 226 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

2. Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al

principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley

Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

- 227 -

CAPÍTULO V

De las sociedades mercantiles estatales

Artículo 111. Definición.

1. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquel a sociedad mercantil

sobre la que se ejerce control estatal:

a) Bien porque la participación directa, en su capital social de la

Administración General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a

lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector público institucional estatal,

incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100.

Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones

correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las entidades

integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el

capital social participen varias de ellas.

b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto

en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,

respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos

vinculados o dependientes.

2. En la denominación de las sociedades mercantiles que tengan la condición

de estatales deberá figurar necesariamente la indicación «sociedad mercantil

estatal» o su abreviatura «S.M.E.».

Artículo 112. Principios rectores.

La Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector

público institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades

mercantiles estatales, perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno

en la gestión de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promoverán

las buenas prácticas y códigos de conducta adecuados a la naturaleza de

cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisión general que ejercerá

el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal,

conforme prevé la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las

Administraciones Públicas.

- 228 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 113. Régimen jurídico.

Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta Ley,

por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento

jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa

presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de

contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen

el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley

pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 114. Creación y extinción.

1. La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este

carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo

de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de

un plan de actuación que contendrá, al menos:

a) Las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder

asumir esas funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de

duplicidades. A estos efectos, deberá dejarse constancia del análisis realizado

sobre la existencia de órganos o entidades que desarrollan actividades análogas

sobre el mismo territorio y población y las razones por las que la creación de la

nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades existentes.

b) Un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más

eficiente frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de

organización que se hayan descartado.

c) Los objetivos anuales y los indicadores para medirlos.

Al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se acompañará un

informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas o la Intervención General de la Administración del Estado, según se

determine reglamentariamente, que valorará el cumplimiento de lo previsto en

este artículo.

El Programa de Actuación Plurianual que conforme a la Ley 47/2003, de

26 de noviembre, deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de

actuación anual que servirá de base para el control de eficacia de la sociedad.

La falta de aprobación del plan de actuación dentro del plazo anual fijado, por

causa imputable a la sociedad y hasta tanto se subsane la omisión, llevará

aparejada la paralización de las aportaciones que deban realizarse a favor de la

sociedad con cargo a los presupuestos generales del Estado.

2. La liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano

de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector

público institucional estatal.

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro

de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la

Administración General del Estado que lo designó, quien podrá exigir de oficio

- 229 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

al empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando

concurra dolo, culpa o negligencia grave conforme a lo previsto en las leyes

administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

Artículo 115. Régimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los

consejos de administración de las sociedades mercantiles estatales designados

por la Administración General del Estado.

1. La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro

del consejo de administración será directamente asumida por la Administración

General del Estado que lo designó.

2. La Administración General del Estado podrá exigir de oficio al empleado

público que designó como miembro del consejo de administración la

responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en

sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia

graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de

responsabilidad patrimonial.

Artículo 116. Tutela.

1. Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma

de sociedad anónima, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.2 de la

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, el Consejo de Ministros podrá atribuir a un

Ministerio, cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto

social de la sociedad, la tutela funcional de la misma.

2. En ausencia de esta atribución expresa corresponderá íntegramente al

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el ejercicio de las facultades

que esta Ley y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, otorgan para la supervisión

de la actividad de la sociedad.

3. El Ministerio de tutela ejercerá el control de eficacia e instruirá a la sociedad

respecto a las líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en

la ejecución de las mismas, y propondrá su incorporación a los Presupuestos de

Explotación y Capital y Programas de Actuación Plurianual, previa conformidad,

en cuanto a sus aspectos financieros, de la Dirección General del Patrimonio

del Estado si se trata de sociedades cuyo capital corresponda íntegramente a

la Administración General del Estado, o del organismo público que sea titular

de su capital.

4. En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular del

departamento al que corresponda su tutela podrá dar instrucciones a las

sociedades, para que realicen determinadas actividades, cuando resulte de

interés público su ejecución.

- 230 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

5. Cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de tutela impliquen

una variación de los Presupuestos de Explotación y Capital de acuerdo con lo

dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el órgano de administración no

podrá iniciar la cumplimentación de la instrucción sin contar con la autorización

del órgano competente para efectuar la modificación correspondiente.

6. En este caso, los administradores de las sociedades a las que se hayan

impartido estas instrucciones actuarán diligentemente para su ejecución, y

quedarán exonerados de la responsabilidad prevista en el artículo 236 del

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si del cumplimiento de dichas

instrucciones se derivaren consecuencias lesivas.

Artículo 117. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-

financiero y de personal.

1. Las sociedades mercantiles estatales elaborarán anualmente un

presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del

Programa Plurianual, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado.

El Programa contendrá la revisión trienal del plan de creación a que se refiere

el artículo 85.

2. Las sociedades mercantiles estatales formularán y rendirán sus cuentas

de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de

Comercio y el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan.

3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la

gestión económico financiera de las sociedades mercantiles estatales estará

sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado.

4. El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga

condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas

que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal,

incluyendo siempre entre las mismas la normativa presupuestaria, especialmente

lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

- 231 -

CAPÍTULO VI

De los consorcios

Artículo 118. Definición y actividades propias.

1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica

propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades

integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de

entidades privadas, para el desarrol o de actividades de interés común a todas

ellas dentro del ámbito de sus competencias.

2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de

gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.

3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos,

en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen

las Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los

convenios internacionales ratificados por España en la materia.

4. En la denominación de los consorcios deberá figurar necesariamente la

indicación «consorcio» o su abreviatura «C».

Artículo 119. Régimen jurídico.

1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa

autonómica de desarrollo y sus estatutos.

2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable,

ni en sus Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución,

liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la

sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto

en el artículo 97, y, en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2

de julio.

3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la

Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la

Administración Local, sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio

respecto a lo dispuesto en esta Ley.

- 232 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 120. Régimen de adscripción.

1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública

a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo.

2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su

aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario,

el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este

periodo, a la Administración Pública que:

a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.

b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros

de los órganos ejecutivos.

c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros

del personal directivo.

d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a

una normativa especial.

e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros

del órgano de gobierno.

f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor

medida la actividad desarrol ada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la

aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.

g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.

h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de

si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios

a las personas, o al desarrol o de actuaciones sobre el territorio.

3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el

consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública

que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.

4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera

que fuere su causa, conl evará la modificación de los estatutos del consorcio

en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio

presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción.

Artículo 121. Régimen de personal.

El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral

y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes.

Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus

retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de

trabajo equivalentes en aquél a.

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal

procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención

a la singularidad de las funciones a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, u órgano competente de la Administración a la que

- 233 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por

parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.

Artículo 122. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-

financiero y patrimonial.

1. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad

y control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de

su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

2. A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones

consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o

convencionales existentes como la financiación real, mediante el análisis de los

desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas.

3. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que

será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya

adscrito el consorcio.

4. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la

cuenta general de la Administración Pública de adscripción.

5. Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración

Pública a la que estén adscritos.

Artículo 123. Creación.

1. Los consorcios se crearán mediante convenio suscrito por las

Administraciones, organismos públicos o entidades participantes.

2. En los consorcios en los que participe la Administración General del

Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se

requerirá:

a) Que su creación se autorice por ley.

b) El convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo

de Ministros. La competencia para la suscripción del convenio no podrá ser

objeto de delegación, y corresponderá al titular del departamento ministerial

participante, y en el ámbito de los organismos autónomos, al titular del máximo

órgano de dirección del organismo, previo informe del Ministerio del que

dependa o al que esté vinculado.

c) Del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 92, y una proyección presupuestaria

trienal, además del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas. El convenio suscrito junto con los estatutos, así como

sus modificaciones, serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

- 234 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 124. Contenido de los estatutos.

Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a

la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de

acuerdo con lo previsto en esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos:

a) Sede, objeto, fines y funciones.

b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones

de sus miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad

previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos

incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades

consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier

otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades

comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la

realización de las actividades presupuestadas.

c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y

funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos.

Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho

de voto o a la participación en la formación de los acuerdos cuando las

Administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus

obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los

compromisos de financiación de las actividades del mismo.

d) Causas de disolución.

Artículo 125. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de

separación de un consorcio.

1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto

en esta Ley o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en

cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración

del consorcio.

Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de

sus miembros podrá separase antes de la finalización del plazo si alguno de

los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones

estatutarias y, en particular, aquel as que impidan cumplir con el fin para el que

fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo

patrimonial.

Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el

Consorcio al que pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.

2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito

notificado al máximo órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá

hacerse constar, en su caso, el incumplimiento que motiva la separación si el

consorcio tuviera duración determinada, la formulación de requerimiento previo

de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el

requerimiento.

- 235 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 126. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un

consorcio.

1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio

salvo que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus

estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al

menos, dos Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o

dependientes de más de una Administración.

2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución

del consorcio se aplicarán las siguientes reglas:

a) Se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite

su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera

correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido

lugar la liquidación, teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los

estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le

hubiera correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota

de liquidación se tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al

fondo patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho

de separación, como la financiación concedida cada año. Si el miembro del

consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado

a el o, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso,

hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.

Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el

pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva,

así como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien

ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.

La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la

cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se

haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.

b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en

la Ley, a la Administración que ha ejercido el derecho de separación,

tendrá que acordarse por el consorcio a quien se adscribe, de las restantes

Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes

de una Administración que permanecen en el consorcio, en aplicación de los

criterios establecidos en la Ley.

Artículo 127. Disolución del consorcio.

1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo

caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio

hayan sido cumplidos.

- 236 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de

disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o

dependiente, de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro

de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad

o la Administración Pública que lo designó, quien podrá exigir de oficio al

empleado público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando haya

concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto en las leyes

administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada

miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si

no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de

acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del

patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto

será el dispuesto en los estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje

de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo

patrimonial del mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de los

miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado

a el o, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso,

hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.

4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar

el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.

5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se

establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la

cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente

adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar

los objetivos del consorcio que se extingue. La cesión global de activos y

pasivos implicará la extinción sin liquidación del consorcio cedente.

- 237 -

CAPÍTULO VII

De las fundaciones del sector público estatal

Artículo 128. Definición y actividades propias.

1. Son fundaciones del sector público estatal aquel as que reúnan alguno de

los requisitos siguientes:

a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria,

directa o indirecta, de la Administración General del Estado o cualquiera de los

sujetos integrantes del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha

aportación con posterioridad a su constitución.

b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por

ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del

sector público institucional estatal con carácter permanente.

c) La mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a

representantes del sector público institucional estatal.

2. Son actividades propias de las fundaciones del sector público estatal las

realizadas, sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general,

con independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante

contraprestación.

Únicamente podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito

competencial de las entidades del sector público fundadoras, debiendo

coadyuvar a la consecución de los fines de las mismas, sin que el o suponga

la asunción de sus competencias propias, salvo previsión legal expresa. Las

fundaciones no podrán ejercer potestades públicas.

En la denominación de las fundaciones del sector público estatal deberá

figurar necesariamente la indicación «fundación del sector público» o su

abreviatura «F.S.P.».

3. Para la financiación de las actividades y el mantenimiento de la fundación,

debe haberse previsto la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones

del sector público pueda existir aportación del sector privado de forma no

mayoritaria.

- 238 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 129. Régimen de adscripción de las fundaciones.

1. Los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública

a la que estará adscrita de conformidad con lo previsto en este artículo.

2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su

aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la

fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario

y por todo este periodo, a la Administración Pública que:

a) Disponga de mayoría de patronos.

b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros

de los órganos ejecutivos.

c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros

del personal directivo.

d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros

del patronato.

e) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor

medida la actividad desarrol ada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la

aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.

f) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.

3. En el supuesto de que participen en la fundación entidades privadas sin

ánimo de lucro, la fundación del sector público estará adscrita a la Administración

que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.

4. El cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que

fuere su causa, conl evará la modificación de los estatutos que deberá realizarse

en un plazo no superior a tres meses, contados desde el inicio del ejercicio

presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción.

Artículo 130. Régimen jurídico.

Las fundaciones del sector público estatal se rigen por lo previsto en esta

Ley, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la legislación

autonómica que resulte aplicable en materia de fundaciones, y por el

ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación

la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de

contratación del sector público.

Artículo 131. Régimen de contratación.

La contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajustará a lo

dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público.

- 239 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 132. Régimen presupuestario, de contabilidad, de control

económico-financiero y de personal.

1. Las fundaciones del sector público estatal elaborarán anualmente un

presupuesto de explotación y capital, que se integrarán con el Presupuesto

General del Estado y formularán y presentarán sus cuentas de acuerdo

con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación

del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y

disposiciones que lo desarrollan, así como la normativa vigente sobre

fundaciones.

2. Las fundaciones del sector público estatal aplicarán el régimen

presupuestario, económico financiero, de contabilidad, y de control establecido

por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de las competencias

atribuidas al Tribunal de Cuentas, estarán sometidas al control de la Intervención

General de la Administración del Estado.

3. El personal de las fundaciones del sector público estatal, incluido el que

tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por

las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector

público estatal, incluyendo entre las mismas la normativa presupuestaria

así como lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del

Estado.

Artículo 133. Creación de fundaciones del sector público estatal.

1. La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición

de este carácter de forma sobrevenida se realizará por ley que establecerá los

fines de la fundación y, en su caso, los recursos económicos con los que se le

dota.

2. El anteproyecto de ley de creación de una fundación del sector público

estatal que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una

propuesta de estatutos y del plan de actuación, de conformidad con lo previsto

en el artículo 92, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de la

Administración del Estado, según se determine reglamentariamente.

3. Los estatutos de las fundaciones del sector público estatal se aprobarán

por Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el

protectorado, que estará determinado en sus Estatutos. No obstante, por Acuerdo

del Consejo de Ministros podrá modificarse el Ministerio al que se adscriba

inicialmente la fundación.

- 240 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 134. Protectorado.

El Protectorado de las fundaciones del sector público será ejercido por el

órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia,

que velará por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa

sobre fundaciones, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisión continua

al que están sometidas de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

Artículo 135. Estructura organizativa.

En las fundaciones del sector público estatal la mayoría de miembros del

patronato serán designados por los sujetos del sector público estatal.

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro

del patronato será directamente asumida por la entidad o la Administración

General del Estado que lo designó. La Administración General del Estado

podrá exigir de oficio al empleado público que designó a esos efectos la

responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en

sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia

graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de

responsabilidad patrimonial.

Artículo 136. Fusión, disolución, liquidación y extinción.

A las fundaciones del sector público estatal le resultará de aplicación el

régimen de fusión, disolución, liquidación y extinción previsto en los artícu-

los 94, 96 y 97.

- 241 -

CAPÍTULO VIII

De los fondos carentes de personalidad jurídica

del sector público estatal

Artículo 137. Creación y extinción.

1. La creación de fondos carentes de personalidad jurídica en el sector

público estatal se efectuará por Ley. La norma de creación determinará

expresamente su adscripción a la Administración General del Estado.

2. Con independencia de su creación por Ley se extinguirán por norma de

rango reglamentario.

3. En la denominación de los fondos carentes de personalidad jurídica deberá

figurar necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o

su abreviatura «F.C.P.J.».

Artículo 138. Régimen jurídico.

Los fondos carentes de personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto

en esta Ley, en su norma de creación, y el resto de las normas de derecho

administrativo general y especial que le sea de aplicación.

Artículo 139. Régimen presupuestario, de contabilidad y de control

económico-financiero.

Los fondos carentes de personalidad jurídica estarán sujetos al régimen de

presupuestación, contabilidad y control previsto en la Ley 47/2003, de 26 de

noviembre.

- 242 -

TÍTULO III

RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I

Principios generales de las relaciones interadministrativas

Artículo 140. Principios de las relaciones interadministrativas.

1. Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con

otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de

éstas de acuerdo con los siguientes principios:

a) Lealtad institucional.

b) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la

Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen

local.

c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de

Administraciones Públicas para el logro de fines comunes.

d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera

voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos

en aras de una acción común.

e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y,

singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de

garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones

Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado

común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento

jurídico.

f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de

recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de

su mejor aprovechamiento.

g) Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de

sus obligaciones y compromisos.

h) Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos

en sus relaciones con las diferentes Administraciones.

i) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución.

- 243 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

2. En lo no previsto en el presente Título, las relaciones entre la

Administración General del Estado o las Administraciones de las Comunidades

Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local se regirán

por la legislación básica en materia de régimen local.

- 244 -

CAPÍTULO II

Deber de colaboración

Artículo 141. Deber de colaboración entre las Administraciones Públicas.

1. Las Administraciones Públicas deberán:

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus

competencias.

b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de

los intereses públicos implicados y, en concreto, aquel os cuya gestión esté

encomendada a las otras Administraciones.

c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre

la actividad que desarrol en en el ejercicio de sus propias competencias o que

sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la

información relativa a una materia.

d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones

pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

e) Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración

y las restantes que se establezcan normativamente.

2. La asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando el

organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para

prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de

medios suficientes para el o o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a

los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias

funciones o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o

reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a

la Administración solicitante.

3. La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas

y las de las Entidades Locales deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución

de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos

ámbitos territoriales. Los posibles costes que pueda generar el deber de

colaboración podrán ser repercutidos cuando así se acuerde.

Artículo 142. Técnicas de colaboración.

Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas

a través de las siguientes técnicas:

a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios

que se hal en a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige

- 245 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio

de sus competencias.

b) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información

administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y

permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa en

todo el territorio nacional.

c) El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas

por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en

especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera

de su ámbito territorial.

d) Cualquier otra prevista en una Ley.

- 246 -

CAPÍTULO III

Relaciones de cooperación

Sección 1.ª Técnicas de cooperación

Artículo 143. Cooperación entre Administraciones Públicas.

1. Las Administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán

acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias

que mejor sirva a este principio.

2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación

expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en

convenios.

Artículo 144. Técnicas de Cooperación.

1. Se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las

técnicas que las Administraciones interesadas estimen más adecuadas, como

pueden ser:

a) La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y,

en su caso, acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias

diferentes Administraciones Públicas.

b) La participación en órganos consultivos de otras Administraciones

Públicas.

c) La participación de una Administración Pública en organismos públicos o

entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente.

d) La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras

Administraciones Públicas.

e) La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la

normativa reguladora de una determinada materia.

f) La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes

Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que

incidan en sus competencias.

g) Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos

los cambios de titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación

patrimonial.

h) Cualquier otra prevista en la Ley.

- 247 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

2. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación

se preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que los

suscriben.

3. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro

electrónico de los órganos de cooperación en los que participe y de convenios

que haya suscrito.

Sección 2.ª Técnicas orgánicas de cooperación

Artículo 145. Órganos de cooperación.

1. Los órganos de cooperación son órganos de composición multilateral

o bilateral, de ámbito general o especial, constituidos por representantes

de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las

Comunidades o Ciudades de Ceuta y Melil a o, en su caso, de las Entidades

Locales, para acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de

las competencias que cada Administración Pública tiene.

2. Los órganos de cooperación se regirán por lo dispuesto en esta Ley y por

las disposiciones específicas que les sean de aplicación.

3. Los órganos de cooperación entre distintas Administraciones Públicas en

los que participe la Administración General del Estado, deberán inscribirse en

el Registro estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para que resulte

válida su sesión constitutiva.

4. Los órganos de cooperación, salvo oposición por alguna de las partes,

podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por

suscripción sucesiva de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en

Derecho, en los términos que se establezcan de común acuerdo.

Artículo 146. Conferencia de Presidentes.

1. La Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación multilateral

entre el Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las Comunidades

Autónomas y está formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por

los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y

Melil a.

2. La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberación de

asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades

Autónomas, estando asistida para la preparación de sus reuniones por un

Comité preparatorio del que forman parte un Ministro del Gobierno, que lo

preside, y un Consejero de cada Comunidad Autónoma.

- 248 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 147. Conferencias Sectoriales.

1. La Conferencia Sectorial es un órgano de cooperación, de composición

multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al

miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del

Estado, resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes

miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades

Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melil a.

2. Las Conferencias Sectoriales, u órganos sometidos a su régimen jurídico

con otra denominación, habrán de inscribirse en el Registro Electrónico estatal

de Órganos e Instrumentos de Cooperación para su válida constitución.

3. Cada Conferencia Sectorial dispondrá de un reglamento de organización

y funcionamiento interno aprobado por sus miembros.

Artículo 148. Funciones de las Conferencias Sectoriales.

1. Las Conferencias Sectoriales pueden ejercer funciones consultivas,

decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias

comunes.

2. En particular, las Conferencias Sectoriales ejercerán, entre otras, las

siguientes funciones:

a) Ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de

reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de

las Comunidades Autónomas cuando afecten de manera directa al ámbito

competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando así esté previsto

en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a través de

la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto.

b) Establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades

Autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión

de duplicidades, y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios

públicos.

c) Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las

distintas Administraciones Públicas, en ejercicio de sus competencias, y que

puedan afectar a las otras Administraciones.

d) Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de

contenido estadístico.

e) Acordar la organización interna de la Conferencia Sectorial y de su método

de trabajo.

f) Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución

territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo

del ejercicio económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26

de noviembre.

- 249 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 149. Convocatoria de las reuniones de las Conferencias

Sectoriales.

1. Corresponde al Ministro que presida la Conferencia Sectorial acordar la

convocatoria de las reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al año, o

cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. En este último

caso, la solicitud deberá incluir la propuesta de orden del día.

2. La convocatoria, que deberá acompañarse de los documentos necesarios

con la suficiente antelación, deberá contener el orden del día previsto para cada

sesión, sin que puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo

que todos los miembros de la Conferencia Sectorial manifiesten su conformidad.

El orden del día de cada reunión será propuesto por el Presidente y deberá

especificar el carácter consultivo, decisorio o de coordinación de cada uno de

los asuntos a tratar.

3. Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto

exclusivo de informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución

y adopción de acuerdos podrá efectuarse por medios electrónicos, telefónicos

o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre el os y la unidad de

acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiéndose los

acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el

procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de

la conferencia sectorial.

De conformidad con lo previsto en este apartado la elaboración y remisión

de actas podrá realizarse a través de medios electrónicos.

Artículo 150. Secretaría de las Conferencias Sectoriales.

1. Cada Conferencia Sectorial tendrá un secretario que será designado por

el Presidente de la Conferencia Sectorial.

2. Corresponde al secretario de la Conferencia Sectorial, al menos, las

siguientes funciones:

a) Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Conferencia Sectorial por

orden del Presidente.

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Conferencia

Sectorial y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o

cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos

aprobados y custodiar la documentación generada con motivo de la celebración

de sus reuniones.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario.

- 250 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 151. Clases de decisiones de la Conferencia Sectorial.

1. La adopción de decisiones requerirá la previa votación de los miembros

de la Conferencia Sectorial. Esta votación se producirá por la representación

que cada Administración Pública tenga y no por los distintos miembros de cada

una de ellas.

2. Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir la

forma de:

a) Acuerdo: supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las

respectivas competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente

exigibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, salvo para quienes hayan votado

en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad. El acuerdo será

certificado en acta.

Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de

coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de

competencias del ámbito material respectivo, el Acuerdo que se adopte en la

Conferencia Sectorial, y en el que se incluirán los votos particulares que se

hayan formulado, será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones

Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido

de su voto, siendo exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13

de julio. El acuerdo será certificado en acta.

Las Conferencias Sectoriales podrán adoptar planes conjuntos, de carácter

multilateral, entre la Administración General del Estado y la de las Comunidades

Autónomas, para comprometer actuaciones conjuntas para la consecución de

los objetivos comunes, que tendrán la naturaleza de Acuerdo de la conferencia

sectorial y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

El acuerdo aprobatorio de los planes deberá especificar, según su

naturaleza, los siguientes elementos, de acuerdo con lo previsto en la legislación

presupuestaria:

1.º Los objetivos de interés común a cumplir.

2.º Las actuaciones a desarrollar por cada Administración.

3.º Las aportaciones de medios personales y materiales de cada

Administración.

4.º Los compromisos de aportación de recursos financieros.

5.º La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y

modificación.

b) Recomendación: tiene como finalidad expresar la opinión de la Conferencia

Sectorial sobre un asunto que se somete a su consulta. Los miembros de la

Conferencia Sectorial se comprometen a orientar su actuación en esa materia

de conformidad con lo previsto en la Recomendación salvo quienes hayan

votado en contra mientras no decidan suscribirla con posterioridad. Si algún

- 251 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

miembro se aparta de la Recomendación, deberá motivarlo e incorporar dicha

justificación en el correspondiente expediente.

Artículo 152. Comisiones Sectoriales y Grupos de trabajo.

1. La Comisión Sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de carácter

general de la Conferencia Sectorial, estando constituida por el Secretario de

Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado al

efecto por el Ministro correspondiente, que la presidirá, y un representante de

cada Comunidad Autónoma, así como un representante de la Ciudad de Ceuta

y de la Ciudad Melilla. El ejercicio de las funciones propias de la secretaría

de la Comisión Sectorial corresponderá a un funcionario del Ministerio

correspondiente.

Si así se prevé en el reglamento interno de funcionamiento de la

Conferencia Sectorial, las comisiones sectoriales y grupos de trabajo podrán

funcionar de forma electrónica o por medios telefónicos o audiovisuales, que

garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la

videoconferencia o el correo electrónico, entendiendo los acuerdos adoptados

en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que

se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la Conferencia

Sectorial.

2. La Comisión Sectorial ejercerá las siguientes funciones:

a) La preparación de las reuniones de la Conferencia Sectorial, para lo que

tratará los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria.

b) El seguimiento de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial.

c) El seguimiento y evaluación de los Grupos de trabajo constituidos.

d) Cualquier otra que le encomiende la Conferencia Sectorial.

3. Las Conferencias Sectoriales podrán crear Grupos de trabajo, de carácter

permanente o temporal, formados por Directores Generales, Subdirectores

Generales o equivalentes de las diferentes Administraciones Públicas que

formen parte de dicha Conferencia, para llevar a cabo las tareas técnicas que

les asigne la Conferencia Sectorial o la Comisión Sectorial. A estos grupos de

trabajo podrán ser invitados expertos de reconocido prestigio en la materia a

tratar.

El director del Grupo de trabajo, que será un representante de la

Administración General del Estado, podrá solicitar con el voto favorable de la

mayoría de sus miembros, la participación en el mismo de las organizaciones

representativas de intereses afectados, con el fin de recabar propuestas o

formular consultas.

Artículo 153. Comisiones Bilaterales de Cooperación.

1. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación son órganos de

cooperación de composición bilateral que reúnen, por un número igual

- 252 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

de representantes, a miembros del Gobierno, en representación de la

Administración General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno

de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de

la Ciudad de Melilla.

2. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación ejercen funciones de consulta

y adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre

las respectivas Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la

Comunidad Autónoma, a la Ciudad de Ceuta o a la Ciudad de Melil a.

3. Para el desarrollo de su actividad, las Comisiones Bilaterales de

Cooperación podrán crear Grupos de trabajo y podrán convocarse y adoptar

acuerdos por videoconferencia o por medios electrónicos.

4. Las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación

revestirán la forma de Acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así

se prevea expresamente, para las dos Administraciones que lo suscriban y en

ese caso serán exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de

julio. El acuerdo será certificado en acta.

5. Lo previsto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de las

peculiaridades que, de acuerdo con las finalidades básicas previstas, se

establezcan en los Estatutos de Autonomía en materia de organización y

funciones de las comisiones bilaterales.

Artículo 154. Comisiones Territoriales de Coordinación.

1. Cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones

administrativas así lo requiera, podrán crearse Comisiones Territoriales de

Coordinación, de composición multilateral, entre Administraciones cuyos

territorios sean coincidentes o limítrofes, para mejorar la coordinación de la

prestación de servicios, prevenir duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad

de los servicios. En función de las Administraciones afectadas por razón de la

materia, estas Comisiones podrán estar formadas por:

a) Representantes de la Administración General del Estado y representantes

de las Entidades Locales.

b) Representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las

Entidades locales.

c) Representantes de la Administración General del Estado, representantes

de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades Locales.

2. La decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Cooperación

revestirán la forma de Acuerdos, que serán certificados en acta y serán de

obligado cumplimiento para las Administraciones que lo suscriban y exigibles

conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio.

- 253 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

3. El régimen de las convocatorias y la secretaría será el mismo que el

establecido para las Conferencias Sectoriales en los artículos 149 y 150, salvo

la regla prevista sobre quién debe ejercer las funciones de secretario, que se

designará según su reglamento interno de funcionamiento.

- 254 -

CAPÍTULO IV

Relaciones electrónicas entre las Administraciones

Artículo 155. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa

de desarrollo, cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes

Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en

su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o

técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de

seguridad, integridad y disponibilidad.

2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquel os

que son requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la

tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia,

de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos.

3. La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas

y las Entidades Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán

en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la

interconexión de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que

interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas y

permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la

interconexión con las redes de las instituciones de la Unión Europea y de otros

Estados Miembros.

Artículo 156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional

de Seguridad.

1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de

criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y

normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que

deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma

de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política

de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente

- 255 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que

garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.

Artículo 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la

Administración.

1. Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo

solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto

de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares,

salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial

protección por una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán

acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones

cedidas.

2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser

declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor

transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente

con el o la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.

3. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición,

desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una

aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de

los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general de

aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existen

soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o

parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden

cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y

seguridad así lo permitan.

En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la

Administración General del Estado como las disponibles en los directorios

integrados de aplicaciones del resto de Administraciones.

En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o

parcial, las Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que

la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme

al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Artículo 158. Transferencia de tecnología entre Administraciones.

1. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados

de aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto

en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser

plenamente interoperables con el directorio general de la Administración

General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática

e interconexión.

- 256 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

2. La Administración General del Estado, mantendrá un directorio general

de aplicaciones para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización

de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares

comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y

seguridad.

- 257 -

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Administración de los Territorios Históricos

del País Vasco.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, a efectos de lo dispuesto en el

artículo segundo, se entenderá por Administraciones Públicas las Diputaciones

Forales y las Administraciones institucionales de ellas dependientes o vinculadas.

Disposición adicional segunda. Delegados del Gobierno en las Ciudades de

Ceuta y Melilla.

1. En las Ciudades de Ceuta y Melil a existirá un Delegado del Gobierno que

representará al Gobierno de la Nación en su territorio.

2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley que hagan referencia

a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas se deberán

entender también referidas a los Delegados del Gobierno en las Ciudades de

Ceuta y Melil a.

3. En las Ciudades de Ceuta y Melil a existirá una Comisión de asistencia

al Delegado del Gobierno, presidida por él mismo e integrada por el Secretario

General y los responsables de los servicios territoriales. A sus sesiones deberán

asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados

como no integrados que el Delegado del Gobierno considere oportuno.

Disposición adicional tercera. Relaciones con las ciudades de Ceuta y

Melilla.

Lo dispuesto en esta Ley sobre las relaciones entre la Administración

General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas será

de aplicación a las relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melil a en la medida

en que afecte al ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas.

Disposición adicional cuarta. Adaptación de entidades y organismos

públicos existentes en el ámbito estatal.

Todas las entidades y organismos públicos que integran el sector público estatal

existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse al

- 258 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

contenido de la misma en el plazo de tres años a contar desde su entrada en vigor,

rigiéndose hasta que se realice la adaptación por su normativa específica.

La adaptación se realizará preservando las actuales especialidades de

los organismos y entidades en materia de personal, patrimonio, régimen

presupuestario, contabilidad, control económico-financiero y de operaciones

como agente de financiación, incluyendo, respecto a estas últimas, el

sometimiento, en su caso, al ordenamiento jurídico privado. Las especialidades

se preservarán siempre que no hubieran generado deficiencias importantes

en el control de ingresos y gastos causantes de una situación de desequilibrio

financiero en el momento de su adaptación.

Las entidades que no tuvieran la consideración de poder adjudicador,

preservarán esta especialidad en tanto no se oponga a la normativa

comunitaria.

Las entidades que tengan como fines la promoción de la internacionalización

de la economía y de la empresa española preservarán además y con las mismas

limitaciones las especialidades en materia de ayudas en tanto no se opongan a

la normativa comunitaria.

Disposición adicional quinta. Gestión compartida de servicios comunes

de los organismos públicos estatales existentes.

1. Los organismos públicos integrantes del sector público estatal a la entrada

en vigor de esta ley compartirán la organización y gestión de sus servicios

comunes salvo que la decisión de no compartirlos se justifique, en una memoria

elaborada al efecto y que se dirigirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas, en términos de eficiencia, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril, en razones de seguridad nacional, o cuando la organización

y gestión compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma

en atención a la independencia del organismo público.

2. La organización y gestión compartida de los servicios comunes a los que

se refiere el artículo 95 podrá realizarse de las formas siguientes:

a) Mediante su coordinación por el departamento con competencias

en materia de Hacienda pública o por un organismo autónomo vinculado o

dependiente del mismo.

b) Mediante su coordinación por el departamento al que esté vinculado o del

que dependa el organismo público.

c) Mediante su coordinación por el organismo público al que esté vinculado

o del que dependa a su vez el organismo público.

Disposición adicional sexta. Transformación de los medios propios estatales

existentes.

Todas las entidades y organismos públicos que en el momento de la entrada

en vigor de esta Ley tengan la condición de medio propio en el ámbito estatal

- 259 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

deberán adaptarse a lo previsto en esta Ley en el plazo de seis meses a contar

desde su entrada en vigor.

Disposición adicional séptima. Registro Electrónico estatal de Órganos e

Instrumentos de Cooperación.

1. La Administración General del Estado mantendrá actualizado un registro

electrónico de los órganos de cooperación en los que participa ella o alguno de

sus organismos públicos o entidades vinculados o dependientes y de convenios

celebrados con el resto de Administraciones Públicas. Este registro será

dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

2. La creación, modificación o extinción de los órganos de cooperación, así

como la suscripción, extinción, prórroga o modificación de cualquier convenio

celebrado por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos

públicos o entidades vinculados o dependientes deberá ser comunicada por el

órgano de ésta que lo haya suscrito, en el plazo de quince días desde que ocurra

el hecho inscribible, al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos

de Cooperación.

3. Los Departamentos Ministeriales que ejerzan la Secretaría de los órganos

de cooperación deberán comunicar al registro antes del 30 de enero de cada

año los órganos de cooperación que hayan extinguido.

4. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará anualmente

al Consejo de Ministros un informe sobre la actividad de los órganos de

cooperación existentes, así como sobre los convenios vigentes a partir de los

datos y análisis proporcionados por el Registro Electrónico estatal de Órganos

e Instrumentos de Cooperación.

5. Los órganos de cooperación y los convenios vigentes disponen del plazo

de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, para solicitar su

inscripción en este Registro.

6. Los órganos de cooperación que no se hayan reunido en un plazo de

cinco años desde su creación o en un plazo de cinco años desde la entrada en

vigor de esta ley quedarán extinguidos.

Disposición adicional octava. Adaptación de los convenios vigentes suscritos

por cualquier Administración Pública e inscripción de organismos y entidades

en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración

Pública o cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes

deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde la

entrada en vigor de esta Ley.

- 260 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo

de vigencia del convenio, por aplicación directa de las reglas previstas en el

artículo 49.h).1.º para los convenios que no tuvieran determinado un plazo

de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo

indefinido en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. En estos casos el

plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en

vigor de la presente Ley.

2. Todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes de cualquier

Administración Pública y cualquiera que sea su naturaleza jurídica, existentes

en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán estar inscritos en el

Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local en el

plazo de tres meses a contar desde dicha entrada en vigor.

Disposición adicional novena. Comisión Sectorial de administración

electrónica.

1. La Comisión Sectorial de administración electrónica, dependiente de

la Conferencia Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de

cooperación de la Administración General del Estado, de las Administraciones

de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en materia de

administración electrónica.

2. El Comisión Sectorial de la administración electrónica desarrollará, al

menos, las siguientes funciones:

a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y

aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas.

b) Impulsar el desarrol o de la administración electrónica en España.

c) Asegurar la cooperación entre las Administraciones Públicas para

proporcionar información administrativa clara, actualizada e inequívoca.

3. Cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés, podrá

invitarse a las organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime

conveniente en cada caso a participar en las deliberaciones de la Comisión

Sectorial.

Disposición adicional décima. Aportaciones a los consorcios.

Cuando las Administraciones Públicas o cualquiera de sus organismos

públicos o entidades vinculados o dependientes sean miembros de un

consorcio, no estarán obligados a efectuar la aportación al fondo patrimonial

o la financiación a la que se hayan comprometido para el ejercicio corriente si

alguno de los demás miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad

de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios anteriores a las que

estén obligados.

- 261 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Disposición adicional undécima. Conflictos de atribuciones intraministeriales.

1. Los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre órganos de un

mismo Ministerio serán resueltos por el superior jerárquico común en el plazo

de diez días, sin que quepa recurso alguno.

2. En los conflictos positivos, el órgano que se considere competente requerirá

de inhibición al que conozca del asunto, quien suspenderá el procedimiento por

un plazo de diez días. Si dentro de dicho plazo acepta el requerimiento, remitirá

el expediente al órgano requirente. En caso de considerarse competente, remitirá

acto seguido las actuaciones al superior jerárquico común.

3. En los conflictos negativos, el órgano que se estime incompetente

remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente,

quien decidirá en el plazo de diez días y, en su caso, de considerarse, asimismo,

incompetente, remitirá acto seguido el expediente con su informe al superior

jerárquico común.

4. Los interesados en el procedimiento plantearán estos conflictos de

acuerdo a lo establecido en el artículo 14.

Disposición adicional duodécima. Régimen Jurídico de las Autoridades

Portuarias y Puertos del Estado.

Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado se regirán por su legislación

específica, por las disposiciones de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que

les sean de aplicación y, supletoriamente, por lo establecido en esta Ley.

Disposición adicional decimotercera. Régimen jurídico de las Entidades

gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

1. A las Entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o

entidades que conforme a la Ley integran la Administración de la Seguridad

Social, les será de aplicación las previsiones de esta Ley relativas a los

organismos autónomos, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

2. El régimen de personal, económico-financiero, patrimonial, presupuestario

y contable, de participación en la gestión, así como la asistencia jurídica, será

el establecido por su legislación específica, por la Ley 47/2003, de 26 de

noviembre, General Presupuestaria, en las materias que sea de aplicación, y

supletoriamente por esta Ley.

Disposición adicional decimocuarta. La organización militar y las

Delegaciones de Defensa.

1. La organización militar se rige por su legislación específica y por las bases

establecidas en la ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa

Nacional.

- 262 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

2. Las Delegaciones de Defensa permanecerán integradas en el Ministerio

de Defensa y se regirán por su normativa específica.

Disposición adicional decimoquinta. Personal militar de las Fuerzas

Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia.

Las referencias que en los artículos 63, 65, 66 y 67 de esta ley se realizan

a los funcionarios de carrera pertenecientes al Subgrupo A1 comprenderán al

personal militar de las Fuerzas Armadas perteneciente a cuerpos y escalas con

una categoría equivalente a aquél a.

Dichas previsiones normativas serán igualmente aplicables al personal

del Centro Nacional de Inteligencia perteneciente al Subgrupo A1, según su

normativa estatutaria.

Disposición adicional decimosexta. Servicios territoriales integrados en las

Delegaciones del Gobierno.

Los servicios territoriales que, a la entrada en vigor de esta Ley, estuviesen

integrados en las Delegaciones del Gobierno continuarán en esta situación,

siendo aplicable a los mismos lo previsto en la presente Ley.

Disposición adicional decimoséptima. Régimen jurídico de la Agencia Estatal

de Administración Tributaria.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria se regirá por su legislación

específica y únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con

su legislación específica por lo previsto en esta Ley.

El acceso, la cesión o la comunicación de información de naturaleza tributaria

se regirán en todo caso por su legislación específica.

Disposición adicional decimoctava. Régimen jurídico del Centro Nacional de

Inteligencia.

La actuación administrativa de los órganos competentes del Centro Nacional

de Inteligencia se regirá por lo previsto en su normativa específica y en lo

no previsto en ella, en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones

propias, por lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición adicional decimonovena. Régimen jurídico del Banco de

España.

El Banco de España en su condición de banco central nacional se regirá, en

primer término, por lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión

Europea, los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco

Central Europeo, el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de

- 263 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

octubre de 2013, y la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de

España.

En lo no previsto en las referidas normas y en cuanto sea compatible con su

naturaleza y funciones será de aplicación lo previsto en la presente Ley.

Disposición adicional vigésima. Régimen jurídico del Fondo de

Reestructuración Ordenada Bancaria.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tendrá la consideración de

autoridad administrativa independiente de conformidad con lo previsto en esta

Ley.

Disposición adicional vigesimoprimera. Órganos Colegiados de Gobierno.

Las disposiciones previstas en esta Ley relativas a los órganos colegiados

no serán de aplicación a los órganos Colegiados del Gobierno de la Nación, los

órganos colegiados de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos

colegiados de gobierno de las Entidades Locales.

Disposición adicional vigesimosegunda. Actuación administrativa de los

órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control

autonómicos.

La actuación administrativa de los órganos competentes del Congreso de

los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal

Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones

autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, se regirá

por lo previsto en su normativa específica, en el marco de los principios que

inspiran la actuación administrativa de acuerdo con esta Ley.

- 264 -

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Composición y clasificación del sector

público institucional.

La composición y clasificación del sector público institucional estatal

prevista en el artículo 84 se aplicará únicamente a los organismos públicos y

las entidades integrantes del sector público institucional estatal que se creen

tras la entrada en vigor de la Ley y a los que se hayan adaptado de acuerdo con

lo previsto en la disposición adicional cuarta.

Disposición transitoria segunda. Entidades y organismos públicos

existentes.

1. Todos los organismos y entidades integrantes del sector público estatal

en el momento de la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose por

su normativa específica, incluida la normativa presupuestaria que les resultaba

de aplicación, hasta su adaptación a lo dispuesto en la Ley de acuerdo con lo

previsto en la disposición adicional cuarta.

2. No obstante, en tanto no resulte contrario a su normativa específica:

a) Los organismos públicos existentes en el momento de la entrada en vigor

de esta Ley y desde ese momento aplicarán los principios establecidos en el

Capítulo I del Título II, el régimen de control previsto en los artículos 85 y 92.2

y lo dispuesto en los artículos 87, 94, 96, 97 si se transformaran, fusionaran,

disolvieran o liquidaran tras la entrada en vigor de esta Ley.

b) Las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, fundaciones y

fondos sin personalidad jurídica existentes en el momento de la entrada en vigor

de esta Ley aplicarán desde ese momento, respectivamente, lo previsto en el

Capítulo V, Capítulo VI, Capítulo VII y Capítulo VIII del Título II.

Disposición transitoria tercera. Procedimientos de elaboración de normas en

la Administración General del Estado.

Los procedimientos de elaboración de normas que se hal aren en tramitación

en la Administración General del Estado a la entrada en vigor de esta Ley

se sustanciarán de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en el

momento en que se iniciaron.

- 265 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de las modificaciones

introducidas en la disposición final novena.

Lo dispuesto en la disposición final novena será de aplicación a los

expedientes de contratación iniciados con posterioridad a la entrada en vigor

de dicha disposición. A estos efectos se entenderá que los expedientes de

contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente

convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de

procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará

en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.

- 266 -

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se

opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente

Ley y, en especial:

a) El artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

del Régimen Local.

b) El artículo 110 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en

materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986,

de 18 de abril.

c) Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la

Administración General del Estado.

d) Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de

Fundaciones.

e) Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los

servicios públicos.

f) Los artículos 12, 13, 14 y 15 y disposición adicional sexta de la Ley

15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras

medidas de reforma administrativa.

g) El artículo 6.1.f), la disposición adicional tercera, la disposición transitoria

segunda y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de

noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio,

de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

h) Los artículos 37, 38, 39 y 40 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el

que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.

Hasta que, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta,

concluya el plazo de adaptación de las agencias existentes en el sector público

estatal, se mantendrá en vigor la Ley 28/2006, de 18 de julio.

- 267 -

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Modificación de la Ley 23/1982, de 16 de junio,

reguladora del Patrimonio Nacional.

El apartado uno del artículo octavo de la Ley 23/1982, de 16 de junio,

reguladora del Patrimonio Nacional, quedará redactado en la forma siguiente:

«Uno. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará

constituido por su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no

superior a trece, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido

prestigio. Al Presidente y al Gerente les será de aplicación lo establecido en

el artículo 2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del

Alto Cargo de la Administración General del Estado, debiendo realizarse su

nombramiento entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades

Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a cuerpos clasificados

en el Subgrupo A1.

Dos de los Vocales, al menos, deberán de provenir de instituciones

museísticas y culturales de reconocido prestigio y proyección internacional.

Igualmente, en dos de los Vocales, al menos, habrá de concurrir la condición

de Alcaldes de Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen bienes

inmuebles históricos del Patrimonio Nacional.

El Presidente, el Gerente y los demás miembros del Consejo de Administración

serán nombrados mediante Real Decreto, previa deliberación del Consejo de

Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de

28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria

y financiera.

Uno. Se añade un nuevo apartado tres a la disposición adicional sexta,

renumerándose los apartados tres a seis como cuatro a siete. El apartado tres

tendrá la siguiente redacción:

- 268 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

«Tres. Consejo General.

1. El Instituto de Crédito Oficial estará regido por un Consejo General, que

tendrá a su cargo la superior dirección de su administración y gestión.

2. El Consejo General estará formado por el Presidente de la entidad, que lo

será también del Consejo, y diez Vocales, y estará asistido por el Secretario y,

en su caso, el Vicesecretario del mismo.

Todos los integrantes del Consejo General actuarán siempre en interés del

Instituto de Crédito Oficial en el ejercicio de sus funciones como miembros del

Consejo General.

3. El nombramiento y cese de los Vocales del Consejo General corresponde

al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad,

que los designará entre personas de reconocido prestigio y competencia

profesional en el ámbito de actividad del Instituto de Crédito Oficial.

4. Cuatro de los diez Vocales del Consejo serán independientes. A tal efecto, se

entenderá independiente aquél que no sea personal al servicio del Sector Público.

5. El mandato de los vocales independientes será de tres años, tras el cual

cabrá una sola reelección.

Reglamentariamente se establecerán las causas de cese de dichos Vocales,

así como el régimen jurídico al que quedan sometidos los integrantes del

Consejo General.

6. Cada uno de los Vocales independientes dispondrá de dos votos

exclusivamente para la adopción de acuerdos relativos a operaciones financieras

de activo y pasivo propias del negocio del Instituto.»

Dos. Se añade una nueva disposición transitoria, que tendrá la siguiente

redacción:

«Disposición transitoria quinta. Operaciones y atribuciones vigentes.

La modificación de la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley

12/1995, de 28 de diciembre, introducida por la disposición final segunda

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

no afectará al régimen de las operaciones del Instituto de Crédito Oficial

actualmente en vigor, sin que por el o se modifiquen los términos y condiciones

de los contratos y convenios suscritos.

Adicionalmente, se mantendrán las atribuciones, poderes y delegaciones

conferidas por el Consejo General en otras autoridades y órganos del Instituto

de Crédito Oficial hasta que el Consejo General decida, en su caso, su

revisión.

Los Consejeros que, a la entrada en vigor de la disposición final segunda

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

- 269 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

formasen parte del Consejo General del Instituto de Crédito Oficial continuarán

en el ejercicio de sus funciones hasta que se nombre a quienes hubieran de

sucederles.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de

noviembre, del Gobierno.

La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, queda modificada en

los siguientes términos:

Uno. El apartado segundo del artículo 4 queda redactado en los siguientes

términos:

«2. Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán

existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de

determinadas funciones gubernamentales. En caso de que existan Ministros

sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias,

la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que

queden adscritos al mismo.»

Dos. Se modifica el artículo 5 que queda redactado en los siguientes

términos:

«Artículo 5. Del Consejo de Ministros.

1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le

corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados

o, en su caso, al Senado.

b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.

d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su

aplicación provisional.

e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos

previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución.

f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de

los Diputados la declaración del estado de sitio.

g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya

sido autorizado por una Ley.

h) Aprobar los reglamentos para el desarrol o y la ejecución de las leyes,

previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones

reglamentarias que procedan.

i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos

Ministeriales.

j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos

de la Administración General del Estado.

- 270 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes

y cualquier otra disposición.

2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de

Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para

ello.

3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.»

Tres. El apartado segundo del artículo 6 queda redactado en los siguientes

términos:

«2. El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá especificar,

en todo caso:

a) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.

b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la

integran.

c) Las funciones que se atribuyen a la Comisión.

d) El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la

misma.

e) El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias

y suplencias.»

Cuatro. El apartado segundo del artículo 7 queda redactado en los siguientes

términos:

«2. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan.

Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección

del Presidente.»

Cinco. El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y

Subsecretarios.

1. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará

integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios

de los distintos Departamentos Ministeriales.

Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquel os altos cargos

con rango de Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el

Presidente por razón de la materia de que se trate.

2. La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y

Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su

defecto, al Ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del Presidente de

la Comisión, la presidencia recaerá en el Ministro que corresponda según el

orden de precedencia de los Departamentos ministeriales. No se entenderá

- 271 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

por ausencia la interrupción transitoria en la asistencia a la reunión de

la Comisión. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al

Presidente serán ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de

conformidad con el orden de precedencia de los distintos Departamentos

ministeriales.

3. La Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y

Subsecretarios será ejercida por el Subsecretario de la Presidencia. En caso

de ausencia, vacante o enfermedad, actuará como Secretario el Director del

Secretariado del Gobierno.

4. Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y

Subsecretarios serán reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar

decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno.

5. Corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y

Subsecretarios:

a) El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación

del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a

cualquiera de los empleos de la categoría de oficiales generales y aquél os que,

excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente

al Consejo de Ministros.

b) El análisis o discusión de aquel os asuntos que, sin ser competencia del

Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios

y sean sometidos a la Comisión por su presidente.»

Seis. Se modifica el artículo 9 que queda redactado en los siguientes

términos:

«Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno.

1. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de

Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General

de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones:

a) La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.

b) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos

colegiados anteriormente enumerados.

c) La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas

del Gobierno.

d) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las

reuniones.

e) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables

a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las

disposiciones aprobadas por el Gobierno.

- 272 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

f) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas

emanadas del Gobierno que deban insertarse en el "Boletín Oficial del

Estado".

2. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia al

Ministro de la Presidencia, ejercerá las siguientes funciones:

a) Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes

aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de los Reales Decretos.

b) La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo

corresponde al Presidente del Gobierno.

c) La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico

atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno.

3. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica

del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de

estructura de ese Ministerio. El Director del Secretariado del Gobierno ejercerá

la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y

Subsecretarios.

4. De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con

las normas que rigen la elaboración de las disposiciones de carácter general, el

Secretariado del Gobierno propondrá al Ministro de la Presidencia la aprobación

de las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante

los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el apartado

segundo de este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de

documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrónicos, que

deberán asegurar la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del

contenido.»

Siete. El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 10. De los Gabinetes.

1. Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente

del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios

de Estado. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza

y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar

actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la

Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a

ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados

que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los

gabinetes podrán dictar los actos administrativos propios de la jefatura de

la unidad que dirigen.

Particularmente, los Gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno

y Secretarios de Estado en el desarrol o de su labor política, en el cumplimiento

- 273 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones

y la organización administrativa.

El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regulará por Real Decreto

del Presidente en el que se determinará, entre otros aspectos, su estructura y

funciones. El resto de Gabinetes se regulará por lo dispuesto en esta Ley.

2. Los Directores de Gabinete tendrán el nivel orgánico que se determine

reglamentariamente. El resto de miembros del Gabinete tendrán la situación

y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislación

correspondiente.

3. Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el

Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas

al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración

General del Estado.»

Ocho. Se modifica el artículo 11 con la siguiente redacción:

«Artículo 11. De los requisitos de acceso al cargo.

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad,

disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar

inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y

reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de

marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del

Estado.»

Nueve. El artículo 12 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 12. Del nombramiento y cese.

1. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producirá en los

términos previstos en la Constitución.

2. Los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el

Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. El nombramiento conllevará

el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeñando, salvo

cuando en el caso de los Vicepresidentes, se designe como tal a un

Ministro que conserve la titularidad del Departamento. Cuando el cese

en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros, se dejará

constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. La

separación de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de

dichos órganos.

3. La separación de los Vicepresidentes del Gobierno llevará aparejada la

extinción de dichos órganos, salvo el caso en que simultáneamente se designe

otro vicepresidente en sustitución del separado.

- 274 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

4. Por Real Decreto se regulará el estatuto que fuera aplicable a los

Presidentes del Gobierno tras su cese.»

Diez. El artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 13. De la suplencia.

1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del

Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con

el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de el os, por los Ministros,

según el orden de precedencia de los Departamentos.

2. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos

de su competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del

Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El

Real Decreto expresará entre otras cuestiones la causa y el carácter de la

suplencia.

3. No se entenderá por ausencia la interrupción transitoria de la asistencia

a la reunión de un órgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran

corresponder al miembro del gobierno durante esa situación serán ejercidas por

la siguiente autoridad en rango presente.»

Once. El artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 20. Delegación y avocación de competencias.

1. Pueden delegar el ejercicio de competencias propias:

a) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes

y de los Ministros.

b) Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios

dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades

Autónomas y de los demás órganos directivos del Ministerio.

2. Asimismo, son delegables a propuesta del Presidente del Gobierno las

funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas

del Gobierno.

3. No son en ningún caso delegables las siguientes competencias:

a) Las atribuidas directamente por la Constitución.

b) Las relativas al nombramiento y separación de los altos cargos atribuidas

al Consejo de Ministros.

c) Las atribuidas a los órganos colegiados del Gobierno, con la excepción

prevista en el apartado 2 de este artículo.

d) Las atribuidas por una ley que prohíba expresamente la delegación.

- 275 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

4. El Consejo de Ministros podrá avocar para sí, a propuesta del Presidente

del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las

Comisiones Delegadas del Gobierno.

La avocación se realizará mediante acuerdo motivado al efecto, del

que se hará mención expresa en la decisión que se adopte en el ejercicio

de la avocación. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque

podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la decisión

adoptada.»

Doce. El Título V queda redactado del siguiente modo:

«TÍTULO V

De la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno

Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria

del Gobierno.

El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad

con los principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas y en el presente Título.

Artículo 23. Disposiciones de entrada en vigor.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, las

disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación

o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan

nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una

actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta,

preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a

su aprobación.

Lo previsto en este artículo no será de aplicación a los reales decretos-leyes,

ni cuando el cumplimiento del plazo de transposición de directivas europeas

u otras razones justificadas así lo aconsejen, debiendo quedar este hecho

debidamente acreditado en la respectiva Memoria.

Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del

Gobierno de la Nación y de sus miembros.

1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las

formas siguientes:

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que

aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la

Constitución.

- 276 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos

cuya adopción venga atribuida al Presidente.

c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que

aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones

que deban adoptar dicha forma jurídica.

d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano

colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto.

e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno,

las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales

acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o

del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a

distintos Ministros.

f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros.

Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá

la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los

Ministros interesados.

2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:

1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o

acordado en el Consejo de Ministros.

2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.

Artículo 25. Plan Anual Normativo.

1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá

las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su

aprobación en el año siguiente.

2. El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se

establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un

análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente

al coste que suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas

administrativas impuestas a estos últimos.

3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una

propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere

el presente artículo será necesario justificar este hecho en la correspondiente

Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la

Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas

que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable

a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo.

El Ministro de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros para su

aprobación antes del 30 de abril.

- 277 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobarán los modelos que

contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su

inclusión en el Plan.

Artículo 26. Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y

reglamentos.

La elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto

legislativo y de normas reglamentarias se ajustará al siguiente procedimiento:

1. Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen

convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.

2. Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del

departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la

que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura

norma y de las organizaciones más representativas acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este

apartado en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u

organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones

dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de

interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no

tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga

obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de

una materia. También podrá prescindirse de este trámite de consulta en

el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se

establece en el artículo 27.2. La concurrencia de alguna o varias de estas

razones, debidamente motivadas, se justificarán en la Memoria del Análisis

de Impacto Normativo.

La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales

destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual

deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a

quince días naturales.

3. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una

Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que deberá contener los siguientes

apartados:

a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, lo

que deberá incluir una justificación de la necesidad de la nueva norma frente a

la alternativa de no aprobar ninguna regulación.

- 278 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

b) Contenido y análisis jurídico, con referencia al Derecho nacional y de

la Unión Europea, que incluirá el listado pormenorizado de las normas que

quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma.

c) Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución

de competencias.

d) Impacto económico y presupuestario, que evaluará las consecuencias

de su aplicación sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la

norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la

competitividad y su encaje con la legislación vigente en cada momento sobre

estas materias. Este análisis incluirá la realización del test Pyme de acuerdo con

la práctica de la Comisión Europea.

e) Asimismo, se identificarán las cargas administrativas que conlleva la

propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración

y para los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las

pequeñas y medianas empresas.

f) Impacto por razón de género, que analizará y valorará los resultados

que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la perspectiva de

la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución de los

objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a

partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de

previsión de impacto.

g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite de

consulta pública regulado en el apartado 2.

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluirá cualquier otro

extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente.

4. Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un

proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el

titular o titulares de los Departamentos proponentes lo elevarán, previo

sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios,

al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites

y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten

convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de

los legalmente preceptivos.

Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan

cumplimentado los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros

podrá prescindir de este y acordar la aprobación del anteproyecto de ley o

proyecto de real decreto legislativo y su remisión, en su caso, al Congreso de

los Diputados o al Senado, según corresponda.

5. A lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro

directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes que

resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes

para garantizar el acierto y la legalidad del texto.

- 279 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos

se emitirán en un plazo de diez días, o de un mes cuando el informe se

solicite a otra Administración o a un órgano u Organismo dotado de espacial

independencia o autonomía.

El centro directivo competente podrá solicitar motivadamente la emisión

urgente de los informes, estudios y consultas solicitados, debiendo éstos ser

emitidos en un plazo no superior a la mitad de la duración de los indicados en

el párrafo anterior.

En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo

y los proyectos de disposiciones reglamentarias, deberán ser informados por la

Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes.

Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organización

administrativa de la Administración General del Estado, a su régimen de

personal, a los procedimientos y a la inspección de los servicios, será necesario

recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas antes de ser sometidas al órgano competente para promulgarlos. Si

transcurridos 15 días desde la recepción de la solicitud de aprobación por parte

del citado Ministerio no se hubiera formulado ninguna objeción, se entenderá

concedida la aprobación.

Será además necesario informe previo del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas cuando la norma pudiera afectar a la distribución de

las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa,

cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el

centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente,

con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas

aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o

asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas

cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos

fines guarden relación directa con su objeto.

El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días

hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles cuando

razones debidamente motivadas así lo justifiquen; así como cuando se aplique

la tramitación urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el

artículo 27.2. De el o deberá dejarse constancia en la Memoria del Análisis de

Impacto Normativo.

El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando

existan graves razones de interés público, que deberán justificarse en la

Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Asimismo, no será de aplicación

a las disposiciones presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y

autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas

a éstas.

- 280 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

7. Se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo

equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente.

8. Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión

General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de

Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al

Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, acompañándolo de una

Exposición de Motivos y de la documentación propia del procedimiento de

elaboración a que se refieren las letras b) y d) del artículo 7 de la Ley 19/2013,

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen

gobierno y su normativa de desarrol o.

9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación

y la calidad de la actividad normativa del Gobierno analizará los siguientes

aspectos:

a) La calidad técnica y el rango de la propuesta normativa.

b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico,

nacional y de la Unión Europea, con otras que se estén elaborando en los

distintos Ministerios o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual

Normativo, así como con las que se estén tramitando en las Cortes Generales.

c) La necesidad de incluir la derogación expresa de otras normas, así como

de refundir en la nueva otras existentes en el mismo ámbito.

d) El contenido preceptivo de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo

y, en particular, la inclusión de una sistemática de evaluación posterior de la

aplicación de la norma cuando fuere preceptivo.

e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Título.

f) El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de

reducción de cargas administrativas o buena regulación que se hayan aprobado

en disposiciones o acuerdos de carácter general para la Administración General

del Estado.

g) La posible extralimitación de la iniciativa normativa respecto del contenido

de la norma comunitaria que se trasponga al derecho interno.

Reglamentariamente se determinará la composición del órgano encargado

de la realización de esta función así como su modo de intervención en el

procedimiento.

10. Se conservarán en el correspondiente expediente administrativo, en

formato electrónico, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, los informes

y dictámenes recabados para su tramitación, así como todos los estudios y

consultas emitidas y demás actuaciones practicadas.

11. Lo dispuesto en este artículo y en el siguiente no será de aplicación para

la tramitación y aprobación de decretos-leyes, a excepción de la elaboración de

la memoria prevista en el apartado 3, con carácter abreviado, y lo establecido

en los números 1, 8, 9 y 10.

- 281 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Artículo 27. Tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la

Administración General del Estado.

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al

que corresponda la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente

del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley,

reales decretos legislativos y de reales decretos, en alguno de los siguientes

casos:

a) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo

exigido para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en

otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea.

b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo

podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma.

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo que acompañe al proyecto

mencionará la existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las

circunstancias que le sirven de fundamento.

2. La tramitación por vía de urgencia implicará que:

a) Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento

de elaboración, establecidos en ésta o en otra norma, se reducirán a la mitad

de su duración. Si, en aplicación de la normativa reguladora de los órganos

consultivos que hubieran de emitir dictamen, fuera necesario un acuerdo para

requerirlo en dicho plazo, se adoptará por el órgano competente; y si fuera el

Consejo de Ministros, se recogerá en el acuerdo previsto en el apartado 1 de

este artículo.

b) No será preciso el trámite de consulta pública previsto en el artículo

26.2, sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia pública o de

información pública sobre el texto a los que se refiere el artículo 26.6, cuyo

plazo de realización será de siete días.

c) La falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo

no impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de su eventual

incorporación y consideración cuando se reciba.

Artículo 28. Informe anual de evaluación.

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia,

aprobará, antes del 30 de abril de cada año, un informe anual en el que se

refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior,

las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado

Plan, así como las incluidas en anteriores informes de evaluación con objetivos

plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año que

se evalúa.

- 282 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

2. En el informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de

las normas a que se refiere el artículo 25.2, que, de acuerdo con lo previsto en

su respectiva Memoria, hayan tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior.

La evaluación se realizará en los términos y plazos previstos en la Memoria del

Análisis de Impacto Normativo y deberá comprender, en todo caso:

a) La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha

conseguido los fines pretendidos con su aprobación.

b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que

podrían no haber sido necesarias.

c) La sostenibilidad de la disposición.

El informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y,

en su caso, derogación de las normas evaluadas, cuando así lo aconsejase el

resultado del análisis.»

Trece. Se añade un Título VI en el que se incluye el artículo 26 actual, que

se renumera como artículo 29, y que queda redactado del siguiente modo:

«TÍTULO VI

Del control del Gobierno

Artículo 29. Del control de los actos del Gobierno.

1. El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento

jurídico en toda su actuación.

2. Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control

político de las Cortes Generales.

3. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan

una vía de hecho del Gobierno y de los órganos y autoridades regulados en la

presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa,

de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora.

4. La actuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional

en los términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 50/2002, de 26 de

diciembre, de Fundaciones.

El apartado 2 del artículo 34 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de

Fundaciones, queda redactado en los siguientes términos:

«2. Las funciones de Protectorado respecto de las fundaciones de

competencia estatal serán ejercidas por la Administración General del Estado a

- 283 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

través de un único órgano administrativo, en la forma que reglamentariamente

se determine.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio,

Concursal.

La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda modificada en los siguientes

términos:

Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como sigue:

«1. Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor,

cualquiera de sus acreedores y el mediador concursal cuando se trate del

procedimiento regulado en el Título X de esta Ley.

Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la

solicitud el órgano de administración o de liquidación.»

Dos. El artículo 34 ter queda redactado como sigue:

«Artículo 34 ter. Régimen de la cuenta de garantía arancelaria.

1. El Ministerio de Justicia gestionará la cuenta de garantía arancelaria en

la forma que se determine reglamentariamente, ya sea directamente o a través

de terceros.

2. La gestión de la cuenta y el control de los ingresos y los cargos se

realizará a través de la aplicación informática que determine el Ministerio de

Justicia. La aplicación dispondrá de los mecanismos adecuados de control,

seguridad y supervisión, y deberá garantizar la autenticidad, confidencialidad,

integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos

mediante la expedición de órdenes telemáticas de transferencia y mandamientos

de pago, así como proporcionar información sobre los movimientos y saldos de

las cuentas.

3. En los casos de falta de medios informáticos adecuados o imposibilidad

técnica sobrevenida, se podrán emitir mandamientos de pago u órdenes de

transferencia de forma manual utilizando los impresos normalizados.

4. La cuenta de garantía arancelaria permitirá el control de las aportaciones

que corresponden a los administradores concursales. Si en el momento de

la rendición de cuentas el administrador concursal no hubiera realizado los

ingresos en la cuenta a los que estuviera obligado, el secretario judicial le

instará a que lo haga en el plazo de 10 días. Si transcurrido dicho plazo no

hubiera cumplido con su obligación, será dado de baja en la sección cuarta del

Registro Público Concursal hasta que proceda a su abono.»

- 284 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Tres. El apartado 2 del artículo 34 quáter de la Ley Concursal quedará con

la siguiente redacción:

«2. Antes de la presentación del informe de rendición de cuentas, la

administración concursal deberá ingresar en la cuenta de garantía arancelaria las

aportaciones obligatorias establecidas en el apartado anterior, calculadas sobre

las cantidades efectivamente percibidas. Simultáneamente, la administración

concursal o cada uno de los administradores concursales deberán dar cuenta

al secretario judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe

ingresado.»

Cuatro. El punto 6.º del apartado 1 del artículo 90 queda redactado como

sigue:

«6.º Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público,

sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o

de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en

documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos

pignorados.

Los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros sólo

gozarán de privilegio especial cuando concurran los siguientes requisitos antes

de la declaración de concurso:

a) Que los créditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones

jurídicas constituidas con anterioridad a dicha declaración.

b) Que la prenda esté constituida en documento público o, en el caso de

prenda sin desplazamiento de la posesión, se haya inscrito en el registro público

competente.

c) Que, en el caso de créditos derivados de la resolución de contratos de

concesión de obras o de gestión de servicios públicos, cumplan, además, con

lo exigido en el artículo 261.3 del texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre.»

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,

del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones

Públicas queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El apartado 1 del artículo 166, queda redactado como sigue:

«1. Las disposiciones de este título serán de aplicación a las siguientes

entidades:

a) Las entidades públicas empresariales, a las que se refiere la Sección 3.ª

del capítulo III del Título II de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

- 285 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

b) Las entidades de Derecho público vinculadas a la Administración General

del Estado o a sus organismos públicos cuyos ingresos provengan, al menos en

un 50 por ciento, de operaciones realizadas en el mercado.

c) Las sociedades mercantiles estatales, entendiendo por tales aquellas

sobre la que se ejerce control estatal:

1.º Bien porque la participación directa en su capital social de la

Administración General del Estado o algunas de las entidades que, conforme

a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector

Público integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades

mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100. Para la determinación

de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a la

Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el

sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital social

participen varias de ellas.

2.º Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto

en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores

respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos

vinculados o dependientes.»

Dos. El apartado segundo del artículo 167 queda redactado en los siguientes

términos:

«2. Las entidades a que se refiere el párrafo c) del apartado 1 del artículo

anterior ajustarán la gestión de su patrimonio al Derecho privado, sin perjuicio

de las disposiciones de esta ley que les resulten expresamente de aplicación.»

Disposición final séptima. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones:

Uno. Se modifica el artículo 10, que queda redactado como sigue:

«Artículo 10. Órganos competentes para la concesión de subvenciones.

1. Los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administración General

del Estado y los presidentes o directores de los organismos y las entidades

públicas vinculados o dependientes de la Administración General del Estado,

cualquiera que sea el régimen jurídico a que hayan de sujetar su actuación,

son los órganos competentes para conceder subvenciones, en sus respectivos

ámbitos, previa consignación presupuestaria para este fin.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para autorizar la

concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será

necesario acuerdo del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca

- 286 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno

para Asuntos Económicos.

En el caso de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia

competitiva, la autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el párrafo

anterior deberá obtenerse antes de la aprobación de la convocatoria cuya

cuantía supere el citado límite.

La autorización a que se refiere el párrafo anterior no implicará la aprobación

del gasto, que, en todo caso, corresponderá al órgano competente.

3. Las facultades para conceder subvenciones, a que se refiere este artículo,

podrán ser objeto de desconcentración mediante real decreto acordado en

Consejo de Ministros.

4. La competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales

corresponde a los órganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislación

de régimen local.»

Dos. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional decimosexta con

el siguiente contenido:

«1. Las fundaciones del sector público únicamente podrán conceder

subvenciones cuando así se autorice a la correspondiente fundación de forma

expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripción u órgano equivalente

de la Administración a la que la fundación esté adscrita y sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 10.2.

La aprobación de las bases reguladoras, la autorización previa de la

concesión, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la

imposición de sanciones, así como las funciones de control y demás que

comporten el ejercicio de potestades administrativas, serán ejercidas por los

órganos de la Administración que financien en mayor proporción la subvención

correspondiente; en caso de que no sea posible identificar tal Administración,

las funciones serán ejercidas por los órganos de la Administración que ejerza el

Protectorado de la fundación.»

Tres. Se introduce una nueva disposición transitoria tercera con el siguiente

contenido:

«Disposición transitoria tercera. Convocatorias iniciadas y subvenciones

concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones incluida en la

disposición final séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen

Jurídico del Sector Público.

Las subvenciones públicas que se concedan en régimen de concurrencia

competitiva cuya convocatoria se hubiera aprobado con anterioridad a la entrada

- 287 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

en vigor de la modificación del artículo 10 de la Ley General de Subvenciones,

se regirán por la normativa anterior.»

Cuatro. Se introduce una nueva disposición adicional vigésima quinta con

el siguiente contenido:

«Disposición adicional vigésima quinta. Servicio Nacional de Coordinación

Antifraude para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea.

1. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, integrado en la

Intervención General de la Administración del Estado, coordinará las acciones

encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el

fraude y dar cumplimiento al artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la

Unión Europea y al artículo 3.4 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 883/2013,

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las investigaciones efectuadas

por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

2. Corresponde al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude:

a) Dirigir la creación y puesta en marcha de las estrategias nacionales y

promover los cambios legislativos y administrativos necesarios para proteger

los intereses financieros de la Unión Europea.

b) Identificar las posibles deficiencias de los sistemas nacionales para la

gestión de fondos de la Unión Europea.

c) Establecer los cauces de coordinación e información sobre irregularidades

y sospechas de fraude entre las diferentes instituciones nacionales y la OLAF.

d) Promover la formación para la prevención y lucha contra el fraude.

3. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ejercerá sus competencias

con plena independencia y deberá ser dotado con los medios adecuados para

atender los contenidos y requerimientos establecidos por la OLAF.

4. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude estará asistido por

un Consejo Asesor presidido por el Interventor General de la Administración

del Estado e integrado por representantes de los ministerios, organismos y

demás instituciones nacionales que tengan competencias en la gestión, control,

prevención y lucha contra el fraude en relación con los intereses financieros de

la Unión Europea. Su composición y funcionamiento se determinarán por Real

Decreto.

5. Las autoridades, los titulares de los órganos del Estado, de las

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como los jefes o

directores de oficinas públicas, organismos y otros entes públicos y quienes, en

general, ejerzan funciones públicas o desarrol en su trabajo en dichas entidades

deberán prestar la debida colaboración y apoyo al Servicio. El Servicio tendrá

las mismas facultades que la OLAF para acceder a la información pertinente en

relación con los hechos que se estén investigando.

- 288 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

6. El Servicio podrá concertar convenios con la OLAF para la transmisión de

la información y para la realización de investigaciones.»

Disposición final octava. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de

noviembre, General Presupuestaria.

Se modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,

que queda redactada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 2 que queda redactado en los siguientes

términos:

«Artículo 2. Sector público estatal.

1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector público estatal:

a) La Administración General del Estado.

b) El sector público institucional estatal.

2. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades:

a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración

General del Estado, los cuales se clasifican en:

1.° Organismos autónomos.

2.° Entidades Públicas Empresariales.

b) Las autoridades administrativas independientes.

c) Las sociedades mercantiles estatales.

d) Los consorcios adscritos a la Administración General del Estado.

e) Las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General

del Estado.

f) Los fondos sin personalidad jurídica.

g) Las universidades públicas no transferidas.

h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras

con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de

la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados.

i) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o

dependientes de la Administración General del Estado.

3. Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales

del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en

la Administración General del Estado, forman parte del sector público estatal,

regulándose su régimen económico-financiero por esta Ley, sin perjuicio de las

especialidades que se establezcan en sus normas de creación, organización y

funcionamiento. No obstante, su régimen de contabilidad y de control quedará

sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin que les sea

aplicable en dichas materias lo establecido en esta Ley.

- 289 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Sin perjuicio de lo anterior, esta Ley no será de aplicación a las Cortes

Generales, que gozan de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo

establecido en el artículo 72 de la Constitución; no obstante, se mantendrá la

coordinación necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos

Generales del Estado.»

Dos. Se modifica el artículo 3 que queda redactado como sigue:

«Artículo 3. Sector público administrativo, empresarial y fundacional.

A los efectos de esta Ley, el sector público estatal se divide en los

siguientes:

1. El sector público administrativo, integrado por:

a) La Administración General del Estado, los organismos autónomos,

las autoridades administrativas independientes, las universidades públicas

no transferidas y las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas

colaboradoras con la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados,

así como las entidades del apartado 3 del artículo anterior.

b) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o

dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos

sin personalidad jurídica, que cumplan alguna de las dos características siguientes:

1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de

mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o

que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional,

en todo caso sin ánimo de lucro.

2.ª Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales,

entendiéndose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera

que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes

o prestaciones de servicios.

2. El sector público empresarial, integrado por:

a) Las entidades públicas empresariales.

b) Las sociedades mercantiles estatales.

c) Cualesquiera organismos y entidades de derecho público vinculados o

dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos

sin personalidad jurídica no incluidos en el sector público administrativo.

3. El sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector

público estatal.»

- 290 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Disposición final novena. Modificación del Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de

14 de noviembre.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda modificado como

sigue:

Uno. El artículo 60 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 60. Prohibiciones de contratar.

1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la

presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 61 bis, las personas en

quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo,

constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación

ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos,

corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación,

fraudes, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, delitos

contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos

de los trabajadores, malversación, blanqueo de capitales, delitos relativos a la

ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico

y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de

profesión, oficio, industria o comercio.

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean

declaradas penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores

o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o

representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en

este apartado.

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en

materia profesional, de falseamiento de la competencia, de integración

laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas

con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la

normativa vigente; por infracción muy grave en materia medioambiental, de

acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación

ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989,

de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y

Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de

Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido

de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de

julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de

la Contaminación; o por infracción muy grave en materia laboral o social, de

acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y

Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000,

- 291 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del

citado texto.

c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido

declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en

concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos

a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de

9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado

en la sentencia de calificación del concurso.

d) No hal arse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos

que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o

más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento

de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con

el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las

personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que

reglamentariamente se determinen.

En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la

Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente

en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera

acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que

se refiere el artículo 146 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su

capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable,

la obligación de comunicar la información que corresponda en materia de

clasificación y la relativa a los registros de licitadores y empresas clasificadas.

f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de

sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria.

g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica

en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación

de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos

Cargos de la Administración General del Estado o las respectivas normas de

las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos

establecidos en la misma.

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen,

en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y

los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos

al servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges,

personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes

- 292 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad

o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se

produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los

titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o

los que ejerzan la sustitución del primero.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el

“Boletín Oficial del Estado” el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de

la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los

Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del

Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber

pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente

relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos

años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se

mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la

empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde

el cese como alto cargo.

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que

impedirán a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el

artículo 3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en el artículo 61

bis las siguientes:

a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un

procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del

contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado

2 del artículo 151 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o

negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor,

en los plazos previstos en el artículo 156.3 por causa imputable al adjudicatario.

c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato,

incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de

acuerdo con lo señalado en el artículo 118, cuando dicho incumplimiento

hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave,

concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que

haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de

daños y perjuicios.

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables,

a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las

comprendidas en el artículo 3 de la presente Ley.

3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquel as empresas de

las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda

presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o

sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquél as.»

- 293 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Dos. El artículo 61 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 61. Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y

procedimiento.

1. Las prohibiciones de contratar relativas a las circunstancias contenidas

en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del artículo anterior, se apreciarán

directamente por los órganos de contratación, subsistiendo mientras concurran

las circunstancias que en cada caso las determinan.

2. La prohibición de contratar por las causas previstas en las letras a) y b)

del apartado 1 del artículo anterior se apreciará directamente por los órganos

de contratación, cuando la sentencia o la resolución administrativa se hubiera

pronunciado expresamente sobre su alcance y duración, subsistiendo durante

el plazo señalado en las mismas.

En el caso de que la sentencia o la resolución administrativa no contengan

pronunciamiento sobre el alcance o duración de la prohibición de contratar;

en los casos de la letra e) del apartado primero del artículo anterior; y en

los supuestos contemplados en el apartado segundo, también del artículo

anterior, el alcance y duración de la prohibición deberá determinarse mediante

procedimiento instruido al efecto, de conformidad con lo dispuesto en este

artículo.

3. La competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de

contratar en el caso de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo anterior, en

los casos en que no figure en la correspondiente sentencia o resolución, y la

competencia para la declaración de la prohibición de contratar en el caso de la

letra e) del apartado primero del artículo anterior respecto de la obligación de

comunicar la información prevista en materia de clasificación y respecto del

registro de licitadores y empresas clasificadas, corresponderá al Ministro de

Hacienda y Administraciones Públicas previa propuesta de la Junta Consultiva

de Contratación Administrativa del Estado, o a los órganos que resulten

competentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas en el caso de la

letra e) citada.

A efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo

anterior, el órgano judicial o administrativo del que emane la sentencia o

resolución administrativa deberá remitir de oficio testimonio de aquélla

o copia de ésta a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del

Estado, sin perjuicio de que por parte de éste órgano, de tener conocimiento

de su existencia y no habiendo recibido el citado testimonio de la sentencia

o copia de la resolución administrativa, pueda solicitarlos al órgano del que

emanaron.

En los supuestos previstos en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior

referido a casos en que se hubiera incurrido en falsedad al efectuar la declaración

responsable a que se refiere el artículo 146, y en los supuestos previstos en el

- 294 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

apartado segundo del artículo 60, la declaración de la prohibición de contratar

corresponderá al órgano de contratación.

4. La competencia para la declaración de la prohibición de contratar en los

casos en que la entidad contratante no tenga el carácter de Administración

Pública corresponderá al titular del departamento, presidente o director del

organismo al que esté adscrita o del que dependa la entidad contratante o al que

corresponda su tutela o control. Si la entidad contratante estuviera vinculada a

más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la

que ostente el control o participación mayoritaria.

5. Cuando conforme a lo señalado en este artículo, sea necesaria una

declaración previa sobre la concurrencia de la prohibición, el alcance y duración

de ésta se determinarán siguiendo el procedimiento que en las normas de

desarrol o de esta Ley se establezca.

6. En los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, la duración

de la prohibición de contratar será la prevista en la misma. En los casos en los

que ésta no haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco

años desde la fecha de la condena por sentencia firme.

En el resto de los supuestos, el plazo de duración no podrá exceder de tres

años, para cuyo cómputo se estará a lo establecido en el apartado tercero del

artículo 61 bis.

7. En el caso de la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, el

procedimiento, de ser necesario, no podrá iniciarse una vez transcurrido el

plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena, y en el caso de

la letra b) del apartado 2 del mismo artículo, si hubiesen transcurrido más de

tres meses desde que se produjo la adjudicación.

En los restantes supuestos previstos en dicho artículo, el procedimiento

para la declaración de la prohibición de contratar no podrá iniciarse si hubiesen

transcurrido más de tres años contados a partir de las siguientes fechas:

a) Desde la firmeza de la resolución sancionadora, en el caso de la causa

prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo anterior;

b) Desde la fecha en que se hubieran facilitado los datos falsos o desde

aquel a en que hubiera debido comunicarse la correspondiente información, en

los casos previstos en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior;

c) Desde la fecha en que fuese firme la resolución del contrato, en el caso

previsto en la letra d) del apartado 2 del artículo anterior;

d) En los casos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior,

desde la fecha en que se hubiese procedido a la adjudicación del contrato, si la

causa es la retirada indebida de proposiciones o candidaturas; o desde la fecha en

que hubiese debido procederse a la adjudicación, si la prohibición se fundamenta

en el incumplimiento de lo establecido en el apartado segundo del artículo 151.

- 295 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

e) Desde que la entidad contratante tuvo conocimiento del incumplimiento

de las condiciones especiales de ejecución del contrato en los casos previstos

en la letra c) del apartado segundo del artículo 61 bis.»

Tres. Se introduce un artículo 61 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 61 bis. Efectos de la declaración de la prohibición de contratar.

1. En los supuestos en que se den las circunstancias establecidas en el

apartado segundo del artículo 60 y en la letra e) del apartado primero del

mismo artículo en lo referente a haber incurrido en falsedad al efectuar la

declaración responsable del artículo 146 o al facilitar otros datos relativos a su

capacidad y solvencia, la prohibición de contratar afectará al ámbito del órgano

de contratación competente para su declaración.

Dicha prohibición se podrá extender al correspondiente sector público en el

que se integre el órgano de contratación. En el caso del sector público estatal, la

extensión de efectos corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones

Públicas, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

del Estado.

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el primer

párrafo del apartado tercero del artículo anterior respecto a la letra e) del

apartado primero del artículo 60, la competencia para la declaración de la

prohibición de contratar corresponda a los órganos que resulten competentes

en el ámbito de las Comunidades Autónomas, la citada prohibición de contratar

afectará a todos los órganos de contratación del correspondiente sector

público.

Excepcionalmente, y siempre que previamente se hayan extendido al

correspondiente sector público territorial, los efectos de las prohibiciones

de contratar a las que se refieren los párrafos anteriores se podrán extender

al conjunto del sector público. Dicha extensión de efectos a todo el sector

público se realizará por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,

previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa

del Estado, y a solicitud de la Comunidad Autónoma o Entidad Local

correspondiente en los casos en que la prohibición de contratar provenga de

tales ámbitos.

En los casos en que la competencia para declarar la prohibición de contratar

corresponda al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, la misma

producirá efectos en todo el sector público.

2. Todas las prohibiciones de contratar, salvo aquel as en que se den alguna

de las circunstancias previstas en las letras c), d), g) y h) del apartado primero

del artículo 60, se inscribirán en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Sector Público o el equivalente en el ámbito de las Comunidades

Autónomas, en función del ámbito de la prohibición de contratar y del órgano

que la haya declarado.

- 296 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Los órganos de contratación del ámbito de las Comunidades Autónomas

o de las entidades locales situadas en su territorio notificarán la prohibición

de contratar a los Registros de Licitadores de las Comunidades Autónomas

correspondientes, o si no existieran, al Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Sector Público.

La inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores

correspondiente caducará pasados 3 meses desde que termine su duración,

debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el

citado plazo.

3. Las prohibiciones de contratar contempladas en las letras a) y b) del

apartado primero del artículo 60 producirán efectos desde la fecha en que

devinieron firmes la sentencia o la resolución administrativa en los casos en

que aquél a o ésta se hubieran pronunciado sobre el alcance y la duración de la

prohibición.

En el resto de supuestos, los efectos se producirán desde la fecha de

inscripción en el registro correspondiente.

No obstante lo anterior, en los supuestos previstos en las letras a) y

b) del apartado primero del artículo 60 en los casos en que los efectos

de la prohibición de contratar se produzcan desde la inscripción en el

correspondiente registro, podrán adoptarse, en su caso, por parte del órgano

competente para resolver el procedimiento de determinación del alcance

y duración de la prohibición, de oficio, o a instancia de parte, las medidas

provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución

que pudiera adoptarse.

4. Las prohibiciones de contratar cuya causa fuera la prevista en la letra

f) del apartado primero del artículo 60, producirán efectos respecto de las

Administraciones Públicas que se establezcan en la resolución sancionadora

que las impuso, desde la fecha en que ésta devino firme.»

Cuatro. El apartado 2 del artículo 150 queda redactado de la siguiente

manera:

«2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato

se determinarán por el órgano de contratación y se detal arán en el anuncio,

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento

descriptivo.

En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia

a aquel os que hagan referencia a características del objeto del contrato que

puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera

aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. Cuando en una licitación

que se siga por un procedimiento abierto o restringido se atribuya a los criterios

evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación

inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un

juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un mínimo de

- 297 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano proponente

del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la

evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta

evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en

los pliegos.

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la

mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquel os

otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia

documental de el o. Las normas de desarrol o de esta Ley determinarán los

supuestos y condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa, así

como la forma en que deberán presentarse las proposiciones para hacer posible

esta valoración separada.

Cuando en los contratos de concesión de obra pública o gestión de servicios

públicos se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a

la construcción o explotación así como cualquier tipo de garantías, avales u

otro tipo de ayudas a la empresa, en todo caso figurará como un criterio de

adjudicación evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que

oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de

contratación.»

Cinco. El artículo 254 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 254. Aportaciones públicas a la construcción y garantías a la

financiación.

1. Las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación de la

obra mediante aportaciones que serán realizadas durante la fase de ejecución

de las obras, tal como dispone el artículo 240 de esta Ley, o una vez concluidas

éstas, y cuyo importe será fijado por los licitadores en sus ofertas dentro de la

cuantía máxima que establezcan los pliegos de condiciones.

2. Las aportaciones públicas a que se refiere el apartado anterior podrán

consistir en aportaciones no dinerarias del órgano de contratación o de

cualquier otra Administración con la que exista convenio al efecto, de acuerdo

con la valoración de las mismas que se contenga en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

Los bienes inmuebles que se entreguen al concesionario se integrarán en el

patrimonio afecto a la concesión, destinándose al uso previsto en el proyecto

de la obra, y revertirán a la Administración en el momento de su extinción,

debiendo respetarse, en todo caso, lo dispuesto en los planes de ordenación

urbanística o sectorial que les afecten.

3. Todas las aportaciones públicas han de estar previstas en el pliego de

condiciones determinándose su cuantía en el procedimiento de adjudicación y

no podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato.

- 298 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

4. El mismo régimen establecido para las aportaciones será aplicable a

cualquier tipo de garantía, avales y otras medidas de apoyo a la financiación del

concesionario que, en todo caso, tendrán que estar previstas en los pliegos.»

Seis. El artículo 256 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 256. Aportaciones públicas a la explotación.

Las Administraciones Públicas podrán otorgar al concesionario las siguientes

aportaciones a fin de garantizar la viabilidad económica de la explotación de la

obra, que, en todo caso, tendrán que estar previstas en el pliego de condiciones

y no podrán incrementarse con posterioridad a la adjudicación del contrato, sin

perjuicio del reequilibrio previsto en el artículo 258:

a) Subvenciones, anticipos reintegrables, préstamos participativos,

subordinados o de otra naturaleza, para ser aportados desde el inicio de la

explotación de la obra o en el transcurso de la misma. La devolución de los

préstamos y el pago de los intereses devengados en su caso por los mismos se

ajustarán a los términos previstos en la concesión.

b) Ayudas, incluyendo todo tipo de garantías, en los casos excepcionales

en que, por razones de interés público, resulte aconsejable la promoción de la

utilización de la obra pública antes de que su explotación alcance el umbral

mínimo de rentabilidad.»

Siete. El artículo 261 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 261. Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de

derechos.

1. Las concesiones de obras públicas con los bienes y derechos que lleven

incorporados serán hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación

hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación.

No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras públicas en garantía de

deudas que no guarden relación con la concesión correspondiente.

2. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas

en este artículo y en el siguiente se resolverán por el órgano competente en el

plazo de un mes, debiendo entenderse desestimadas si no resuelve y notifica

en ese plazo.

3. Los derechos derivados de la resolución de un contrato de concesión de

obra o de gestión de servicio público, a que se refieren los primeros apartados

de los artículos 271 y 288, así como los derivados de las aportaciones

públicas y de la ejecución de garantías establecidos en los artículos 254 y

256, sólo podrán pignorarse en garantía de deudas que guarden relación con

la concesión o el contrato, previa autorización del órgano de contratación, que

deberá publicarse en el “Boletín Oficial del Estado” o en los diarios oficiales

autonómicos o provinciales.»

- 299 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Ocho. Los apartados 1 y 3 del artículo 271 quedan redactados de la

siguiente manera:

«1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la Administración,

esta abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones

realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de

construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación

de la obra objeto de la concesión, atendiendo a su grado de amortización. Al

efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal. La cantidad resultante se

fijará dentro del plazo de seis meses, salvo que se estableciera otro en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

En los casos en que la resolución se produzca por causas no imputables a

la Administración, el importe a abonar a éste por razón de la expropiación de

terrenos, ejecución de obras y adquisición de bienes que deban revertir a la

Administración será el que resulte de la valoración de la concesión, determinado

conforme a lo dispuesto en el artículo 271 bis.

En todo caso, se entenderá que la resolución de la concesión no es imputable

a la Administración cuando obedezca a alguna de las causas previstas en las

letras a), b), c), e) y j) del artículo 269 de esta Ley.»

«3. En los supuestos de los párrafos g), h) e i) del artículo 269, y sin

perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración

concedente indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se

le irroguen. Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en

cuenta:

a) los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir,

cuantificándolos en la media aritmética de los beneficios antes de

impuestos obtenidos durante un período de tiempo equivalente a los años

que restan hasta la terminación de la concesión. En caso de que el tiempo

restante fuese superior al transcurrido, se tomará como referencia este

último.

La tasa de descuento aplicable será la que resulte del coste de capital medio

ponderado correspondiente a las últimas cuentas anuales del concesionario.

b) la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser

entregadas a aquél a, considerando su grado de amortización.»

Nueve. Se añade un nuevo artículo 271 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 271 bis. Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras

en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la

Administración.

1. En el supuesto de resolución por causas no imputables a la

Administración, el órgano de contratación deberá licitar nuevamente la

concesión, siendo el tipo de licitación el que resulte del artículo siguiente.

- 300 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

La licitación se realizará mediante subasta al alza siendo el único criterio de

adjudicación el precio.

En el caso que quedara desierta la primera licitación, se convocará una

nueva licitación en el plazo máximo de un mes, siendo el tipo de licitación el

50 % de la primera.

El adjudicatario de la licitación deberá abonar el importe de ésta en el plazo

de dos meses desde que se haya adjudicado la concesión. En el supuesto de

que no se abone el citado importe en el indicado plazo, la adjudicación quedará

sin efecto, adjudicándose al siguiente licitador por orden o, en el caso de no

haber más licitadores, declarando la licitación desierta.

La convocatoria de la licitación podrá realizarse siempre que se haya incoado

el expediente de resolución, si bien no podrá adjudicarse hasta que éste no haya

concluido. En todo caso, desde la resolución de la concesión a la apertura de

las ofertas de la primera licitación no podrá transcurrir un plazo superior a tres

meses.

Podrá participar en la licitación todo empresario que haya obtenido la

oportuna autorización administrativa en los términos previstos en el apartado

2 del artículo 263.

2. El valor de la concesión, en el supuesto de que la resolución obedezca a

causas no imputables a la Administración, será el que resulte de la adjudicación

de las licitaciones a las que se refiere el apartado anterior.

En el caso de que la segunda licitación quedara desierta, el valor de la

concesión será el tipo de ésta, sin perjuicio de la posibilidad de presentar por

el concesionario originario o acreedores titulares al menos de un 5 % del pasivo

exigible de la concesionaria, en el plazo máximo de tres meses a contar desde

que quedó desierta, un nuevo comprador que abone al menos el citado tipo de

licitación, en cuyo caso el valor de la concesión será el importe abonado por el

nuevo comprador.

La Administración abonará al primitivo concesionario el valor de la concesión

en un plazo de tres meses desde que se haya realizado la adjudicación de

la licitación a la que se refiere el apartado anterior o desde que la segunda

licitación haya quedado desierta.

En todo caso, el nuevo concesionario se subrogará en la posición del

primitivo concesionario quedando obligado a la realización de las actuaciones

vinculadas a las subvenciones de capital percibidas cuando no se haya cumplido

la finalidad para la que se concedió la subvención.

3. El contrato resultante de la licitación referida en el apartado 1 tendrá

en todo caso la naturaleza de contrato de concesión de obra pública, siendo

las condiciones del mismo las establecidas en el contrato primitivo que se ha

resuelto, incluyendo el plazo de duración.»

- 301 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Diez. Se añade un nuevo artículo 271 ter con la siguiente redacción:

«Artículo 271 ter. Determinación del tipo de licitación de la concesión de

obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a

la Administración.

Para la fijación del tipo de la primera licitación, al que se refiere el artícu-

lo 271 bis se seguirán las siguientes reglas:

a) El tipo se determinará en función de los flujos futuros de caja que se

prevea obtener por la sociedad concesionaria, por la explotación de la concesión,

en el periodo que resta desde la resolución del contrato hasta su reversión,

actualizados al tipo de descuento del interés de las obligaciones del Tesoro a

diez años incrementado en 300 puntos básicos.

Se tomará como referencia para el cálculo de dicho rendimiento medio los

últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del

Mercado de Deuda Pública.

b) El instrumento de deuda que sirve de base al cálculo de la rentabilidad

razonable y el diferencial citados podrán ser modificados por la Comisión

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previo informe de la Oficina

Nacional de Evaluación, para adaptarlo a las condiciones de riesgo y rentabilidad

observadas en los contratos del sector público.

c) Los flujos netos de caja futuros se cuantificarán en la media aritmética

de los flujos de caja obtenidos por la entidad durante un período de tiempo

equivalente a los años que restan hasta la terminación. En caso de que el

tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomará como referencia este

último. No se incorporará ninguna actualización de precios en función de la

inflación futura estimada.

d) El valor de los flujos de caja será el que el Plan General de Contabilidad

establece en el Estado de Flujos de Efectivo como Flujos de Efectivo de las

Actividades de Explotación sin computar en ningún caso los pagos y cobros de

intereses, los cobros de dividendos y los cobros o pagos por impuesto sobre

beneficios.

e) Si la resolución del contrato se produjera antes de la terminación de la

construcción de la infraestructura, el tipo de la licitación será el 70 % del importe

equivalente a la inversión ejecutada. A estos efectos se entenderá por inversión

ejecutada el importe que figure en las últimas cuentas anuales aprobadas

incrementadas en la cantidad resultante de las certificaciones cursadas desde

el cierre del ejercicio de las últimas cuentas aprobadas hasta el momento de la

resolución. De dicho importe se deducirá el correspondiente a las subvenciones

de capital percibidas por el beneficiario, cuya finalidad no se haya cumplido.»

Once. El apartado 1 del artículo 288 queda redactado de la siguiente

manera:

«1. En los supuestos de resolución por causa imputable a la

Administración, esta abonará al concesionario en todo caso el importe de

- 302 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución

de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para

la explotación de la obra objeto de la concesión, atendiendo a su grado de

amortización. Al efecto, se aplicará un criterio de amortización lineal de la

inversión.

Cuando la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración,

el importe a abonar a éste por razón de la expropiación de terrenos, ejecución

de obras y adquisición de bienes que deban revertir a la Administración será

el que resulte de la valoración de la concesión, determinado conforme a lo

dispuesto en el artículo 271 bis.

En todo caso, se entenderá que no es imputable a la Administración

la resolución del contrato cuando ésta obedezca a alguna de las causas

establecidas en las letras a) y b) del artículo 223 de esta Ley.»

Doce. Se incorpora una nueva disposición adicional con el siguiente

contenido:

«Disposición adicional trigésimo sexta. La Oficina Nacional de Evaluación.

1. Se crea la Oficina Nacional de Evaluación que tiene como finalidad

analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y

contratos de concesión de servicios públicos.

2. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,

previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,

se determinará la composición, organización y funcionamiento de la misma.

3. La Oficina Nacional de Evaluación, con carácter previo a la licitación

de los contratos de concesión de obras y de gestión de servicios públicos

a celebrar por los poderes adjudicadores dependientes de la Administración

General del Estado y de las Corporaciones Locales, evacuará informe preceptivo

en los siguientes casos:

a) Cuando se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la

explotación de la concesión, así como cualquier medida de apoyo a la

financiación del concesionario.

b) Las concesiones de obra pública y los contratos de gestión de

servicios en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder

adjudicador concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer

establecimiento superen un mil ón de euros.

Asimismo informará de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio

del contrato, en los casos previstos en los artículos 258.2 y 282.4 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto de las concesiones

de obras y servicios públicos que hayan sido informadas previamente de

conformidad con las letras a) y b) anteriores o que, sin haber sido informadas,

supongan la incorporación en el contrato de alguno de los elementos previstos

- 303 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

en éstas. Cada Comunidad Autónoma podrá adherirse a la Oficina Nacional de

Evaluación para que realice dichos informes o si hubiera creado un órgano u

organismo equivalente solicitará estos informes preceptivos al mismo cuando

afecte a sus contratos de concesión.

Reglamentariamente se fijarán las directrices apropiadas para asegurar

que la elaboración de los informes se realiza con criterios suficientemente

homogéneos.

4. Los informes previstos en el apartado anterior evaluarán si la rentabilidad

del proyecto obtenida en función del valor de la inversión, las ayudas otorgadas,

los flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida es razonable en

atención al riesgo de demanda que asuma el concesionario. En dicha evaluación

se tendrá en cuenta la mitigación que las ayudas otorgadas puedan suponer

sobre otros riesgos distintos del de demanda, que habitualmente deban ser

soportados por los operadores económicos.

En los contratos de concesión de obra en los que el abono de la tarifa

concesional se realice por el poder adjudicador la oficina evaluará previamente

la transferencia del riesgo de demanda al concesionario. Si éste no asume

completamente dicho riesgo, el informe evaluará la razonabilidad de la

rentabilidad en los términos previstos en el párrafo anterior.

En los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, el

informe evaluará si las compensaciones financieras establecidas mantienen

una rentabilidad razonable según lo dispuesto en el primer párrafo de este

apartado.

5. Los informes serán evacuados, a solicitud del poder adjudicador

contratante, en el plazo de treinta días desde la petición o nueva aportación de

información al que se refiere el párrafo siguiente. Este plazo podrá reducirse a

la mitad siempre que se justifique en la solicitud las razones de urgencia. Estos

informes serán publicados a través de la central de información económico-

financiera de las Administraciones Públicas dependiente del Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas y estarán disponibles para su consulta

por el público a través de medios electrónicos.

El poder adjudicador que formule la petición remitirá la información

necesaria a la Oficina, quien evacuará su informe sobre la base de la

información recibida. Si dicha Oficina considera que la información remitida

no es suficiente, no es completa o requiriere alguna aclaración se dirigirá al

poder adjudicador peticionario para que le facilite la información requerida

dentro del plazo que ésta señale al efecto. La información que reciba la Oficina

deberá ser tratada respetando los límites que rigen el acceso a la información

confidencial.

6. Si la Administración o la entidad destinataria del informe se apartara de

las recomendaciones contenidas en un informe preceptivo de la Oficina, deberá

motivarlo en un informe que se incorporará al expediente del correspondiente

contrato y que será objeto de publicación. En el caso de la Administración

- 304 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

General del Estado esta publicación se hará a través de la central de información

económico- financiera de las Administraciones Públicas.

7. La Oficina publicará anualmente una memoria de actividad.»

Trece. Se incorpora una nueva disposición transitoria con el siguiente

contenido:

«Disposición transitoria décima. Prohibición de contratar por incumplimiento

de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

1. La prohibición de contratar establecida en el artículo 60.1.d) relativa al

incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento

para personas con discapacidad no será efectiva en tanto no se desarrolle

reglamentariamente y se establezca qué ha de entenderse por el cumplimiento

de dicho requisito a efectos de la prohibición de contratar y cómo se acreditará

el mismo, que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano

administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien

mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos

en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.

2. Hasta el momento en que se produzca la aprobación del desarrollo

reglamentario a que se refiere el apartado anterior, los órganos de contratación

ponderarán en los supuestos que el o sea obligatorio, que los licitadores cumplen

lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las

personas con discapacidad y de su inclusión social, en relación con la obligación

de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las

medidas alternativas correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la

disposición adicional cuarta.»

Disposición final décima. Modificación de la Ley 17/2012, de 27 de

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

Se modifica la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de

27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que

queda redactada en los siguientes términos:

«Décima tercera. Subvenciones al transporte marítimo y aéreo para

residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melil a.

Uno. Con vigencia indefinida tendrán derecho a obtener bonificaciones en

las tarifas de los servicios regulares de transporte marítimo y aéreo de pasajeros,

los ciudadanos españoles, así como los de los demás Estados miembros de la

Unión Europea o de otros Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio

Económico Europeo o de Suiza, sus familiares nacionales de terceros países

beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente

- 305 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

y los ciudadanos nacionales de terceros países residentes de larga duración,

que acrediten su condición de residente en las Comunidades Autónomas de

Canarias e Il es Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melil a.

El derecho de residencia de los familiares de ciudadanos de Estados

miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio

Económico Europeo se acreditará conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de

febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos

de los Estados miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el

Acuerdo del Espacio Económico Europeo. El derecho de residencia de larga

duración de los nacionales de terceros países a que se refiere el párrafo anterior

se acreditará conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,

de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y

su normativa de desarrollo.

Para ciudadanos españoles, de los Estados miembros de la Unión Europea

o de los demás Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico

Europeo o Suiza, el documento acreditativo de su identidad será el documento

nacional de identidad o pasaporte en vigor. En el caso de los familiares de

ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte

en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo y los ciudadanos nacionales

de terceros países residentes de larga duración, su identidad se acreditará

mediante la tarjeta española de residencia de familiar de ciudadano de la Unión

o de identidad de extranjero en la que debe constar su condición de residente

de larga duración, respectivamente. Dichos documentos deben encontrarse en

vigor.

En el caso de que telemáticamente se haya constatado que el pasajero

cumple las condiciones para ser beneficiario de la subvención, éste podrá

acreditar su identidad en el modo aéreo a través de los mismos medios

que los pasajeros sin derecho a bonificación. En este caso, el pasajero

no tendrá que acreditar su condición de residente ni en facturación ni en

embarque.

Dos. El porcentaje de bonificación aplicable en los bil etes de transporte

marítimo, con vigencia indefinida, para los trayectos directos, ya sean de ida o de

ida y vuelta, entre las Comunidades Autónomas de Canarias y las Il es Balears y

las Ciudades de Ceuta y Melil a, respectivamente, y el resto del territorio nacional

será del 50 por ciento de la tarifa bonificable y en los viajes interinsulares será del

25 por ciento de dicha cuantía.

Tres. El porcentaje de bonificación en las tarifas de los servicios regulares de

transporte aéreo de pasajeros, entre las Comunidades Autónomas de Canarias

e Il es Balears y las Ciudades de Ceuta y Melil a, respectivamente, y el resto

del territorio nacional, así como en los viajes interinsulares será, con vigencia

indefinida, del 50 por ciento de la tarifa bonificable por cada trayecto directo de

ida o de ida y vuelta.

A estos efectos, se considera trayecto directo de ida aquél que se realiza

desde el aeropuerto o helipuerto del punto de origen en los archipiélagos,

- 306 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Ceuta o Melilla, al de destino final, distinto del anterior, en el territorio

nacional y viceversa, sin escalas intermedias o con escalas, siempre que

estas no superen las 12 horas de duración, salvo aquéllas que vinieran

impuestas por las necesidades técnicas del servicio o por razones de fuerza

mayor.

A los efectos de esta bonificación, del importe de la tarifa bonificable se

deducirá el importe correspondiente a las prestaciones patrimoniales públicas

a que se refieren las letras d), e) y f) del artículo 68.2 de la Ley 21/2003, de 7

de julio, de Seguridad Aérea, con independencia de que hayan sido repercutidas

o no al pasajero. A tal efecto, dichas prestaciones patrimoniales aparecerán

desglosadas en la documentación justificativa de los cupones de vuelo.

Cuatro. La condición de residente en las Comunidades Autónomas de

Canarias y las Il es Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melil a a los efectos

de las bonificaciones reguladas en esta disposición se acreditará mediante el

certificado de empadronamiento en vigor.

Reglamentariamente podrán establecerse otros medios para la acreditación

de la condición de residente, en sustitución del previsto en este apartado o

como adicionales de éste.

Cinco. En relación con la verificación del cumplimiento de los requisitos

exigidos en esta disposición:

a) Los órganos gestores de las bonificaciones del Ministerio de Fomento

podrán acceder a los servicios de verificación y consulta de datos de identidad,

domicilio, residencia, nacionalidad y régimen de extranjería de la Plataforma de

Intermediación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con el

fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de la

subvención y realizar las funciones de control encomendadas a dichos órganos,

con las garantías previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,

de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria.

b) Los órganos gestores podrán facilitar por vía telemática a las agencias,

las compañías aéreas o marítimas o sus delegaciones, que comercialicen los

títulos de transporte bonificados y lo soliciten, la confirmación del cumplimiento

de los requisitos para ser beneficiario de la subvención.

La cesión de datos prevista en los párrafos precedentes y su tratamiento,

no requerirá el consentimiento de los interesados ni requerirá informarles sobre

dicho tratamiento, de conformidad con lo previsto, respectivamente, en los

artículos 11.2, letra a), y 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de

Datos de Carácter Personal.

La integración en el sistema telemático de acreditación de la residencia de los

sistemas de emisión de billetes y su utilización al emitir billetes subvencionados

será obligatoria para todas las compañías, aéreas o marítimas, que emitan

- 307 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

billetes aéreos o marítimos subvencionados por razones de residencia en

territorios no peninsulares, en todos sus canales de venta.

En el caso de la incorporación a un mercado subvencionado de una nueva

compañía de transporte regular aéreo o marítimo, ésta podrá emitir bil etes aéreos

o marítimos con derecho a subvención, sin necesidad de hacer uso del sistema

telemático, durante un máximo de tres meses hasta la implantación efectiva de

dicho sistema en todos sus canales de venta.

Seis. Cuando el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario

de estas subvenciones no pueda acreditarse a través de la Plataforma de

Intermediación conforme a lo previsto en el apartado Cinco, dichos requisitos se

acreditarán por cualquiera de los medios previstos en la normativa de aplicación.

A estos efectos, el certificado de empadronamiento se ajustará a lo previsto

reglamentariamente en la normativa de desarrol o de estas bonificaciones.

Siete. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposición,

las bonificaciones previstas en él para familiares nacionales de terceros países

beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente

y los ciudadanos nacionales de terceros países residentes de larga duración,

que acrediten su condición de residente en las Comunidades Autónomas de

Canarias e Il es Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melil a, surten efectos a

partir del 1 de abril de 2013.

Ocho. Además de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora

de las subvenciones al transporte marítimo y aéreo para residentes en Canarias,

Il es Balears, Ceuta y Melil a y para familias numerosas y por la Ley 38/2003,

de 17 de noviembre, las compañías aéreas y marítimas, como entidades

colaboradoras, deben cumplir lo siguiente:

a) En el caso de las compañías aéreas, presentarán las liquidaciones

mensuales de los cupones bonificados volados durante un mes en el transcurso

de los dos meses siguientes, salvo autorización expresa de la Dirección

General de Aviación Civil por razones excepcionales. Estas liquidaciones

podrán contener aquellos cupones volados en los seis meses anteriores que

no hayan podido ser incluidos, por causas justificadas, en los ficheros de

meses pasados.

En el caso de las compañías marítimas, presentarán las liquidaciones

trimestrales en el transcurso de los dos meses siguientes, salvo autorización

expresa de la Dirección General de la Marina Mercante por razones excepcionales.

Estas liquidaciones podrán contener aquel os embarques bonificados en los seis

meses anteriores que no hayan podido ser incluidos, por causas justificadas, en

los ficheros de trimestres pasados.

b) En la documentación justificativa de la subvención desglosarán el precio y

la identificación de todos los conceptos incluidos en el bil ete aéreo y marítimo, así

como cualquier servicio adicional contratado por el pasajero incluido en el bil ete.

- 308 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

c) Levantarán un parte de incidente cuando un pasajero que posea un bil ete

subvencionado no acredite su identidad y residencia de conformidad con la

normativa aplicable. Los partes correspondientes a cada periodo de liquidación o,

en otro caso, un certificado de inexistencia de incidentes en dicho período serán

enviados al órgano gestor durante el periodo siguiente.

d) Cumplir con las obligaciones de registro establecidas reglamentariamente,

así como registrar ante el órgano gestor, con anterioridad a su comercialización,

las tarifas aéreas que incluyan servicios ajenos al transporte aéreo especificándolo

en sus condiciones, así como los convenios, contratos o acuerdos de cualquier

tipo, con sus anexos, adendas o modificaciones, susceptibles de generar la

emisión de bil etes subvencionados, con al menos un mes de antelación a la

emisión del primer bil ete bonificado.

Nueve. Asimismo, las compañías marítimas y aéreas y sus agentes,

incluidos los sistemas de reserva, habrán de conservar toda la información

y documentación relativa a billetes bonificados tanto por razón de residencia

no peninsular como por familias numerosas, cualquiera que sea su forma de

almacenamiento, que acredite el importe de la subvención y el cumplimento

de los procedimientos recogidos reglamentariamente para la concesión de

la subvención, a disposición del Ministerio de Fomento, durante el plazo

de prescripción previsto en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre.

A efectos de la liquidación de las bonificaciones aplicadas, las compañías

marítimas, aéreas, y sus agentes, lo que incluye a los sistemas de reserva

y a cualquier tercero que haya intervenido en la determinación de la tarifa

bonificada, en el pago realizado por el pasajero o en la gestión o aplicación

de la bonificación, estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta

documentación les sea requerida en relación con las tarifas comercializadas

objeto de bonificación, las bonificaciones aplicadas, los pagos realizados por el

pasajero y las liquidaciones efectuadas.

La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia,

excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 37 de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de las sanciones que, en su

caso, pudieran corresponder.

Diez. Se autoriza al órgano gestor a modificar mediante resolución, tras dar

trámite de audiencia a las compañías aéreas que exploten los mercados sujetos

a subvención y a las principales asociaciones de aerolíneas, el contenido de

los modelos de los anexos, en lo que afecta a las bonificaciones al transporte

aéreo, del Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, por el que se regula

la bonificación en las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y

marítimo para los residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias y las

Il es Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melil a.

- 309 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Once. No serán objeto de liquidación por las compañías marítimas y aéreas,

ni de reembolso a éstas:

a) Los bil etes subvencionados con tarifas marítimas y aéreas que incluyan

respectivamente servicios ajenos al transporte marítimo y aéreo, sean o no

repercutidos al pasajero.

b) Los bil etes aéreos subvencionados emitidos bajo contratos, convenios

o acuerdos de cualquier tipo que no hayan sido registrados y expresamente

aprobados por la Dirección General de Aviación Civil.

c) Los conceptos excluidos de bonificación por la normativa de aplicación,

entre otros, las ofertas, descuentos, promociones o prácticas comerciales

equivalentes, que deben ser aplicados de forma previa al cálculo de la

subvención, así como los servicios opcionales del transporte comercializados

por la compañía marítima y aérea.

Doce. Verificación de fichero informático de las liquidaciones solicitadas por

las compañías marítimas con la relación de los embarques realmente producidos

en puertos.

El procedimiento de inspección y control de las bonificaciones al transporte

marítimo ha de incluir la comprobación de si los datos de los embarques

contenidos en el fichero informático se corresponden con embarques reales

producidos en los puertos. Para ello, las autoridades portuarias remitirán

mensualmente a la Dirección General de la Marina Mercante la relación de

todos los embarques reales producidos en los puertos correspondientes a los

trayectos bonificables.

La relación mensual de todos los embarques reales producidos en cada

puerto incluirá las relaciones de embarques de todas y cada una de las

escalas que hayan tenido lugar durante ese período. Estas relaciones de

embarques de cada trayecto serán recabadas directamente por las autoridades

portuarias u organismos competentes en cada caso o, en su defecto, remitidas

electrónicamente a éstas por las compañías marítimas. La remisión se realizará

en el tiempo y forma que determine la Dirección General de la Marina Mercante,

pero en todo caso, deberán haber sido recibidas por el órgano competente

antes de que la nave llegue a su destino.

No podrá bonificarse ningún embarque contenido en el fichero informático

que no esté incluido en la relación de embarques reales, salvo que se demuestre

error u omisión.

Trece. El Gobierno dictará las normas de aplicación y desarrollo de las

bonificaciones al transporte, marítimo y aéreo, regular de pasajeros.»

Disposición final undécima. Modificación de la Ley 20/2015, de 14 de

julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y

reaseguradoras.

Se modifica el apartado 2 de la disposición final vigésima primera de la ley

20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades

- 310 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

aseguradoras y reaseguradoras, que queda redactado en los siguientes

términos:

«2. No obstante, la disposición transitoria decimotercera y la disposición

adicional decimosexta entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación.

Las disposiciones transitorias cuarta y décima entrarán en vigor el 1 de

septiembre de 2015. La disposición final novena entrará en vigor el 1 de julio

de 2016. La disposición final duodécima entrará en vigor al día siguiente de

la publicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del

Sector Público.»

Disposición final duodécima. Restitución o compensación a los partidos

políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre

responsabilidades políticas.

El reconocimiento de los derechos previstos en la Ley 50/2007, de 26

de diciembre, de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de

restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos

incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas

del periodo 1936-1939, así como la tramitación y resolución de los

procedimientos iniciados al amparo de dicha Ley, seguirán suspendidos hasta

que se verifiquen las condiciones que permitan atender las prestaciones

que la Ley reconoce sin menoscabo de la financiación de otras actuaciones

públicas prioritarias.

Una vez se constate la concurrencia de las expresadas condiciones,

el Gobierno aprobará el Reglamento de desarrollo de la Ley, el cual fijará

un nuevo plazo para la presentación de las solicitudes de restitución o

compensación.

Disposición final decimotercera. Referencias normativas.

Las referencias hechas a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común se entenderán hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector

Público, según corresponda.

Disposición final decimocuarta. Título competencial.

1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la

Constitución Española que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las

bases régimen jurídico de las Administraciones Públicas, así como al amparo

de lo previsto en el artículo 149.1.13.ª, relativo a las bases y coordinación de

la planificación general de la actividad económica, y del artículo 149.1.14.ª,

relativo a la Hacienda Pública general.

- 311 -

Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

2. No tiene carácter básico y se aplica exclusivamente a la Administración

General del Estado y al sector público estatal lo previsto en:

a) La subsección 2.ª referida a los órganos colegiados de la Administración

General del Estado de la sección 3.ª del capítulo II del Título preliminar.

b) El Título I relativo a la Administración General del Estado.

c) Lo dispuesto en el Capítulo II relativo a la organización y funcionamiento

del sector público institucional estatal, el Capítulo III de los organismos públicos

estatales, el Capítulo IV de las Autoridades administrativas independientes, el

Capítulo V de las sociedades mercantiles estatales, en el artículo 123.2 del

Capítulo VI relativo a los Consorcios, los artículos 128, 130, 131, 132, 133,

135 y 136 del Capítulo VII de las fundaciones del sector público estatal y

el Capítulo VIII de los fondos carentes de personalidad jurídica, todos ellos

del Título II relativo a la organización y funcionamiento del sector público

institucional.

d) Lo previsto en las disposiciones adicionales: cuarta, sobre adaptación

de entidades y organismos estatales, quinta, sobre gestión compartida de

servicios comunes en organismos públicos estatales, sexta, sobre medios

propios, séptima, sobre el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos

de cooperación, undécima, sobre conflictos de atribuciones intraministeriales,

duodécima, sobre Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, decimotercera,

relativa a las entidades de la Seguridad Social, decimocuarta, sobre la

organización militar, decimoquinta, relativa al personal militar, la decimosexta,

sobre Servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno,

decimoséptima, relativa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,

la decimoctava relativa al Centro Nacional de Inteligencia, la decimonovena

relativa al Banco de España y la vigésima relativa al Fondo de Reestructuración

Ordenada Bancaria.

Disposición final decimoquinta. Desarrollo normativo de la Ley.

Se faculta al Consejo de Ministros y a los Ministros de Presidencia y de

Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para

dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo

de la presente Ley, así como para acordar las medidas necesarias para garantizar

la efectiva ejecución e implantación de las previsiones de esta Ley.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, mediante

Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se desarrollará lo

previsto en el artículo 85 sobre la supervisión continua.

Disposición final decimosexta. Precedencias en actos oficiales.

Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del

Gobierno, se determinarán las precedencias de los titulares de los poderes

constitucionales y de las instituciones nacionales, así como las de los titulares

- 312 -

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

de los departamentos ministeriales y de los órganos internos de estos en

relación con los actos oficiales.

Disposición final decimoséptima. Adaptación normativa.

1. En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán

adecuar a la misma las normas estatales o autonómicas que sean incompatibles

con lo previsto en esta Ley.

2. Los consorcios creados por una ley singular aprobada por las Cortes

Generales con anterioridad a la aprobación de esta Ley seguirán rigiéndose

por su legislación especial hasta que se produzca la citada adaptación

normativa.

Disposición final decimoctava. Entrada en vigor.

1. La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el

«Boletín Oficial del Estado», a excepción del punto cuatro de la disposición

final quinta, de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,

de los puntos uno a once de la disposición final novena, de modificación

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado

por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y la disposición

final decimosegunda, de restitución o compensación a los partidos políticos

de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre

responsabilidades políticas que entrarán en vigor a los veinte días de su

publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y el punto doce de la misma

disposición final novena, que lo hará a los seis meses de la citada publicación

en el «Boletín Oficial del Estado».

2. No obstante, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en

el «Boletín Oficial del Estado» la disposición final primera, de modificación

de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, la

disposición final segunda, de modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de

28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y

financiera, los puntos uno a tres de la disposición final quinta, de modificación

de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la disposición final séptima, de

modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

y la disposición final undécima, de modificación de la Ley 20/2015, de 14 de

julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y

reaseguradoras.

3. La disposición final décima de modificación de la disposición adicional

décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2013, entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de que los apartados

Uno, primer y segundo párrafo; Dos; Tres, párrafos primero y segundo; Cuatro;

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Normas básicas de Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración

Cinco, párrafos primero a cuarto y, Seis, surtirán efectos a partir del 1 de enero

de 2013, y de lo dispuesto en el apartado Siete.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y

hagan guardar esta ley.

Madrid, 1 de octubre de 2015

FELIPE R.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Mariano Rajoy Brey

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ANÁLISIS

• DEROGA:

- Arts. 12 a 15 y disposición adicional 6 de la Ley 15/2014, de 16 de

septiembre.

- Art. 6.1.f) y disposiciones adicional 3 y transitorias 2 y 4 del Real Decreto

1671/2009, de 6 de noviembre.

- Arts. 44 a 46 y MODIFICA el art. 34.2 de la Ley 50/2002, de 26 de

diciembre.

- Ley 6/1997, de 14 de abril.

- Art. 110 de la Ley de Régimen local, texto refundido aprobado por Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

- Art. 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

- Arts. 37 a 40 del Decreto de 17 de junio de 1955 (Gazeta).

• DEROGA en la forma indicada Ley 28/2006, de 18 de julio.

• MODIFICA:

- Disposición transitoria 21.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio.

- Disposición adicional 13 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.

- Y añade determinados preceptos a Ley de Contratos del Sector Público,

texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre.

- Arts. 2 y 3 Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

- Art. 10 y disposición adicional 16.1 y AÑADE las disposiciones transitoria

3 y adicional 25 a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

- Arts. 166.1 y 167.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

- Arts. 3.1, 34 ter, 34 quáter y 90.1.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio.

- Arts. 4 a 13, 20 y el título V y AÑADE el título VI a la Ley 50/1997, de 27

de noviembre.

- Disposición adicional 6 y AÑADE la disposición transitoria 5 al Real

Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre.

- Art. 8.Uno Ley 23/1982, de 16 de junio.

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