El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha expresado hoy su “enorme satisfacción” por la aprobación en el Parlamento de la Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, un “compromiso” del Gobierno del cambio con los andaluces que ve hoy la luz. "Aprobar hoy esta ley es una forma de pedir perdón a miles de andaluces que han perdido muchas oportunidades durante estos años” por la corrupción, ha subrayado.
Marín ha recordado que hace justo seis años, el 9 de febrero de 2015, CS firmó un acuerdo con el PSOE, con Susana Díaz al frente como presidenta de la Junta, que incluía entre sus puntos la creación de una Oficina de lucha contra el fraude y la corrupción. “Y hoy por fin, seis años después, lo que era imposible llevar a cabo, se va hacer”.
La norma aprobada hoy contempla la creación de esta Oficina contra el fraude, adscrita al Parlamento para garantizar su independencia del Ejecutivo y dirigida por una persona que elegirá la Cámara por mayoría cualificada, así como “medidas específicas para prevenir, detectar y denunciar irregularidades, malas prácticas y abusos de poder, en la que también se protegerá a las personas denunciantes”.
“Se trata de un instrumento de transformación, con el que queremos acabar de forma definitiva con los sucesos de fraude y corrupción empresarial, institucional y política que generaban no solo el rechazo de parte de la ciudadanía, sino que también ha contribuido al desprestigio de nuestras instituciones”, ha defendido el vicepresidente, quien ha subrayado que “es posible dejar atrás el fraude y la corrupción, sólo se requiere voluntad y responsabilidad política”.
Marín ha mostrado su agradecimiento, en nombre del Gobierno andaluz, al Parlamento, y al personal de la distintas consejerías, que han intervenido en la elaboración de esta ley impulsada desde la Secretaría de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, así como a la Comisión parlamentaria que acordó su tramitación por vía de urgencia, lo que ha hecho posible que “en menos de 4 meses estemos aquí para aprobar esta ley”.
Con esta “importante” norma, “la corrupción deja de ser un problema en Andalucía”, ya que se dota a la Cámara andaluza de un instrumento de prevención, investigación y control no solo de la Junta y sus entes instrumentales sino de los ayuntamientos, las universidades públicas y órganos de extracción parlamentaria como el Defensor del Pueblo andaluz, además de poder inspeccionar a empresas adjudicatarias de contratos públicos o perceptoras de subvenciones.
La Oficina contra el fraude ofrecerá un canal de denuncia a los andaluces, con especial protección a los empleados públicos, a los que garantizará la confidencialidad, asesoramiento jurídico y psicológico y dará la posibilidad de solicitar un traslado de su puesto de trabajo a otro del mismo nivel y condiciones laborales.
Las coacciones a los denunciantes y al personal de la Oficina, que estará integrada por funcionarios de carrera, así como la obstrucción a su labor investigadora será sancionada con multas de entre 300 y 100.000 euros. Ante indicios de delito, la Oficina contra el fraude lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía o los órganos judiciales correspondientes.
El texto incluye una modificación del régimen de incompatibilidades de los altos cargos para, entre otras cosas, impedir que sean titulares o autorizados en cuentas en paraísos fiscales y legislar algo que este Gobierno ya está aplicando de facto como es apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la administración andaluza. La Oficina contra el fraude asumirá también las sanciones en estos casos, algo que hasta ahora hacía el Consejo de Gobierno, lo que supone un plus más de garantía al encargar el control del Gobierno en esta materia a un órgano independiente.
El Consejo de Gobierno impulsó su elaboración apenas un mes después de tomar posesión (en febrero de 2019). Su redacción, iniciada en septiembre de ese año tras el plazo de exposición pública previa, contó con las aportaciones de más de 65 entidades. Y, tras recabar los informes del Gabinete Jurídico, el CES y el Consejo Consultivo, y recoger sus recomendaciones, el Anteproyecto fue aprobada por el Consejo de Gobierno el 9 de febrero de 2021 y remitido al día siguiente al Parlamento. Tras superar el debate inicial el 10 de marzo sin que ningún grupo presentara enmiendas a la totalidad, el Proyecto de Ley pasó a la Comisión correspondiente, donde comparecieron sindicatos, empresarios, el TSJA, la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina europea contra el fraude y representantes de colectivos de denunciantes, al tiempo que los grupos parlamentarios pudieron hacer enmiendas parciales y el pasado 25 de mayo se aprobó el dictamen.
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