Jóvenes infractores en uno de los centros de menores andaluces.
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha facilitado a través del Sistema de Justicia Juvenil que 6.344 menores infractores cumplieran una medida judicial en 2020. Para ello, Andalucía dispone de 15 centros con un total de 766 plazas en régimen de internamiento, sobre las que se ha llevado a cabo una reorganización para lograr un mejor reparto entre las provincias, y de 45 recursos para el cumplimiento de medidas en régimen abierto, según consta en la Memoria Anual de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación presentada hoy en el Consejo de Gobierno.
En estos recursos, gestionados la gran mayoría por entidades sociales, trabajan en la actualidad más de 2.000 profesionales de diferentes ámbitos (psicólogos, juristas, docentes, trabajadores sociales…) que trabajan con los jóvenes a través de programas de intervención socioeducativas y terapéuticas adaptados a los perfiles de los menores infractores y a la naturaleza de las medidas sancionadoras-educativas, así como con infraestructuras adecuadas.
En los 15 centros de internamiento de menores infractores (CIMI) -en los que se ejecutan medidas privativas de libertad en régimen cerrado, semiabierto, abierto, así como terapéuticos y fines de semana en centro- estuvieron internados a lo largo del año pasado 1.176 menores frente a los 1.475 jóvenes de 2019. El perfil de menor infractor, en los casos de internamiento, sigue siendo el de un varón (el 86,39%, ya que solo 160 eran chicas -206 en 2019- eran chicas), que cumple una medida en régimen semiabierto por un delito de robo o hurto (contra el patrimonio, que supone el 28,57% de los casos).
Redistribución de plazas
En 2020, la Consejería que dirige Juan Marín planteó una reorganización de plazas de estos centros que se ha comenzado a ejecutar en este 2021. El objetivo es hacer un reparto más equitativo entre las provincias, ya que había provincias como Almería y Cádiz con 228 y 196 plazas respectivamente, frente a las 14 y 15 de Granada y Málaga. De esta forma, estas dos últimas provincias pasarán a tener 46 y 50 plazas respectivamente y, además, podrán contar con plazas terapéuticas y femeninas de las que carecían. Para ello, en 2020 se licitó un nuevo CIMI en Granada con capacidad para 32 plazas y en este año está previsto la licitación de otro en Málaga.
Esto también va a permitir que se pueda trabajar con las familias de estos jóvenes para completar la intervención socioeducativa de los mismos, salvo que un juez determine que debe estar fuera de su lugar de residencia, siguiendo así las recomendaciones del propio Defensor del Pueblo.
Medidas de medio abierto
Por otro lado, 5.168 menores (5.318 en 2019) cumplieron en medio abierto (centros de día, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, tratamiento ambulatorio, permanencia de fines de semana, convivencia en grupo educativo) durante el año pasado. Igualmente, el perfil que más se repite en estos casos es el de un varón (el 80%), que cumple una medida de libertad vigilada por robo o hurto.
En los recursos de medio abierto, los menores infractores han cumplido 89 medidas en centros de día, 126 en convivencias en grupos educativo, 8 en convivencia con otra persona o familia, 37 en fines de semana en domicilio, 2.044 con libertades vigiladas, 344 en prestaciones en beneficio de la comunidad, 178 prohibiciones de comunicación y acercamiento a la víctima, 566 tareas socioeducativas, 330 tratamientos de drogodependencias y 330 tratamientos de salud mental.
Por otro lado, la legislación penal de menores contempla la mediación para determinados casos en los que los jóvenes reconocen la infracción, piden perdón y reparan el daño cometido. En 2020, la Consejería de Justicia propició que se llevaran a cabo un total de 1.444 mediaciones (1.769 en 2019). De ellas, fueron favorables 1.038 y 183 fueron inviables. El año se cerró con 223 en trámite. El 55% de estas mediaciones concluyeron con la reparación del daño, el 14% con la conciliación y el 31% lo hizo con la conciliación y reparación.
Asimismo, desde la Consejería se ha llevado a cabo este año la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de Educación para la atención educativa de los menores que garantiza el proceso educativo del alumnado en las enseñanzas obligatorias. También se mantienen los convenios de colaboración con las universidades para que sus estudiantes puedan realizar prácticas en los recursos de medio abierto.
Por último, en cuanto a la incidencia de la pandemia, los datos estadísticos revelan una bajada en la ejecución de medidas y también refleja la dificultad de poder establecer actuaciones de carácter prelaboral y laboral debido al confinamiento y a las restricciones.
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