La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local va a invertir un total de casi 1,4 millones de euros en medidas de autorrefuerzo de personal en los juzgados cordobeses con el Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia, cuya segunda fase ha arrancado esta misma semana.
Esa nueva fase del Plan se mantendrá durante 23 semanas, de marzo a noviembre, excluyendo los meses de vacaciones estivales, y en el mismo se han incluido a un total de 30 órganos judiciales de la provincia, con el objetivo de paliar la situación de sobrecarga generada por la pandemia. La novedad con respecto a la primera es la inclusión de 15 juzgados Mixtos de la provincia y la Fiscalía.
De esta forma, la inversión para Córdoba en esta segunda fase es 758.811 euros que sumados con los 611.254 euros de la primera fase suponen un total de casi 1,4 millones en medidas de autorrefuerzo de personal. “Sin duda se trata del mayor plan de choque acometido por la Junta de Andalucía desde que tiene competencias en materia de Justicia, es un despliegue sin precedentes, porque además mantenemos todos los refuerzos ya existentes”, ha indicado el director general de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra.
El director general se ha reunido con el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano; el fiscal jefe, Fernando Sobrón; el secretario coordinador provincial, José Antonio Guerra Moral; y el juez decano, Miguel Ángel Pareja, a quienes ha trasladado todos los detalles del plan. A la reunión también han asistido el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, y el delegado territorial accidental de Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, Ángel Pimentel. Con el mismo objetivo se han citado posteriormente con los colegios profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de la provincia.
La segunda fase del Plan, aprobada por el Consejo de Gobierno, supone una inversión en toda Andalucía de 7,6 millones de euros, que sumados a los 7,2 millones de euros de la primera fase, que se desarrolló entre septiembre y diciembre de 2020, casi alcanza los 15 millones de euros. “El objetivo es paliar la sobrecarga jurisdiccional como consecuencia de la paralización e incremento de asuntos generado por la crisis del COVID-19”, ha indicado el director general de Oficina Judicial y Fiscal. En toda Andalucía son 302 los órganos judiciales beneficiados del mismo.
“La primera fase del plan ha sido todo un éxito y así lo corrobora el informe del secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los informes de los diferentes secretarios coordinadores y así se nos ha hecho llegar por parte de los sindicatos en la Mesa Sectorial de Justicia. Por ese motivo, y tras revisar los datos, creíamos muy necesario continuar con el mismo, y así se comprometió nuestro vicepresidente y consejero de Justicia, Juan Marín”, ha indicado Rodríguez.
Las medidas del plan se aplican no solo a las jurisdicciones de lo Social y lo Mercantil, sino también a los órganos de Primera Instancia, Familia y Penal; y esta fase tiene como novedad con respecto a la primera “la ampliación del número de órganos judiciales, ya que se incluye a los juzgados Mixtos y a la Fiscalía”. Además, “se analizarán de forma periódica los resultados y se adoptarán por parte de la Consejería las modificaciones que se entiendan necesarias para adaptarlo a las necesidades reales, puesto que se trata de un plan vivo”, ha subrayado.
15 juzgados Mixtos y la Fiscalía
De esta forma, se mantienen las medidas en 12 juzgados de Córdoba en cinco de lo Penal, en dos de Primera Instancia, cuatro de lo Social y en el Mercantil. Asimismo, también permanecerá en la Sección Primera Civil de la Audiencia Provincial y en el Registro Civil.
Además, se incluyen ahora en esta segunda fase en 15 juzgados más, en concreto en juzgados de Primera Instancia e Instrucción (en Montoro, Posadas, Lucena, Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo, Puente Genil y Baena); además de la Fiscalía Provincial de Córdoba.
Al igual que el primero, las medidas consistirán en “la prolongación de la jornada laboral de los funcionarios de Justicia, que será remunerada como servicios extraordinarios”. De esta forma, en los órganos judiciales adheridos al Plan de Reactivación se contará con una persona funcionaria de cada uno de los cuerpos: Gestión, Tramitación y Auxilio (3 funcionarios), tres tardes a la semana (lunes, martes y jueves).
“Se ha logrado tramitar mucha documentación pero necesitamos el nombramiento de más jueces para que se puedan celebrar más juicios y agilizar la Justicia. Necesitamos más jueces para que las vistas se puedan celebrar con agilidad y por eso pedimos al Consejo General del Poder Judicial su implicación y también al Ministerio de Justicia”, ha asegurado el director de Justicia Juvenil y Cooperación.
Por su parte, el delegado territorial ha agradecido “el esfuerzo que desde la Consejería se está haciendo para conseguir agilizar la Justicia y prestar un mejor servicio al ciudadano. Tengo que reconocer el compromiso del vicepresidente Juan Marín con Córdoba ya que en total van a ser más de tres millones de euros para nuestra provincia. Este equipo de Gobierno tiene un compromiso férreo con la Justicia y lo estamos cumpliendo”.
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