La Junta impondrá la evaluación de sus políticas por ley para la “mejora continua”

La secretaria general de Regeneración explica a la AIReF la norma que el Gobierno del cambio llevará al Parlamento cumpliendo un mandato recogido en el Estatuto desde 2007
Andalucía, 20/11/2020

La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia durante su participación telemática en el seminario de AIRef

La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Nuria Gómez, ha explicado hoy a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIRef, el Proyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas que la Junta llevará al Parlamento en 2021, “cumpliendo un mandato que se incluyó en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007” y que hasta ahora no se ha desarrollado.

Gómez ha participado en el Seminario “AIReF-CCAA. Supervisión fiscal y evaluación de políticas públicas” organizado de manera virtual por el organismo independiente de control fiscal, en el que junto, a responsables homólogos de la Junta de Castilla y León y la Generalitat de Cataluña, ha expuesto la experiencia del Ejecutivo andaluz en la materia.

Gómez ha destacado que “en Andalucía no estamos en un punto inicial” en lo que a evaluación de las políticas públicas que desarrolla el Ejecutivo se refiere, ya que tanto Hacienda como el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP) ya han desarrollado evaluaciones de resultados de algunos de los planes estratégicos y políticas sectoriales implementados por el actual Gobierno andaluz, como la Estrategia minera de Andalucía, además de formar a los trabajadores de la Administración en cómo llevar a cabo esa evaluación. “De hecho, próximamente, el 3 de diciembre, el IAAP organizará las IV Jornadas de Evaluación de Políticas Públicas, centradas en la necesidad de innovación en tiempos de crisis”, ha anunciado.

No obstante, el objetivo es institucionalizar que las políticas públicas sean sometidas a control para ver si cumplen con los objetivos para los que se desarrollan, imponiendo su evaluación por ley, tal y como recoge “el artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que incluyó este mandato en la reforma de 2007 indicando además que en esa evaluación se tenga en cuenta la participación ciudadana”.

En respuesta a ese mandato estatutario, la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Consejería que dirige Juan Marín está trabajando en un Anteproyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas que se prevé llevar al Parlamento andaluz en 2021.

Para Gómez, contar con esta ley, pionera en España, supondrá “regular el ciclo de la política desde el diseño, la prestación y la evaluación, permitiendo la mejora continua tanto en impacto social como en eficiencia y eficacia”.

“De forma complementaria, el Anteproyecto de Ley incluye contar con un sistema de información en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, donde se proyecta crear un centro de seguro de datos”, ha señalado la secretaria general durante su intervención. Actualmente, el Gobierno andaluz recaba datos de expertos y los sectores afectados por cada una de las políticas que va a implementar en aras de una “mejor planificación estratégica”, si bien este sistema permitirá contar con permanentes “servicios, herramientas e información para la toma de decisiones”.

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