El impulso a la modernización del sistema judicial en Andalucía, avanzando en su transformación digital, en la mejora de las infraestructuras judiciales y también en recursos humanos; la aprobación de la Ley de Medidas Violencia de Género y el anteproyecto de ley de Justicia Juvenil son algunos de las actuaciones que han marcado el primer año de gestión de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar.
La titular andaluza de Justicia e Interior ha hecho balance en comisión parlamentaria de las medidas puestas en marcha en sus 14 meses de trabajo al frente de la Consejería, en los que se han aprobado una ley, dos anteproyectos, seis decretos y 13 órdenes.
Aguilar ha señalado que su departamento ha trabajado en todo momento sobre la base del “diálogo, la cooperación y la colaboración institucional” con el resto de actores en los 12 ámbitos de competencia que abarca su departamento, con cuatro grandes áreas: Justicia, Interior, Políticas Migratorias y Violencia de Género.
En lo que respecta a la Administración de Justicia, se ha avanzado en transformación digital, se han impulsado las infraestructuras judiciales, con avances para la construcción de nuevas sedes y la mejora de otras, y se han reforzado los recursos humanos. Asimismo, se han puesto en marcha los proyectos piloto para la creación de oficinas Fiscal y Judicial, y se han dado “pasos firmes” para garantizar la justicia gratuita, mientras que en Justicia Juvenil se ha elaborado el anteproyecto de Ley de esta área, que ahora comienza su trámite de audiencia.
Con el fin de mejorar la digitalización del sistema judicial, el expediente judicial electrónico está ya implantado en todos los órganos judiciales de Andalucía y se le han incorporado nuevas funcionalidades que “han mejorado sustancialmente el trabajo” como la integración de los expedientes administrativos o el envío de comunicaciones entre juzgados. Asimismo, se ha implementado el ‘expediente digital’, que organiza los documentos del expediente judicial y permite envíos entre juzgados. Junto a estas mejoras, se han destinado 19,8 millones para crear el nuevo sistema de gestión procesal Adriano con el que dar “un salto cualitativo en la Administración de Justicia”. La consejera ha anunciado además que a partir de septiembre la posibilidad de que los ciudadanos presenten escritos, algo que ya es posible en las capitales de provincia y Jerez, se extenderá a todos los partidos judiciales.
Otro avance ha sido la generalización del programa LexNeT de notificaciones electrónicas a institutos de Medicina Legal, universidades, centros sanitarios y penitenciarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para comunicaciones con el sistema judicial.
En cuanto al equipamiento tecnológico, todas las salas de Andalucía están ya equipadas con dispositivos de videoconferencias, y se han adquirido 4.702 equipos informáticos (entre PCs, portátiles y pantallas).
La modernización del sistema judicial andaluz también ha conllevado la puesta en marcha de un plan de choque para reducir la pendencia y cuatro proyectos piloto para la implantación de las oficinas Fiscal y Judicial, los primeros en Sevilla y Dos Hermanas y los segundos en Vélez-Málaga y El Ejido, con el fin de extenderlos al resto de Andalucía.
En el ámbito de los recursos humanos la consejera ha destacado el incremento de los refuerzos en 60 personas, pasando de 185 a las 245 actuales, de las que 46 están prestando servicio en los juzgados que tramitan cláusulas suelo, doble que en 2017. Se ha agilizado asimismo la cobertura de bajas, reduciendo los tiempos a la mitad, hasta llegar al mes y medio de media y cubriendo también las del personal de refuerzo. Y en los municipios costeros de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería, se ha duplicado el personal en los meses de julio y agosto en los juzgados de guardia.
Asimismo, se han creado 152 nuevos puestos de trabajo y se han destinado 2,6 millones de euros para los 18 nuevos órganos judiciales que “conseguimos” que el Ministerio de Justicia autorizara, de los que 13 entraron en funcionamiento y el resto lo harán el 30 de noviembre, conforme al calendario del Gobierno. Además, tras el verano se prevé la activación del sistema de guardias de 24 horas en Córdoba.
Mejora en sedes judiciales
En cuanto a las infraestructuras judiciales, Aguilar ha destacado algunas de las actuaciones realizadas, así como la elaboración de un diagnóstico de situación a raíz del cual se trabaja en un Plan de Infraestructuras."Hemos abierto una etapa nueva en materia de infraestructuras judiciales y hemos dado importantes pasos adelante", ha asegurado.
En concreto, la titular de Justicia ha detallado las actuaciones relacionadas con las ciudades de la justicia, con la puesta en funcionamiento de la de Córdoba y la firma de un protocolo del Ayuntamiento de Cádiz para destinar parte de los antiguos depósitos de Tabacalera como sede judicial, por lo que ahora la Consejería está avanzando en los trabajos previos a la redacción del proyecto. En el complejo judicial Caleta de Granada se han ejecutado diversas obras y se ha terminado la redacción del proyecto para poner en funcionamiento las plantas sexta, séptima y octava.
En Jaén se trabaja con el Ayuntamiento en la búsqueda de un espacio para albergar la Ciudad de la Justicia, y mientras tanto se están realizando obras de mejora en la Audiencia y licitando una nueva ubicación para tres juzgados. Por último, en Sevilla también se trabaja con el Consistorio para buscar “la mejor ubicación”.
Respecto al resto de infraestructuras judiciales de Andalucía, se han realizado obras de importancia en las sedes de Huércal Overa, Lebrija y Algeciras y se prevén crear nuevas sedes en 16 localidades (Ayamonte, Jerez, Torremolinos, San Roque, Marbella, Lucena, Almuñécar, Estepa, Estepona, Marchena, Órgiva, Fuengirola, El Puerto de Santa María, Barbate, Sanlúcar La Mayor y Torrox), destacando la de Lucena, donde ya se está licitando el proyecto.
El esfuerzo inversor se refleja asimismo en el Plan Extraordinario de Obras Menores, cuya dotación se multiplica, pasando de 30 actuaciones por importe de 600.000 euros en 2017 a las 271 actuaciones y los 5,4 millones de inversión de 2018, de las que 101 están finalizadas y el resto, en ejecución. A esto se unen los planes de Eficiencia energética, dotado con cinco millones de euros, y de Eliminación de barreras arquitectónicas, que ha duplicado su dotación este año alcanzando los 700.000 euros.
En cuanto a la Justicia Gratuita, un área “de especial trascendencia”, se han incrementado tanto la remuneración como el número de guardias, que en el caso del turno de violencia de género serán “todas las sean necesarias”, además de aumentar en mil las destinadas al turno de Extranjería. Asimismo, se ha incrementado de forma lineal la remuneración de todos los módulos del turno de oficio y se han creado otros nuevos. Unos avances adoptados desde el consenso con los consejos andaluces de colegios de Abogados y de Procuradores.
Impulso normativo
Por otro lado, la consejera ha destacado que la aprobación de seis decretos han permitido actuaciones de relevancia como regular la puesta a disposición de los órganos judiciales y fiscalía de peritos, traductores e intérpretes, la constitución del Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía, y fijar un plazo de resolución en los procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, o la aprobación de seis planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes con sustancias peligrosas.
A ellos se sumarán dos nuevas normativas en las que se está trabajando: el de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que según ha anunciado la consejera se aprobará en breve, y el de la futura ventanilla única para víctimas de violencia de género, que está en tramitación, así como las futuras leyes de Coordinación de Policías Locales de Andalucía y de Bienestar Animal.
La consejera también ha desatacado la trascendencia del Anteproyecto de Ley de Justicia Juvenil, con la que se unifican las políticas públicas que lleva a cabo la Junta creando “una red de recursos ajustada al cumplimiento de las medidas”.
Migración y Política Interior
Por lo que respecta a las políticas migratorias, “se ha incrementado el esfuerzo”, duplicando las ayudas públicas a entidades locales y organizaciones sociales que trabajan con población inmigrante, con un total de 2,1 millones de euros en 2018. Además, se ha evaluado el III Plan Integral para la Inmigración y se está trabajando en el IV.
En el ámbito de la política Interior y Emergencias, al margen de la actividad normativa, se ha reactivado el Consejo Andaluz del Fuego y se han más que duplicado los incentivos para el voluntariado de Protección Civil en 2018 (hasta los 400.000 euros).
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