España bate récord de bajas laborales: no es un problema de mala ética del trabajo, sino de déficits de gestión de salud, también psicosocial [LARPSICO]

Las bajas por IT más que se duplican en 10 años

Desde hace varios años la prensa viene cargada de informaciones que enfatizan un grave problema de nuestro mundo del trabajo, con derivas tanto sociales como económicas: las bajas por Incapacidad Temporal (IT) en España crecen, y crecen. En todas ellas, se va evidenciado que España transita de 'récord' en 'récord' y precisamente no es para estar satisfechos. Según tales informaciones (fiables, porque usan datos públicos), en 2024 se constató un total de 8,7 millones de bajas por IT. Un 60% mayor a la registrada el año 2021, duplicando el de 2015. En 2025, la IT volvió a crecer, medido ahora a través del índice de incidencia, se produjeron 53,7 bajas laborales por cada 1.000 personas asalariadas, aumentando más de 2,5 puntos respecto a ese año que ya fue récord, 2024 (151,1 de 2024). Estimado en términos de índice de incidencia el salto es de vértigo: en 2015 fue de 26,5.

Conviene advertir que el proceso no es unívoco según el tipo de relación de trabajo. A la tendencia de incremento en las bajas entre el personal asalariado se contrapone la tendencia a la baja entre personas trabajadoras autónomas. Después de alcanzar su máximo de 40,8 por cada 1.000 personas por cuenta propia en el año 2023, en 2024 fue de 39,8 y en 2025 38,9. Hay una razón económica para ello: sus bases reguladoras son menores, por tanto pierden más ingresos que el personal laboral en situación de IT, además de carecer de mejoras voluntarias. Eso sí, debe advertirse que, en contrapartida, las IT de las personas autónomas duran, de promedio, más del doble que las propias del personal asalariado (105 días y 39 días, respectivamente). Lo que significa que acuden a la IT cuando la situación es notoriamente grave.

Ya se estime que es un problema de 'absentismo laboral', considerado en un sentido amplio, por tanto, poco correcto jurídico-socialmente (no puede ser absentista quien usa de su derecho a una baja, que no se da una persona, sino que exige autorización-control institucional), ya se considere que, en todo caso, representa un alto coste para la seguridad social (más de 18.000 millones de euros al año), lo cierto es que el problema es real y debe preocupar.

Mejor aún, debería ocupar al sistema público y a los interlocutores sociales, alcanzando el debido acuerdo para su corrección o solución, dentro de lo posible o razonable porque hay niveles estructurales de IT que hay que asumir sí o sí, como evidencia la experiencia comparada (en todos los países, sobre todo nórdicos, se han adoptado las medidas necesarias para afrontar el problema, con mayor o menor éxito, con más o menos certeza o corrección técnica y político-social).

La solución debe ser acordada, pero no llegará sin un buen diagnóstico

El problema existe, no es ni artificial ni inventado. Por tanto, existe también la solución. Hay un amplísimo consenso, científico, y creemos que también político-social, en reseñar que no hay una sola causa que explique esta situación, sino que, como todo fenómeno complejo, halla una causalidad multifactorial. Naturalmente, en qué factores, causas o razones se ponga el acento predeterminará, en gran medida, el tipo de solución a diseñar e implementar. Por lo tanto, lo mejor para alcanzar la solución más adecuada razonablemente posible exigirá, de un lado, identificar con la mayor certeza los factores prevalentes, los de mayor incidencia en la situación crítica actual y, de otro, alcanzar un acuerdo lo más compartido posible para que la solución sea transaccional, de equilibrio. 

En este sentido, a nuestro juicio, ni el diagnóstico ni, por tanto, las soluciones propuestas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) (estudio tan extenso como polémico) parecen ser las más adecuadas. En el diagnóstico marcó la siguiente prevalencia causal:

• La "falta de supervisión y seguimiento de los procesos" en un entorno que disocia quién da la baja (sistema autonómico de salud) y sobre quién recae el coste de la IT (empresas y seguridad social, a través de la gestión de Mutuas)
• la evolución normativa 'garantista' y las 'mejoras voluntarias' (elimina el desincentivo económico para la baja, que sí existía en época de crisis -2010 hasta 2014-)
• el “ciclo económico expansivo” (más o menos miedo a perder el empleo); 
• el “aumento de la demanda de atención primaria”; 
• y el “incremento de las listas de espera”.

En este escenario, pone el acento de la solución al problema en corregir el primer factor, la descoordinación, lo que llama la atención, porque ese sistema es el que rige antes de 2015, esto es, cuando el problema no era tan acuciante, así como en la reducción de las mejoras voluntarias, lo que, lógicamente, choca con la posición sindical de raíz. Para la patronal, es común apuntar a un eventual “fraude laboral” (doctrina económica del riesgo moral), hasta el punto de que incluso se habla de un problema de "exceso de estados de bajaciones" (vicepresidente de CEOE). Debe primar, pues, la respuesta económico-reactiva, porque en juego está la competitividad y el coste para el sistema.

No es un problema de pérdida de ética del trabajo, sino de inadecuada respuesta a cuestiones de salud

Estas propuestas terminan traicionando el espíritu inicial del carácter multifactorial de este problema. Si las causas son múltiples y heterogéneas, la solución no puede ser simple y uniforme. Hay que ir a los verdaderos problemas subyacentes y que son:

1. una sanidad saturada que impide atender en tiempo y forma los problemas de salud del personal, retrasando su reincorporación
2. un notable envejecimiento de las plantillas, con bajas más largas que la media
3. una creciente desmotivación de la juventud laboriosa, por su entorno laboral y que se ven más afectada por problemas de salud mental. 

Nada tiene que ver, pues, el problema con una eventual pérdida de ética del trabajo en época de bonanza económica, que se reduciría en época de crisis (aunque siempre haya fraudes en un plano individual, por supuesto, pero no puede hacer categoría ético-social), ni tampoco con la idea de que la juventud es "blanda" ('generación de cristal'), sino con problemas estructurales de asistencia sanitaria, pero también con condiciones de inseguridad y malestar en el trabajo. Por falta de gestión de diversidad de edad, de un lado, y de gestión psicosocial, de otro. Por tanto, una vez más, tras un problema socioeconómico hay cuestiones de salud, pública y laboral.