El colectivo integrado por los funcionarios-interventores de la Junta de Andalucía ha marcado como uno de sus objetivos prioritarios “la evaluación profunda e integral del sector instrumental andaluz, persiguiendo una mayor racionalización del mismo con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de las actuaciones públicas y de priorizar los programas que alcancen los mejores resultados”.
Lo ha subrayado el viceconsejero de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, Jorge Ramírez, en la inauguración de la reunión de coordinación de la Intervención General de la Junta de Andalucía que se celebra en Antequera y que, a continuación, ha presentado la interventora general, María Asunción Peña. Las jornadas, que se celebran los días 4 y 5 de junio, cuentan con la participación de diversos ponentes: funcionarios-interventores de la propia Intervención General y profesionales de otros ámbitos, todos ellos de reconocida trayectoria.
Jorge Ramírez ha recordado que la auditoría encargada por el Consejo de Gobierno a la Intervención General ha sido un instrumento esencial para conseguir “el propósito de racionalización de los entes instrumentales y de otras estructuras administrativas”. En ella se ha realizado un primer diagnóstico sobre la existencia de posibles duplicidades competenciales y sobre el mantenimiento de los fines para los cuales fueron creadas en un núcleo inicial de 12 entidades instrumentales de la Junta de Andalucía.
El viceconsejero también ha hecho referencia al compromiso del Gobierno andaluz con la creación de un cuerpo superior de interventores y auditores que refuerce la especialización y profesionalización de los funcionarios que ocupen los puestos de trabajo destinados al control. En la misma línea, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía tiene el propósito de proponer al Consejo de Gobierno la aprobación del nuevo Reglamento de Intervención cuya tramitación se va a impulsar de forma definitiva para dotar al régimen de control en la Junta de Andalucía de una norma más actual y habilitante que sirva para modernizar las tradicionales modalidades de la función de control.
En las jornadas se tratan otros temas de especial interés y actualidad como la transparencia y la protección de datos personales, así como las implicaciones de las reglas de la competencia en la contratación pública.
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